Escribe: Silvana Baldovino / Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

 

Mañana conmemoramos un año más de nuestra Independencia. Cumpliremos nada más y nada menos que 199 años. Lamentablemente no llegaremos al Bicentenario de la manera en la que queríamos llegar, con un país inclusivo, con mejor educación y salud, mayores oportunidades para hombres y mujeres, y más sostenible. La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado fuerte, sobre todo a la Amazonía y especialmente a la población indígena. En Loreto, al 21 de julio, la Dirección Regional de Salud (Diresa) registró 3513 indígenas contagiados y 27 fallecidos. La reacción del Gobierno ha sido lenta y parece que aún estamos lejos de ver resultados.

En nuestros casi 200 años de vida republicana, el país no ha logrado “nivelar” el piso y reconocer en su magnitud el valor de los pueblos indígenas, y con ello nuestros orígenes y raíces. Esto se refleja no solo en la falta de políticas públicas con enfoque intercultural, sino también en la desatención y deudas históricas en temas como provisión de servicios básicos, seguridad jurídica sobre sus territorios y justicia indígena. ¿Cuál es la situación actual de estos temas a un año del Bicentenario?

Empecemos por la salud. De las 2703 comunidades nativas censadas a nivel nacional el año 2017, solo 865 comunidades tienen establecimiento de salud y, de estas, menos del 2% tiene la capacidad de internamiento.

Si bien, en el marco de la emergencia sanitaria se emitieron diversos dispositivos relativos a salud intercultural, aún queda pendiente, en primer lugar, que estos se hagan efectivos y, en segundo lugar, la aprobación de una normativa en salud intercultural que permita atender las deficiencias estructurales más allá de la emergencia.

Esta normativa debe recoger las oportunas propuestas que se han desarrollado desde las organizaciones indígenas, y priorizar una atención permanente basada en criterios de respeto de la identidad cultural.

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El derecho al territorio es otro gran pendiente que ha sido reconocido por el actual Gobierno. En Loreto, queda pendiente titular al menos 461 comunidades nativas. Este trabajo requiere presupuesto, articulación entre los gobiernos nacional y regional con organizaciones indígenas, y decisión política (y mucha). La titulación de territorios indígenas será altamente relevante para el proceso de recuperación, al facilitar temas como al acceso a financiamiento de proyectos, servicios públicos, lucha contra actividades ilegales y otros. El año pasado, el presidente Martín Vizcarra anunció la reducción de esta brecha para el 2021. Sería importante conocer cómo se está atendiendo este tema actualmente y qué planes se están desarrollando para poder llegar a esta meta.

Otro gran pendiente histórico es el acceso a la justicia, pero una justicia con enfoque intercultural. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), aproximadamente 11 500 indígenas han sido encarcelados y, en muchos casos, no tienen una comprensión completa de su situación legal, principalmente debido a la barrera del idioma y las prácticas culturales. Se sabe poco de lo que se está trabajando en esta línea.

Con un Congreso sin ningún representante indígena, la situación es aún más compleja para los pueblos indígenas, porque se reduce la posibilidad de llamar la atención sobre estos y otros temas que deben ser tratados con celeridad si queremos ser un país más justo. Como ciudadanos, no debemos permitir que la pandemia sea un pretexto para evitar atender problemas estructurales que tienen décadas en la espera. Al contrario, debemos hacer que esta situación sea un catalizador para encaminar procesos, generar alianzas y proveer soluciones.

Que este 28 de julio nos sirva para reflexionar sobre los próximos pasos que debemos dar como país. No podemos esperar 200 años más. Loreto, el territorio más extenso de nuestro país y con una gran diversidad cultural y biológica, jugará un rol sumamente relevante en los meses que vienen.

 

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