Escriben Milagros Mitma y Zamir Narro / Iniciativa de Gobernanza Marina de la SPDA

 

El pasado 22 de marzo, la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) –que se encuentra conformada por cerca de 200 Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS), entre comunidades pesqueras, frentes y federaciones regionales– realizó la Asamblea Nacional Descentralizada en la Caleta de Pucusana, en Lima. Dicha Asamblea tuvo como principal propósito abordar temas como la habilitación de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), la problemática del recurso pota, la posible adhesión de nuestro país a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), la restitución del Ministerio de Pesquería, entre otros.

Como resultado de la Asamblea, se acordó ir a un paro nacional indefinido el día 4 de abril, que regiría desde Tumbes hasta Tacna. Sin embargo, algunos sindicatos y gremios de pescadores artesanales se mostraron en desacuerdo por considerarlo “inoportuno”, dada de la inestabilidad política y la reciente designación del nuevo Ministro de la Producción Daniel Córdova.

El mismo 4 de abril, por la tarde, el ministro Daniel Córdova se reunió con los representantes de la FIUPAP y llegaron a un acuerdo sobre los puntos del pliego de pedidos. Entre estos acuerdos, destaca la instalación de las mesas de trabajo entre el Ministerio de la Producción (Produce) y los pescadores en puntos estratégicos de las macrorregiones norte, centro, sur y oriente, en un plazo no mayor de 30 días; la visita del citado ministro y las autoridades del Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) al DPA de Pucusana, en Lima; y, la publicación del comunicado complementario al Comunicado 020-2018-Sanipes.

 

Los problemas del sector pesquero artesanal

 

1. Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) y el Comunicado 020-2018-Sanipes

Como se sabe, la inhabilitación de los DPA fue un pedido dentro el pliego de reclamos de la FIUPAP. Precisamente, se cuestionaba el Comunicado 020-2018-Sanipes que fue emitido el 8 de marzo del presente año por Sanipes, mediante el cual se dio a conocer la relación de infraestructuras pesqueras para desembarque que se encontrarían autorizadas para la descarga de productos de la pesca con destino a la Unión Europea (UE).

Según manifestó la FIUPAP, el citado comunicado refiere a una lista de desembarcaderos privados aptos para la exportación a la UE, dejando de lado a decenas de DPA. En efecto, en dicha relación aparecen solo algunos desembarcaderos autorizados de Paita y Sechura, en Piura, que pertenecen al sector privado y no se contemplan aquellos desembarcaderos que se encuentran en Lagunillas, Laguna Grande, San Andrés en Pisco; en Chincha; y, Marcona, en Nazca, todas ubicadas en el departamento de Ica.

Ante lo alegado por la FIUPAP, Sanipes informó que “solo hace cumplir las exigencias impartidas por la Unión Europea en materia sanitaria, pesquera y acuícola, de acuerdo a lo establecido en el anexo VI del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Perú, referente al Acuerdo Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”.

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Más allá de la posición del Sanipes, esta relación de DPA aptas tiene asidero en la próxima auditoría que la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG Santé) que la UE llevará a cabo en nuestro país, desde el 30 de abril al 11 de mayo del año en curso, según se anunció en el portal web de Produce. El objetivo de la mencionada auditoría es garantizar la inocuidad de los productos pesqueros que son exportados a la UE, lo cual incluye evaluar el desempeño del Sanipes y la aplicación de la normativa sanitaria, aprobada mediante el Decreto Supremo 040-2001-PE, por los agentes de la cadena productiva de productos de la pesca de todo el país tales como los centros de cultivo de langostinos y trucha, desembarcaderos, puntos de descarga, puertos, embarcaciones, establecimientos industriales y artesanales, almacenes y laboratorios de ensayos. Esto reviste de importancia puesto que de no pasar la citada auditoría de forma satisfactoria, la UE podría cerrar su mercado comercial a nuestro país hasta que se garantice la trazabilidad del recurso en toda la cadena productiva.

El motivo de que la relación solo consigne a unos pocos DPA habilitados obedece a que, hasta la fecha, solo estos son los que cumplen con lo prescrito en el Decreto Supremo 040-2001-PE y que va acorde con la normativa sanitaria de la DG Santé de la UE. Dicha entidad se encargará de verificar el cumplimiento de la norma sanitaria y, en base a ello, emitirá un informe favorable o desfavorable.

En el caso de un informe favorable, puede darse de dos modalidades:

1. Parcial, en el entendido de que de todas las DPA que se han auditado, solo algunas cumplen con la normativa sanitaria exigida por la DG Santé de la UE, siendo que se formularán observaciones sobre las DPA que no cumplen dicha normativa. En ese sentido, las DPA que se observaron no podrán seguir exportando hasta que levanten las mismas y pasen una nueva auditoría. En el caso de las pocas DPA auditadas y que han pasado favorablemente, podrán seguir exportando a la UE.
2. Total, en tanto todas las DPA auditadas cumplen con la normativa sanitaria exigida por la misma, por lo que no tendrán ningún problema en seguir exportando productos a dicha Organización Internacional.

En el caso de un informe desfavorable, se entiende que ninguna de las DPA auditadas han pasado satisfactoriamente la misma y que, asimismo, se encuentran observadas en su totalidad. Se cerrará el mercado comercial de la UE a nuestro país hasta que en una nueva auditoría, la DG Santé emita un informe favorable en cualquiera de sus dos modalidades.

Cabe señalar que la auditoría no es un procedimiento que tiene como fin perjudicar al país sobre el cumplimiento de la normativa, sino que establece el nivel de cumplimiento sobre determinada normativa en el que se encuentra el país auditado y lo ayuda a identificar pequeños focos que deben ser mejorados. Es un procedimiento constante, progresivo y periódico.

De otro lado, se entiende que la relación de los DPA habilitados no es cerrada, sino más bien dinámica y podrá ampliarse de acuerdo al cumplimiento de la normativa sanitaria vigente por parte de los DPA. Es decir, mientras se vayan levantando las observaciones sobre condiciones sanitarias que no cumplen determinados DPA, estos podrán ser habilitados en un futuro cercano e incluidos en dicha relación.

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De lo expuesto en párrafos anteriores, es entendible y hasta aceptable que Sanipes haya habilitado solo los DPA que cumplen la normativa sanitaria exigida por la UE, toda vez que se tiene que velar por el cumplimiento de un compromiso internacional como es el Tratado de Libre Comercio con dicha Organización Internacional y, asimismo, para no perjudicar nuestra imagen como país al pasar la auditoría. No obstante, esto solo es una arista del problema.

El reclamo por parte de los pescadores artesanales sobre la inhabilitación de los DPA no solo se limita en que existen DPA que no forman parte de la relación del Comunicado 020-2018-Sanipes, sino que, además, tiene que ver con la dificultad que les resulta el levantar las observaciones realizadas por incumplimiento de la normativa sanitaria.

A la fecha, varios de los DPA se encuentran inoperativos y se señala, entre otras causas, que se debe principalmente a que el Fondepes ha sido ineficiente en cuanto a la articulación que debe establecer con el Sanipes, invirtiendo fondos en infraestructuras de DPA que no van acorde con la normativa sanitaria y que, por ende, retrasa la habilitación de los mismos. En ese sentido, aunque el acuerdo tomado por Produce y la FIUPAP sobre emitir un comunicado complementario al Comunicado  020-2018-Sanipes no da mayores luces.

Recomendaciones de la SPDA

Desde la Iniciativa de Gobernanza Marina de la SPDA, creemos que es fundamental  brindar apoyo técnico, legal y financiero a los pescadores artesanales con la finalidad de levantar las observaciones realizadas por Sanipes e ir habilitando los DPA, uno por uno, pero también que deberían fijarse unos parámetros mínimos que deben cumplirse en materia sanitaria que permitan que dichos DPA empiecen a operar de manera parcial y progresiva hasta su totalidad. Asimismo, Produce, en coordinación con la Sanipes y el Fondepes, debe invertir y fomentar talleres de fortalecimiento de capacidades en cuanto al tema.

Otro punto que queremos resaltar es que la falta de articulación entre las instituciones competentes no solo se da en el sector pesquero, sino en todos los sectores de este Gobierno, pero en lo que concierne al tema, es necesario que se trabaje un protocolo de coordinación entre el Fondepes y Sanipes que permita que exista retroalimentación entre lo que se necesita en la infraestructura de los DPA, la inversión que se debe realizar y lo que se debe cumplir en normativa sanitaria. Entendemos que, actualmente, el Fondepes es quien está empezando a habilitar operativamente y sanitariamente a los DPA, en coordinación con el Sanipes, a fin de no seguir con la mala práctica que se ha reclamado por los pescadores artesanales. Por lo que, formalizar dicha coordinación a través del protocolo que se propone sería ideal.

Finalmente, nos encontramos a la expectativa del comunicado complementario anunciado y esperamos que el pedido de los pescadores artesanales sea solucionado de la mejor manera, toda vez que de seguir inhabilitados los DPA, esto seguirá generando preocupación por el futuro laboral de dichos pescadores ante la inoperatividad de los DPA y, aún más, no podrán contribuir al ingreso de su canasta familiar. Asimismo, creemos que es plausible que el ministro Daniel Córdova tenga la iniciativa de visitar algunos DPA como el de Pucusana para conocer de primera mano el estado en que se encuentran, así como la concertación de una reunión entre la FIUPAP, el Fondepes y el Imarpe.

 

2. El recurso pota: tope de captura por embarcación y precio refugio

El 28 de febrero del año en curso, se realizó una reunión entre los pescadores, representantes de gremios, comerciantes, armadores y representantes de las empresas exportadoras de recursos hidrobiológicos en el local del Colegio de Ingenieros de Piura, con la finalidad de abordar los problemas que están aconteciendo debido a la sobreproducción del recurso pota.

En dicha reunión, dirigentes pesqueros expusieron que el precio por el kilo de pota “había caído demasiado” –en los últimos días se vendía la pota hasta S/0.50– a diferencia de otros años, y que el mismo no cubría los costos de operación pesquera. Por esa razón, era necesario llegar a un acuerdo para determinar un precio “refugio” que permitiese cubrir esos gastos de operación y que, además, pudiera cubrir un sueldo mínimo que aportase a la canasta familiar de los pescadores. En ese sentido, entre otros puntos, la mayoría de los asistentes a la reunión –ya que la Productora Andina de Congelados S.R.L. (PROANCO) se excluyó del acuerdo– acordó que el precio refugio para solventar los gastos de operación pesquera sería de S/2.00 por kilo de pota en planta; esto regiría mientras durase el período de sobreoferta que se ha experimentado en los últimos meses y que sería la causa de los bajos precios de venta de la pota. Asimismo, el tope de captura por embarcación quedaría en 8 toneladas métricas. Sin embargo, dichos acuerdos no fueron respetados, tanto por parte de algunas empresas como por pescadores.

Por ello, el 2 de marzo, los pescadores poteros anunciaron el inicio de un paro por un espacio de 15 días, el cual se realizaría por todas las OSPAS de Piura, a fin de restablecer el precio de pota fijado. No obstante, no todos los pescadores acataron el mismo.

A la fecha, la sobreproducción y caída del precio del recurso pota sigue perjudicando a los pescadores artesanales, ante la falta de acuerdo total y respeto por el mismo.

Recomendación de la SPDA

Creemos necesario que el ministro de la Producción intervenga, junto con el nuevo viceministro de Pesquería que designe, en este problema a fin de coordinar con los pescadores poteros artesanales y se establezca una regulación referente al límite máximo de captura por embarcación. Asimismo, se continúe con el proceso de formalización de la flota potera artesanal y se otorguen los permisos a los que se encuentren bajo ese marco de formalidad, lo cual tendrá como efecto directo la regulación de la oferta del recurso pota.

 

3. Rechazo a la posible adhesión del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)

En agosto del año pasado, el exviceministro de Pesquería, Héctor Soldi, declaró en una radio local (Ver y escuchar a partir del minuto 13:00 en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=l6uxwU6UUvM ) que estaba a favor de que el Perú se adhiera a la Convemar.

Aunque muchos entendimos que dicha declaración fue una opinión personal del entonces viceministro y no una posición del sector competente, la cual corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) del Ministerio de Defensa, lo cierto es que tuvo eco en el sector pesquero artesanal. Según la FIUPAP, “firmar la Convemar supondría la pérdida de soberanía territorial marítima, ya que solo nos quedaríamos con 12 millas, entre otras consecuencias”.

Recomendación de la SPDA

Al respecto, creemos necesario que tanto el ministro Daniel Córdova, el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y el director general de la Dicapi, se manifiesten al respecto, a fin de informar si el proceso de adhesión se ha iniciado o no.

De haberse iniciado, es recomendable que se establezca un proceso de socialización y capacitación con la comunidad pesquera en torno a las ventajas y desventajas de lo que supondría una eventual adhesión de nuestro país a la Convemar, a fin de evitar conflictos sociales con la citada comunidad.

 

4. Otros temas del sector pesquero artesanal

La FIUPAP ha señalado, entre otros puntos, que la Ley que crea el Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA), Ley 30636, les resulta más costosa y les ofrece menos beneficios, a diferencia del seguro “+ Vida EsSalud” que tiene un costo más accesible y les ofrece mayores beneficios. Por ello, buscan derogar la citada Ley. En este punto creemos que, en base a lo acordado por el Ministro y la FIUPAP para establecer mesas de trabajo en puntos estratégicos de las macrorregiones, será importante realizar una revisión y análisis de la Ley 30636 con el objetivo de atender al pedido de los pescadores.

De otro lado, con relación al pedido de los pescadores sobre la contaminación generada por la industria, fábricas, minería, aguas servidas de las ciudades, así como la explotación petrolera y minera irresponsable que arroja sus desechos y derrames en el mar, creemos necesario articular a los actores competentes como lo son la Dicapi, Produce, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a fin de establecer un protocolo de actuación en casos de contaminación marina. Más aún teniendo en cuenta que nuestro país ha suscrito tratados que versan sobre dicho tema –y que podrían servir de punto de partida– como es el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (Marpol 73/78), Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (2004), etc. Así también, es necesario que se invierta y establezca plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que actualmente es un déficit.

Aunque existen muchos más temas que forman parte de la problemática del sector pesquero artesanal y que serán abordados por esta nueva gestión. Por ahora,  saludamos que el ministro haya tomado cartas en el asunto a tan solo tres días de asumir la cartera de Producción, atendiendo los reclamos de los pescadores con disposición para el diálogo. No obstante, creemos importante también retomar las conversaciones que en su momento se iniciaron por el entonces viceministro Héctor Soldi, teniendo en cuenta el tiempo invertido y las expectativas generadas en el sector. Ya es hora de que el Gobierno le dé mayor prioridad al sector pesquero artesanal por la importancia que tiene en la economía de nuestro país, pero bajo un enfoque sostenible con el cual, no dudamos, todos los actores están comprometidos. Más aún que va en la misma línea de lo manifestado por el ministro Daniel Córdova, quien señaló que “la pesca artesanal será su prioridad”.

 

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