Por: Jimpson Dávila / Gerente de Conservación Marina del Programa Gobernanza Marina de la SPDA

La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau es una excelente noticia. Hace apenas unos meses, su aprobación era incierta y el panorama poco alentador. Perupetro había declarado que la creación de esta área marina protegida era no viable, enfatizando una línea de argumentación que ya hemos visto en otras oportunidades: la aparente dicotomía entre el desarrollo económico y la conservación.

A pesar de la controversia, tres factores influenciaron en la aprobación unánime del establecimiento del área: políticas ambientales de largo plazo, estabilidad del servicio público en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y una ciudadanía organizada.

Las políticas ambientales a largo plazo son cruciales. Varias administraciones que han dirigido el sector ambiental en la última década han impulsado su aprobación y la han colocado como una prioridad política. Es posible que un cambio en el Ministerio del Ambiente (Minam) respecto a las prioridades en materia de conservación marina hubiera impedido que este resultado se concretara.

La estabilidad del servicio público especializado en el Sernanp también ha sido clave. A pesar de los diversos cambios en el sector es, posiblemente, una de las pocas instituciones en el Estado cuyo equipo técnico y legal se ha mantenido constante. Esto ha permitido conservar la memoria histórica, aprender de experiencias previas en la creación de áreas marinas protegidas y consolidar su conocimiento legal y técnico en cuanto a los ecosistemas marinos. Más aun cuando su mayor experiencia se basa en la gestión de los ecosistemas terrestres y principalmente amazónicos. Estos aspectos, han influenciado, sin lugar a duda, en el resultado.

Una ciudadanía organizada es fundamental para mantener los objetivos de conservación. La Reserva Nacional Mar Tropical de Grau es el resultado del esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pescadores artesanales, operadores turísticos y colectivos de jóvenes que, a pesar de las dificultades, han seguido apostando por la creación de esta reserva. Se han realizado innumerables movilizaciones, pronunciamientos, así como contribuciones legales y técnicas, insistiendo ante las autoridades sobre la necesidad de crear esta área marina protegida. Incluso personas que ya no están con nosotros, como Mónica Alzamora, una de las principales impulsoras de esta área natural, ha dejado su legado y liderazgo ciudadano, arraigado en la memoria colectiva del pueblo pesquero de El Ñuro.

Lecciones y desafíos

Los resultados y lecciones del proceso de establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau deberían ser aprovechados para enfrentar los desafíos que plantea la Meta 30×30; es decir, lograr la protección y gestión efectiva del 30 % de los ecosistemas marinos para el año 2030. Estos desafíos se concentran en diversas áreas de la gestión y las políticas públicas.

Un primer desafío se refiere a la necesidad de comprender que las áreas marinas protegidas (AMP) son una oportunidad para el desarrollo económico del sector pesquero en sus diversos segmentos. Las AMP se crean para proteger los ecosistemas marinos y revertir la pérdida de biodiversidad. Aunque su objetivo principal no es necesariamente incrementar la productividad pesquera, existe evidencia de que estos esquemas de conservación, cuando se gestionan adecuadamente, contribuyen al aumento de los recursos hidrobiológicos. Esto se traduce en un aumento de las poblaciones de peces, los volúmenes de captura, la fecundidad, la exportación de larvas y la presencia de peces de mayor tamaño.

Esto beneficia a la pesca artesanal pero también a la pesca industrial. Las AMP generan un efecto desborde, donde el recurso hidrobiológico aumenta y se desplaza hacia las zonas adyacentes a las áreas protegidas, que pueden ser aprovechadas por la pesca industrial. Un estudio muestra que las pesquerías cercanas a las AMP tuvieron hasta 45 veces más captura por unidad de esfuerzo. Otro estudio revela un incremento del 104% en la productividad de la pesca de dos especies de atún en las zonas adyacentes a la Reserva Marina de Galápagos, Ecuador, después de su creación. Debido a este conjunto de beneficios, las AMP ofrecen ventajas significativas que se pondrían en riesgo con intentos de legalizar y permitir la extracción a mayor escala en dichas áreas de conservación.

Un segundo desafío se refiere al manejo sostenible de las pesquerías en las áreas marinas protegidas. El Plan Maestro de las Áreas Marinas Protegidas podría ser el instrumento que guíe las actividades pesqueras que están legalmente permitidas realizar dentro de estas áreas. Mejoras regulatorias e institucionales deberían permitir que los planes maestros tengan mayor influencia sobre la gestión de las pesquerías dentro de las áreas marinas protegidas, como resultado de un proceso participativo con las partes involucradas.

Esto es aún más urgente cuando iniciativas del Congreso de la República buscan erosionar importantes avances, como eliminar la prohibición de la pesca de arrastre y el uso de las redes de cerco dentro de las primeras cinco millas del mar territorial, reconocidas en la Ley 31749, Ley que reconoce la Pesca Tradicional Ancestral y la Pesca Tradicional Artesanal. La legalización de este despropósito no solo pondría en riesgo la sostenibilidad del ecosistema marino y la economía de la pesca artesanal, sino que también podría permitir un modelo de pesca de alto impacto dentro de las Áreas Marinas Protegidas, como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Un Plan Maestro con condiciones de uso robustas y fortalecidas será fundamental para evitar que modelos como el descrito, se proyecte sobre las Áreas Marinas Protegidas.

Un tercer desafío se refiere al control y la vigilancia en las Áreas Marinas Protegidas. El Plan Maestro Preliminar de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau señala la existencia de pesca ilegal por parte de la flota ecuatoriana en el Banco de Máncora. También existe información sobre la presencia de la flota china realizando pesca ilegal dentro de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

Bajo este escenario, resulta fundamental mejorar la coordinación interinstitucional entre Sernanp, el Ministerio de la Producción y la Dirección General de Capitanías (Dicapi) para prevenir y erradicar la pesca ilegal en las áreas marinas protegidas e involucrar a las organizaciones pesqueras artesanales en la provisión de información y evidencia para que las autoridades actúen, frente a casos de pesca ilegal. Además, es necesario hacer exigible que la flota internacional utilice el Sistema de Seguimiento Satelital de Embarcaciones (Sisesat). Esto contribuirá a mejorar la capacidad de control, ya que las prohibiciones y restricciones serán ineficaces si no se implementa y aplica un sistema robusto de vigilancia. La evidencia indica que la gestión efectiva de las Áreas Marinas Protegidas depende de la capacidad enforcenment, es decir, de la capacidad del Estado de hacer cumplir las reglas que gobiernan la gestión de las Áreas Marinas Protegidas.

Un cuarto desafío se vincula a la importancia de fomentar el desarrollo turístico en las Áreas Marinas Protegidas. En la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, se ha identificado la presencia de especies emblemáticas de la diversidad marina, como la ballena azul, la ballena jorobada, tortugas, delfines, mantarrayas, entre otros. Durante la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas de 2018, se estima que esta actividad generó ingresos anuales de US$3 millones, una cantidad inimaginable hace más de 10 años.

De manera similar, la Reserva Nacional de Paracas, la segunda área natural protegida más visitada en Perú, destaca por el desarrollo turístico impulsado por su rica biodiversidad marina. Los visitantes refieren que su experiencia turística es satisfactoria debida al avistamiento de biodiversidad marina. En ese sentido, las AMP no solo generan beneficios económicos significativos gracias al turismo, sino que también aumentan la conciencia ciudadana sobre la conservación. Es fundamental que esta relación entre desarrollo turístico y conservación se maneje de manera sostenible y no se vea afectada por intervenciones que puedan afectar la biodiversidad marina, de la cual dependen las economías locales.

El quinto desafío se relaciona con la transición energética. Actualmente, los precios de las energías renovables son más competitivos que los de los hidrocarburos fósiles, como el petróleo. De 2009 a 2017, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) organizó cuatro subastas que resultaron en la adjudicación de 64 proyectos de energía renovable con una inversión de US$1.957 millones. En la última subasta, los precios unitarios fueron de 4.8 céntimos por kilovatio hora (USc/kWh) para la energía solar y de 3.8 céntimos por kilovatio hora (USc/kWh) para la energía eólica. Gracias a estas mejoras económicas, el costo promedio de la energía disminuyó un 78% y un 53% en el caso de la energía solar y eólica, respectivamente, en comparación con la primera subasta.

Una transición hacia las energías renovables y una inversión significativa en este tipo de tecnologías permitiría acceder a energía a precios competitivos y también reducir las superposiciones entre actividades de hidrocarburos y ecosistemas marinos prioritarios para la conservación. Esto es especialmente relevante en el contexto de la COP 28 de Dubái, donde los países, entre ellos Perú, acordaron la necesidad de una transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

En suma, las Áreas Marinas Protegidas representan una amplia gama de oportunidades económicas, sociales y ambientales. Sin embargo, también presentan desafíos que, si se abordan adecuadamente, permitirán construir una relación saludable entre la biodiversidad y las economías que dependen de los ecosistemas marinos.