Foto: Dan Collyns
El pasado 10 de diciembre, el congresista Alberto de Belaúnde presentó el Proyecto de Ley 6762/2020-CR, con el fin de brindar un marco de protección a las defensoras y defensores de derechos humanos en el Perú. En este contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) realizó una opinión legal respecto a esta iniciativa.
«La aprobación del proyecto de ley es congruente a los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos y, a su vez, necesaria para consolidar la institucionalidad generada hasta la fecha y eliminar duda alguna sobre los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y las obligaciones del Estado para reconocer, proteger y promover la defensa de estos derechos», detalla el documento de la SPDA.
Asimismo, este instrumento legal sería el primero con rango de ley en reafirmar los compromisos internacionales asumidos por el Estado con la protección de los derechos humanos observando altos estándares.
«Consideramos que el proyecto de ley de forma general se encuentra alineado con nuestras obligaciones internacionales; busca el fortalecimiento institucional para la eficaz promoción, protección y prevención del riesgo que afrontan las personas que defienden los derechos humanos, entre ellos el derecho al medio ambiente sano; y elimina duda alguna sobre qué es defender derechos humanos; las obligaciones que tiene el Estado; y los derechos y límites que existen para el ejercicio del derecho a defender para garantizar nuestro orden democrático», indica el documento legal.
[Ver además ► Presentan proyecto de ley que busca la protección de los defensores ambientales]
Contexto actual
En los últimos 3 años, nuestro país incorporó en la legislación nacional medidas para garantizar la protección del derecho a defender. En el 2018, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que reconoce a los defensores de derechos humanos como un grupo que se debe proteger, asimismo genera obligaciones de crear y gestionar un registro de la situación de riesgo de las personas defensoras. Sin embargo, este registro todavía no ha sido aprobado.
Otro avance hacia su protección se dio en el 2019, con la aprobación del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Este documento se enfoca en establecer acciones, elaboración de procedimientos y medidas de articulación en cuanto a este grupo vulnerable.
A pesar de estos mecanismos, en lo que va del año se han registrado cinco muertes de defensores de derechos humanos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo en abril, fueron asesinados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali), en mayo Gonzalo Pío Flores (Junín), en julio Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas) y en setiembre Roberto Carlos Pacheco Villanueva (Madre de Dios), hijo del defensor ambiental y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Demetrio Pacheco.
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