Escriben: Carlos Trinidad Alvarado y Ernesto Ortiz Del Aguila
La implementación de un Precio al Carbono (PC) es una política que ha obtenido mayor notoriedad en los últimos años a nivel mundial, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mitigar los efectos del cambio climático. Al año 2019, 58 países han incorporado un PC en sus legislaciones o tienen un plazo previsto para su incorporación. Estas iniciativas tienen un impacto de absorción de 11Gt de CO2eq, equivalente a más del 20% de las emisiones globales de GEI y un valor total de recaudación aproximado de $ 44 mil millones de dólares en el 2019 (The World Bank Group, 2019, p.9).
El PC se define como un instrumento que captura los costos externos de los GEI y los vincula a sus fuentes a través de un precio generalmente en forma de un precio sobre el dióxido de carbono (CO2) emitido. Los instrumentos de PC más usados son el Impuesto al Carbono, Mecanismos de Compensación, Financiamiento Climático basado en resultados, y el Sistema de Comercio de Emisiones (cap and trade).
Entre las ventajas de las distintas modalidades del PC, está la capacidad de revelar los costos ambientales e internalizarlos en la estructura de los precios de los combustibles fósiles; incentivar medidas de eficiencia energética; y promover la innovación y un desarrollo tecnológico bajo en carbono. Asimismo, un PC puede alcanzar efectos compensatorios y distributivos, al complementarse con políticas progresivas, como la reducción de impuestos a los salarios o al valor agregado, o financiar programas de acceso rural a fuentes alternativas de energía.
Actualmente, 18 mercados emergentes y economías en desarrollo vienen implementando PC. En el caso de estos países, su implementación puede ser beneficiosa debido a que: (i) alienta políticas distributivas para reducir desigualdad, como la sustitución gradual de impuestos regresivos, (ii) ayuda a reducir los índices de formalidad, al enfocarse a una base tributaria formal, y, sobre todo, al incorporar una señal de precio al uso de la energía en las primeras etapas de la cadena de producción, es más difícil de evadir que los impuestos sobre la renta, (iii) los impuestos al carbono son sencillos de administrar porque utilizan la infraestructura institucional de los impuestos a los combustibles, y (iv) los ingresos por la eliminación de subsidios a los combustibles o la implementación de precios al carbono, generarían ingresos que podrían utilizarse para promover el desarrollo humano (Vargas y Trinidad, 2019, p.11).
En América Latina, los países que han implementado un PC explícito en sus jurisdicciones son: México (2014), Colombia (2017), Chile (2017) y Argentina (2018). Sin embargo, la mayoría de países de la región cuenta con precios negativos a través de diversos subsidios a los combustibles fósiles (The World Bank, Ecofys, and Vivid Economics 2017, citado por Jakob et al., 2018, p. 3).
La implementación de un PC en el Perú presenta varios desafíos y oportunidades. En primer lugar, es importante considerar la composición de las emisiones nacionales, en especial, la preponderancia de aquellas provenientes del sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) por deforestación, que en el año 2016 equivalieron al 51% de las emisiones totales; seguido por la categoría Energía (26%) y Agricultura (15%).
La categoría de Energía, que presenta poco más de un cuarto de las emisiones de GEI, ha tenido una participación constante y creciente, asociada a la mayor demanda en las diferentes actividades económicas del país; principalmente por la quema de combustibles, donde destacan las fuentes móviles (sector transporte con 43.24%) y fuentes fijas (generación de energía con 28.78%) (Trinidad y Ortiz, 2019, p. 275). De estas, más del 80% se refieren a emisiones de CO2.
Es en esta línea que surgen las consideraciones para el desarrollo e implementación de un instrumento como el Precio al Carbono en el Perú, que tenga en cuenta la disminución de emisiones de CO2 en los sectores más representativos como son el transporte y las industrias energéticas, que representan el 20.24% de las emisiones totales de GEI del Perú.
Asimismo, es clave alinear una política de PC con reformas de transición energética que contemple medidas como la remoción de subsidios a los combustibles fósiles, la promoción de sustitutos de oferta energética bajos en carbono y la electromovilidad. Asimismo, se debería resideñar el Impuesto Selectivo al Consumo para prever el destino de los recursos que se generarían a través del PC, con el objetivo de disminuir los problemas de deforestación en la Amazonía y aumentar el control y vigilancia en las áreas protegidas.
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Referencias:
I4CE – Instituto de Economía del Clima con datos del ICAP, Banco Mundial, funcionarios gubernamentales e información pública. (2019) Mapa de precios explícitos al carbono en el mundo en el 2019. Recuperado de: https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/05/i4ce-PrixCarbon-VA.pdf
Jakob, M., Soria, R., Trinidad, C., Edenhofer, O. et al. (2018). Green Fiscal Reform for a Just Energy Transition in Latin American [versión Adobe Reader]. Recuperado de https://bit.ly/30M3lag
World Bank (2019). State and Trends of Carbon Pricing 2019. World Bank Group, p.9. Washington, DC. Recuperado de: http://documents.worldbank.org/curated/en/191801559846379845/State-and-Trends-of-Carbon-Pricing-2019
Vargas., S y Trinidad., C. (2019). Economía, mercados y medio ambiente: algunos alcances preliminares desde América Latina, p.11. Recuperado de: https://spda.org.pe/wpfb-file/economia-mercados-y-medio-ambiente_espanol-pdf/
Trinidad., C. y Ortiz., E. (2019). Precio al Carbono en el Perú: transición energética y justicia climática, p.275. Recuperado de: https://spda.org.pe/wpfb-file/precio-al-carbono-en-al_digital_6nov_2-pdf/
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