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• La primera etapa (2020-2025) busca la implementación de los servicios básicos y minimizar los daños por impactos en la salud y el territorio de comunidades del ámbito petrolero.

Escribe: Segundo Chuquipiondo*

La mañana del 7 febrero del 2020, en la ciudad de Iquitos, Vicente Zeballos, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunciaba que el Gobierno ya se cansó de discursos y necesita más acción ante el abandono del Estado a las comunidades de la Amazonía. Esta afirmación fue bien recibida por los representantes de organizaciones indígenas, así como de gobiernos locales y gobierno regional, quienes esperaban resultados luego de que las comunidades del ámbito petrolero decidieron declararse en paro indefinido desde sus territorios (Plataforma de lucha de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera).

“Este es el resultado de la lucha del pueblo indígena loretano”, declaró el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, en la comunidad de Santa Rita en el distrito de Parinari, donde cientos de manifestantes lo escucharon atentamente la tarde del 8 de febrero del presente año.

Informó, además, que el gobierno regional desembolsaría 500 millones de soles para este este año, que serían distribuidos en 25 municipalidades (que tienen hasta junio de 2020 para presentar sus proyectos sociales validados) del ámbito petrolero como parte del “Plan de Cierre de Brechas”.

El Gobierno nacional debe invertir a lo largo de seis años más de 5 mil millones de soles en las comunidades del ámbito petróleo, S/ 3231 millones estarán dirigidos a obras de infraestructura, S/ 1184 millones a capital humano, S/ 595 millones a obras de conectividad e integración territorial, S/ 162 millones a desarrollo económico, S/ 75 millones a promover el ambiente sostenible y S/ 45 millones al fortalecimiento institucional, según lo informa de manera oficial el sitio web de la PCM.

Según el asesor indígena, José Fachín, el “Plan de Cierre de Brechas”, que se basa en la propuesta alternativa diseñada por los pueblos indígenas desde el espíritu del buen vivir, denominada “Plan postpetróleo”, es una estrategia que pretende invisibilizar la lucha indígena “reduciéndonos a pobres, evadiendo el problema real, es decir, a la violencia de derechos y daños irreversibles que representa para nosotros vivir tomando agua con petróleo y sin atención urgente a nuestra salud. Ellos solo quieren vernos como pobres para promover su discurso político de inclusión y seudoatención a la Amazonía”.

Asimismo, agregó que “los pueblos indígenas no somos pobres, nosotros tenemos muchos recursos, petróleo, bosque, maderas, recursos ictiológicos, etc. La actividad petrolera reportó desde la década de 1970 al 2019 más de 36 mil millones de dólares, aproximadamente, (según Prospectiva económica) de los cuales no se revirtió en proyectos ni servicios básicos en zonas de influencia petrolera. Nada en lo absoluto”.

El Ministerio de Energía y Minas tiene como meta llegar a la producción de 100 mil barriles diarios al 2023, pero lo quiere hacer con las mismas leyes sin resolver la deuda social y ambiental que tiene con las comunidades afectas por el petróleo en Loreto.

¿De dónde vino el resultado?

Transcurrió mucho tiempo para que el Gobierno, mediante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tomara en cuenta la propuesta indígena. Saramuro-Saramurillo, hace cuatro años, fue el lugar desde donde cientos de indígenas quechuas, kukamas, achuar, entre otros pueblos del ámbito petrolero, exigieron una solución ante el mal estado del Oleoducto Norperuano (ONP), que, según continuos informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), tiene serios problemas de corrosión (deterioro) que han ido enfermando a la población con metales pesados en la sangre (informe toxicológico del Ministerio de Salud).

Fue a mediados del 2019, tras una movilización pacífica en estación cinco (Loreto) y el respaldo de todas las comunidades afectadas por el petróleo que la PCM emitió el Decreto Supremo 139-2019, para la elaboración de un diagnóstico de cuánto le costaría al Gobierno nacional responder dichas demandas. Hasta diciembre del 2019, el mencionado diagnóstico no había sido aprobado.

Ante esta situación, los pueblos indígenas decidieron iniciar un paro indefinido (Comunidad nativa de Santa Rita, Parinari, en Loreto) en la cuenca del Marañón, en el mes de enero, que devino en la presentación, mas no aprobación, de lo que ya conocemos como “Plan de Cierre de Brechas”.

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La visión indígena del postpetróleo

La plataforma del circuito petrolero, se puede resumir en dos grandes agendas: hidrocarburos y el plan postpetróleo, este último punto basado en garantizar el financiamiento para los servicios básicos y minimizar los daños irreversibles a la salud y a los territorios indígenas. De alguna forma, hacer que el Estado y la empresa asuman su deuda social y ambiental con los pueblos afectados.

Luego del informe presencial en la comunidad nativa de Santa Rita (8 febrero), los pueblos indígenas expresaron que estarán vigilantes al cumplimiento de los acuerdos con el apoyo directo de sus federaciones como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).

“Nos comprometemos a estar vigilantes y fiscalizar que los acuerdos firmados por la PCM se cumplan. Nosotros tenemos la misión de hacer incidencia, representar y fiscalizar porque creemos en nuestra lucha, porque nuestra lucha es justa”, dijo Lizardo Cauper, presidente de Aidesep. Agregó que la lucha amazónica cuenta con el respaldo de toda la estructura indígena, federaciones, organizaciones regionales, la nacional y la misma Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

En el mismo sentido, Jorge Pérez, presidente de ORPIO, quien se encontraba en la zona junto con los manifestantes, demandó que existen niveles altos de daño en las vidas de la población indígena del ámbito petrolero. “El pueblo ya no soporta más mecidas. Lo que no puede esperar, es la atención en agua potable, seguridad alimentaria, la situación del Oleoducto Norperuano que está en constante deterioro. Las comunidades necesitan atención urgente”, manifestó.

“Aún queda mucho por hacer, esto es solo el inicio”

Daniel Saboya, de la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes (Fepiaurc), dijo a viva voz: “¡Esto recién ha iniciado!”, al referirse a que existe un largo camino para hacer respetar los derechos indígenas a través del cumplimento de los acuerdos tomados hasta hoy.

“La pelota está en nuestra cancha. En este caso la Municipalidad de Parinari tiene que terminar las propuestas de proyectos sociales hasta junio de este año. Como pueblos afectados, debemos fiscalizar y no descansar hasta que veamos cumplidos todos compromisos, sino, no podemos llamarnos dirigentes, porque estaríamos traicionando la lucha que nuestros pueblos han emprendidos desde hace ya varios años”, instó Saboya.

La plataforma de lucha de los pueblos afectados por la actividad petrolera ha coordinado reuniones con las organizaciones indígenas, que asumirán un rol de vital importancia como parte de lo que se conocerá como “Núcleo ejecutor”, una instancia que garantizará la ejecución del presupuesto, compuesto por los gobiernos locales, regional y organizaciones indígenas.

Finalmente, los pueblos indígenas no quieren ser un “obstáculo al desarrollo” como lo expresan abiertamente algunas personas. “Estamos cuestionando la forma como se viene desarrollando la actividad extractiva en nuestros territorios. Esta forma ya no es viable, queremos pensar en más allá del petróleo; es decir, diversificar la matriz energética. En conclusión, el plan post petróleo está basado en el buen vivir”. Explicó en detalle, el asesor de la plataforma, José Fachín.

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*La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.

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