Escribe Silvana Baldovino / Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

Interculturalidad universal, valorando nuestras raíces como ciudadanos del mundo

Desde que el ultraconservador Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, el 1 de enero de este año, son múltiples los temores a nivel internacional que se han generado por sus controversiales posiciones y sus conocidas declaraciones sobre los pueblos indígenas y su derecho a la tierra, ya que en -sus palabras- estos pueblos y sus reservas son obstáculos al desarrollo y la economía de su país.

Pocas horas después de asumir el mando, Bolsonaro aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, quitándole esta competencia a la  Fundación Nacional del Indio (FUNAI), organismo encargado de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas. Este debilitamiento institucional fue un duro golpe para los pueblos indígenas, sobre todo para la protección de sus territorios.

A través de un mensaje en Twitter, Bolsonaro explicó que los grupos indígenas y las comunidades tradicionales descendían de esclavos que conformaban una mínima parte de la población, y se les había dado el control de áreas que constituían más del 15% del territorio brasileño. “De hecho, menos de un millón de personas habitan en esas regiones aisladas de Brasil y organizaciones no gubernamentales las explotan y manipulan”, escribió Bolsonaro. De ello, podemos interpretar que considera que es demasiada tierra para tan poca gente y, sobre todo, que estos pueblos no tienen este derecho.

Es importante mencionar que los derechos de los pueblos indígenas o indios en Brasil se encuentran reconocidos a nivel constitucional. La Constitución del Brasil de 1988 establece un proceso para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a controlar las áreas que habían sido el hogar de sus ancestros, precisa además que las tierras que ocupan son originarias, es decir, son anteriores a la formación del propio Estado. Esta Constitución buscó reivindicar las vejaciones que se habían dado en este país con los indios de manera histórica.

Ahora bien, según declaraciones de Leila Sílvia Burger Sotto-Maior, antropóloga que trabajó en la FUNAI, el transferir funciones de esta institución al Ministerio de Agricultura es “una clara afrenta a la Constitución^[1]”. En los últimos ocho años, el Gobierno brasileño ha ido despojando de protecciones a las comunidades indígenas mediante el recorte de financiamiento de programas y la priorización de los intereses de las industrias que quieren mayor acceso al Amazonas, explicó Burger.

La lucha por el territorio y sus recursos, la visión de modelos económicos de desarrollo que no incluyen a los pueblos indígenas es ya conocida. Mientras menor sea el nivel de protección de los territorios indígenas, más avanzan las actividades en estas áreas, sean legales o ilegales, como la minería, ganadería, agricultura o tala. Esta situación se presenta tanto en Perú como en Brasil.

Foto: Thomas Müller / SPDA

¿Cómo afecta todo esto a la situación de los pueblos indígenas del Perú?

La protección de los derechos de los pueblos indígenas no debería estar vinculada a la nacionalidad de los integrantes de estos pueblos o su ubicación geográfica. Su protección nos compete a todos. Históricamente, los pueblos indígenas han sufrido marginación, imposición de políticas integracionistas, despojo de sus tierras y de los recursos que en estas se encuentran, incluso etnocidio.

Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más vulnerables, desfavorecidas y marginadas del mundo. Las Naciones Unidas estiman que suman más de 370 millones de personas que viven en unos 90 países. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial y, de acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, constituyen el 15% de los pobres del mundo, y un tercio de los extremadamente pobres[2]. Estos países cuentan con marcos normativos que buscan la protección de sus derechos e incluso se han preocupado por ir mejorándola, acorde con los avances internacionales. Sin embargo, la implementación de este marco normativo y las diferentes tendencias económicas generan constantes avances y retrocesos, como se evidencia en el caso brasilero en los últimos años.

Estos retrocesos o vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de Brasil u otro país, afectan directamente la situación de todos los pueblos indígenas, sin importar el país en el que se encuentren. Es importante mencionar que los pueblos indígenas han logrado sobrevivir a fuertes épocas de colonialismo, evangelización o incluso persecución, manteniendo su identidad, cultura y valor, y durante las últimas décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos sobre los territorios, la libre determinación e incluso sobre los recursos naturales. Cada vez son más leyes nacionales modificadas reconociendo la cultura e importancia para la sociedad de estos pueblos, así como el derecho a sus territorios.

El activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ha crecido y se ha consolidado cada vez más a nivel internacional. Los pueblos indígenas constituyen uno de los ejemplos más plausibles de esos grupos beneficiarios de normas internacionales que han aparecido como nuevos e inesperados actores en la escena internacional. Asignar derechos, protección y garantías a los pueblos indígenas constituye una cuestión digna de ser protegida como patrimonio de toda la sociedad internacional.

“Hablar de derechos de los pueblos indígenas no sería hablar de nacionalismo, sino de salvaguarda de determinados valores que afectan al enriquecimiento general de la humanidad. Valores próximos a lo que se ha venido a denominar como ‘cuarta generación de derechos”[3].

La adopción de instrumentos internacionales como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones Indígenas y la Declaración Interamericana, son ejemplos claros de un marco específico para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el respeto de su identidad y el reconocimiento de su incalculable valor para la humanidad y no para un país especifico, a pesar de su vocación universal pero jurídicamante vinculante de manera específica.

Las medidas adoptadas por el presidente Bolsonaro y sus declaraciones sobre la negativa de no otorgar un centímetro más de territorio a los pueblos indígenas, nos afecta a todos no solo por el valor universal de estos pueblos, sino porque es un retroceso en un camino internacional en la búsqueda de reivindicación de estos pueblos y en la universalización de la protección de sus derechos.

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[1] Recogido de https://www.nytimes.com/es/2019/01/03/bolsonaro-indigenas-amazonas/

[2] Engagement with indigenous peoples policy, International Fund for Agricultural Development, 2009.

[3] PALACIOS ROMEO, F. J. «El proceso normativo internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Evolución jurídica y proyección política». En Nuevos escenarios y nuevos colectivos de los derechos humanos. Conmemoración del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1998, p. 107.