La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió una opinión legal sobre el proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático (proyecto de ley 1314/2016-PE), presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en abril de este año.

Esta inicativa busca establecer disposiciones generales para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de la gestión ante el cambio climático para cumplir con el Acuerdo de París y otros compromisos internacionales del Estado peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Para desarrollar los principales puntos abordados en la opinión legal, Actualidad Ambiental conversó con Isabel Calle, abogada y Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA.

 

-En la opinión legal, se menciona que el Ministerio del Ambiente debería asumir la rectoría en la gestión del cambio climático. ¿En qué medida la rectoría aportaría más funciones al rol que se le está asignando al Minam en el proyecto de ley Marco sobre Cambio Climático?

-Considero importante que definamos al Minam como la autoridad no solamente competente, sino como el ente rector. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un tema transversal. La naturaleza de los impactos que genera el cambio climático deja con claridad que necesitamos la intervención de diferentes autoridades en el tema de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, trabajo con las comunidades, etc. Necesitamos una autoridad que lidere el tema normativo y esa autoridad es el ente rector de todas las otras autoridades. Creo que nombrar al Minam como ente rector no contradice en nada el trabajo que tiene en un tema tan importante como el cambio climático.

-En el proyecto de ley se asignan tareas a diversas entidades del Estado pero se menciona “sin demandar recursos adicionales al tesoro público”. ¿De dónde provendría el financiamiento para cumplir estas tareas?

-Es importante notar que el Perú tiene compromisos en el marco de la firma del Acuerdo de París y por las contribuciones nacionales que presentó a la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Eso establece que hay metas que se tienen que lograr, la rendición de las contribuciones nacionales son cada 5 años. Es decir, en 5 años se va a revisar a nivel internacional si estas metas se han cumplido y se irá ajustándolas. Considero importante ir más allá de simplemente decir que las autoridades van a poder cumplir esto en el marco del presupuesto que tienen, que es un presupuesto bastante reducido.

A nivel internacional se viene discutiendo bastante sobre el impuesto al carbono. En Colombia hay un impuesto al carbono y la idea es que en el Perú podamos trabajar algo similar, que podamos tener un impuesto a los combustibles con un mayor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y que fruto de este impuesto se pueda crear un fondo que sirva para financiar el trabajo de muchas de estas autoridades públicas que tienen que ejecutar acciones específicas para enfrentar el cambio climático.

A nivel internacional siempre está la posibilidad de acudir al Fondo Verde. El Profonanpe se ha acreditado como una institución que puede canalizar propuestas al Fondo Verde. Pero esto es en el marco internacional y se tiene que seguir un proceso de revisión. A nivel de Perú, el propio país se tiene que comprometer y definitivamente una forma de comprometerse es otorgando presupuesto.

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-En la opinión legal se menciona que las poblaciones vulnerables necesitan ser atendidas con prioridad y que estos grupos deberán ser mencionados expresamente en el proyecto de ley como actores clave.

-Promover la participación ciudadana depende mucho de los sectores y creo que hay esfuerzos interesantes. La Sunass, por ejemplo, ha priorizado mucho el tema de incluir los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos y la adaptación de cambio climático en los planes maestros optimizados de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). En los últimos años hemos visto que muchas EPS, incluida Sedapal, han incorporado esto dentro de su plan maestro optimizado y parte de la tarifa va a un fondo. Ello va a significar que se va a poder ejecutar proyectos de retribución de servicios ecosistémicos pero también de adaptación de cambio climático. Ese es un tema interesante porque hay una acción donde las EPS están promoviendo proyectos donde las comunidades campesinas, poblaciones locales y municipalidades están siendo parte de este proceso de financiamiento y gestionando.

Otra posibilidad es vincular el financiamiento que tiene la EPS a las prioridades del plan de gestión de la cuenca de recursos hídricos. Este consejo de recursos hídricos, que está formado por usuarios agrarios, usuarios no agrarios, universidades, colegios profesionales, etc., también tiene un proceso de discusión y de priorización de proyectos u opciones de lo que hay que hacer en la cuenca. Eso significa también que participa al momento de tomar decisiones y decir: “este proyecto tiene que hacerse, este proyecto no”. Creo que hay un liderazgo muy fuerte de parte de la Sunass y la Autoridad Nacional del Agua tratando de promover estos espacios donde la población puede conocer y participar de la gestión.

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