Por Rocío López de la Lama / Investigadora de la Universidad de British Columbia en Canadá

 

Las áreas protegidas privadas (APP) son una herramienta de conservación clave para hacerle frente a las crisis de biodiversidad y cambio climático que estamos viviendo. Pese a que el término de “privadas” no siempre se asocia con comunidades locales o personas no millonarias comprometidas con la naturaleza, este tiende a ser el caso en América del Sur. Mas aún, son herramientas innovadoras al tener una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa que las áreas protegidas por los gobiernos.

Uno de los requisitos principales para el éxito de las APP es su reconocimiento legal. Este reconocimiento les brinda un respaldo jurídico a iniciativas voluntarias en propiedad privada frente a posibles problemas, así como lineamientos generales para su adecuada gestión. Lamentablemente, lo que encontramos en América del Sur para las APP se encuentra bastante lejos del escenario ideal. Esto se da pese a que en la región las APP vienen en aumento desde inicios de la década del 2000, lo que hace incluso más preocupante los vacíos legales aquí encontrados.

Recordemos que América del Sur es una región altamente biodiversa que enfrenta múltiples retos para lograr la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Mas aún, la región viene experimentando un aumento en asesinatos de defensores ambientales desde el 2020 que es sumamente preocupante. Todo esto refleja la prioridad de conocer y entender mejor las iniciativas de conservación voluntaria que se están dando en la región pese a las adversidades existentes.

Es dentro de este contexto que decidimos responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el grado de apoyo gubernamental hacia las APP por parte de sus gobiernos nacionales?, y ¿cuál es el grado de compromiso de los propietarios que crean un APP? Al ser Perú uno de los dos países que permite que comunidades locales e indígenas lideren y manejen sus propias APP, exploramos este país ha profundidad (el otro es Ecuador). Para responder estas preguntas, se procedió a analizar los marcos legales de todos los países de la región y realizar entrevistas con expertos locales en cada país analizado.

De los 12 países que hay en América del Sur, un total de 8 reconocen legalmente a las APP. En general, lo que se entiende por APP es similar entre países: son espacios que buscan la conservación, desarrollo sostenible y recuperación ecológica de ecosistemas degradados. No obstante, los requisitos actuales para su recreación no son los indicados. Todos los países, salvo Perú y Brasil, no requieren de un mínimo de años para darle el reconocimiento legal a las APP. Esto le quita validez al área, ya que no se sabe por cuánto tiempo los esfuerzos de conservación se mantendrán.

De manera similar, solo Brasil tiene claros lineamentos para el tipo de actividades económicas que se pueden realizar dentro del APP. Sin una guía de las actividades permitidas y cómo realizarlas, la mayoría de los propietarios no va a poder implementar practicas sostenibles que busquen darles seguridad financiera a sus iniciativas. Todo esto se da en un contexto bastante pobre de apoyos e incentivos desde los gobiernos, donde en la práctica poco es lo que se ofrece. Nuevamente resalta Brasil, sumado a Colombia, al ofrecer una diversidad de apoyos tanto financieros, legales como técnicos a los propietarios de las APP. La falta de apoyo es preocupante, ya que pese a ello las APP contribuyen con la conservación de manera voluntaria y no significan un costo mayor a los gobiernos nacionales. Esta situación genera dudas en cuanto a la sostenibilidad en el ámbito de las áreas.

En Perú, las APP –llamadas áreas de conservación privada (ACP)– son lideradas tanto por individuos y familias como por comunidades campesinas y nativas. Cuando recién se empezó con el reconocimiento legal de las ACP, las comunidades campesinas lideraron el número de ACP creadas a nivel nacional. No obstante, desde que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) cortó el apoyo estipulado para estas áreas, en el 2013, esto generó que las comunidades dejen de crear áreas y le dio pase a ACP de individuos y familias. Además, hemos identificado que los objetivos de creación y manejo de ACP individuales/familiares son diferentes a las comunales. Mientras las ACP individuales/familiares se enfocan más a la biodiversidad, las comunales tienen un fuerte componente cultural y social.

Todo esto indica que las ACP en Perú necesitan de marcos legales diferenciados según quién las cree y maneje. El tipo de apoyo y responsabilidades que las ACP familiares pueden asumir son distintos al de las comunales. Las ACP familiares tienden a ser áreas pequeñas y creadas por periodos cortos de tiempo, con potencial de fomentar la conectividad entre áreas. Por otro lado, las ACP comunales son bastante grandes (más de 1000 hectáreas) y creadas a perpetuidad, lo que les da un enfoque de conservación a escala de paisaje. Cada una complementa el mosaico de herramientas para la conservación en el Perú y se necesita continuar con su promoción.

En general, se debe una mejora rápida de los marcos legales en América del Sur para que las APP logren el objetivo de ser sitios donde se conserva efectivamente la naturaleza. Sin un compromiso tangible de los gobiernos hacia las APP, su futuro e integridad se ven amenazados. Este es el caso para Perú, donde si bien se ha simplificado el proceso de creación de las ACP, la falta de apoyo y soporte desde el Gobierno crea una situación de vulnerabilidad para aquellas personas que están interesadas en conservar voluntariamente sus tierras.

 

Nota:

• «Una revisión legal de la conservación voluntaria entierras privadas de América del Sur» es un artículo de Rocío López de la Lama, Nathan Bennett, Janette Bulkan, David Boyd y Kai M. A. Chan, publicado en febrero de 2023.

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