[OPINIÓN] Obras en Loreto: cuando los efectos llegan antes que las causas

Vista área de la construcción del puente Nanay, Iquitos, Loreto. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental.

Escribe Federico Contreras / Abogado en la oficina descentralizada SPDA Loreto

Hace unos meses el gobernador regional de Loreto manifestó su compromiso con la región para impulsar su interconectividad, generando iniciativas a nivel nacional que permitan priorizar la habilitación de infraestructura vial con el fin de buscar el desarrollo de los pueblos amazónicos, que podrán tener mayor facilidad de acceso a las ciudades para la venta de sus productos, dinamizando la economía y compitiendo con otros mercados.

El Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) tienen priorizadas la ejecución de cinco carreteras que conectan a Iquitos con el norte del Perú, y a ciudades de Loreto con las zonas fronterizas de Colombia y Brasil, siendo una de ellas la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho, que comprende cuatro tramos que comienzan en la avenida la Marina (distrito de Punchana) y concluye en la localidad de San Antonio del Estrecho, zona fronteriza con Colombia.

Actualmente se viene concluyendo el primer tramo, que incluye la construcción del puente Nanay con acceso a la comunidad de Santo Tomás. Posteriormente se ejecutará el segundo tramo, que atravesaría territorio comunal de la comunidad nativa Centro Arenal de la familia etnolingüística Huitoto Muruy.

Es conocido que cuando existe interés en habilitar carreteras o cuando se desarrolla su construcción, llegan problemas para las poblaciones locales o los titulares de derechos que se encuentran cerca del trazo. Estas habilitaciones suelen llegar con factores externos que generan impactos negativos como deforestación, que suele darse a lo largo y en diferentes puntos cercanos a las carreteras; invasiones; tráfico de terrenos; agricultura migratoria, entre otros.

Vista área de un área deforestada en el territorio de la comunidad nativa Centro Arenal de la familia etnolingüística Huitoto Muruy. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental.

Desde el año 2001 se tuvo conocimiento de que el Estado tenía como prioridad conectar a Iquitos con el Putumayo, zona fronteriza con Colombia. El Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo de Perú (Pedicp) desarrolló el expediente técnico para la construcción de la carretera. Así, se empezó a construir una trocha carrozable pues anteriormente esa zona era una vía de acceso. A la zona llegaron foráneos a ocupar algunos espacios de la comunidad nativa Centro Arenal. Con el desarrollo de la construcción del primer tramo, los problemas aumentaron por la invasión del terreno comunal y la deforestación para el sembrío de chacras y la comercialización de madera. Todo esto teniendo en cuenta que la carretera aún no ha llegado a la comunidad ya que todavía se encuentra cruzando el río Nanay.

La comunidad nativa Centro Arenal, de la familia etnolingüística Huitoto Muruy, está titulada desde julio de 1975, con una extensión aproximada de 1 800 hectáreas. Sin embargo, personas del caserío Picuro Yacu, que se encuentra en el Km. 6.5 de la carretera Bellavista–Mazán, se posesionaron al interior del terreno comunal de la comunidad nativa Centro Arenal abarcando un promedio 68 hectáreas, obteniendo además títulos de propiedad y constancias de posesión otorgados por la autoridad agraria. Sin embargo, estos títulos fueron cancelados en Sunarp a solicitud de la comunidad por existir superposición con el título de propiedad de Centro Arenal en mérito a ser más antigua. Desde entonces, siguen llegando al caserío Picuro Yacu personas desde la ciudad de Iquitos y se siguen asentando en territorios de Centro Arenal con permiso de las autoridades del caserío, presumiéndose que el interés reinante es el trazo de la carretera que pasa por la zona.

Actualmente en la zona invadida hay en promedio 50 casas, entre rústicas y de material noble, en gran parte del trazo de la carretera, además de cerca de un centenar de personas instaladas y un problema que afecta a toda la población Huitoto Muruy, quienes han visto invadidos su territorio y sus bosques. Además, se encuentran afectados por la tala de árboles y por el desarrollo de chacras de personas foráneas.

Vista aérea de la zona invadida dentro del territorio de la comunidad nativa Centro Arenal. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental.

Jorge Gatica Rojas, apu de la comunidad nativa, manifestó que el trazo de la carretera que cruza por su comunidad ya les está generando muchos problemas de invasiones y tráfico de tierras porque se está vendiendo el terreno comunal sin autorización de la asamblea. Además, indicó que cuando se empiece a desarrollar el segundo tramo de la carretera, los invasores van a llegar en grandes cantidades ya que el puente de Nanay va a estar terminado y por ahí van a ingresar a invadir el terreno comunal. Estos hechos han sido denunciados ante la Dirección Regional Agraria de Loreto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Fiscalía Penal Corporativa de Maynas y la Policía Nacional del Perú, quienes están realizando denodados esfuerzos para hacer respetar el territorio comunal de Centro Arenal.

El respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas y de su territorio comunal es un derecho fundamental que tiene que ser impulsado por el Estado, como lo establece nuestra Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT. Los órganos competentes como el Ministerio Público y el Poder Judicial deben impartir justicia tomando en cuenta las características del desarrollo de la actividad ilícita, puesto que para los delitos ambientales, el artículo 310-C del Código Penal regula una agravante si el delito es cometido al interior de comunidades nativas. De igual forma, se debe tomar lo regulado para el delito de usurpación. El artículo 204 del mismo código regula la forma agravada de este delito si se usurpan bienes de comunidades nativas. Finalmente, es igualmente un actor clave en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, pues es el órgano encargado de la ejecución de la carretera Bellavista–Mazán y debe tomar en cuenta los mecanismos legales que permiten la participación y protección de los derechos de la comunidad nativa Centro Arenal. Desde la sociedad civil estaremos atentos en el cumplimiento funcional de las autoridades de turno que permita alcanzar justicia ambiental al pueblo Huitoto Muruy.