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Valeska Ruiz Peña / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

La igualdad de género forma parte de la agenda para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, esto constituye una meta de los Estados desde el 2016. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, busca que los gobiernos promuevan acciones para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres, hombres y diversidades con el propósito de evadir el estancamiento social que esta última provoca y que afecta de forma diferente en cada uno de estos grupos.

Colocar a la igualdad de género en el ámbito de la conservación del medio ambiente implica promover una búsqueda de la igualdad sustantiva entre todas las personas y su relación con la naturaleza, esto significa generar los medios para que todas las personas en su diversidad accedan a los mismos derechos de disfrutar la naturaleza, generar responsabilidades sobre su cuidado y desarrollar las oportunidades de acceder al bienestar con sostenibilidad, sin dejar de lado la necesidad de establecer acciones afirmativas a favor de las mujeres y diversidades quienes no han tenido las mismas oportunidades para esto, respecto de los hombres.

La ONU ha reiterado que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Es sabido que las leyes y normas sociales, junto con los roles tradicionales de género en relación con el medio ambiente también ocasionan, o pueden generar, brechas para que las mujeres y diversidades accedan y controlen los recursos naturales, participen efectivamente en las decisiones y gestión de estos. Esta realidad persiste a pesar de que las amenazas, las presiones del medio ambiente y sus recursos impactan de forma diferente a las mujeres y son las únicas que pueden evidenciarlo y generar las propuestas para revertir la situación.

El 2020, UICN nos brindó un aporte de información por medio de los resultados de la encuesta GBV-ENV (por sus silgas en inglés). Esta incluyó una serie de relatos de personas trabajadoras por el medio ambiente y desarrollo sostenible quienes afirmaron reconocer que existe violencia de género en diversos ámbitos relacionados con mujeres defensoras de los derechos humanos ambientales, migrantes y refugiados ambientales, crímenes ambientales, tenencia de la tierra y derechos de propiedad, pueblos indígenas, áreas protegidas, cambio climático, energía e infraestructuras, industrias extractivas, agua, reducción del riesgo de desastres, gestión forestal y biodiversidad, así como en el acceso, la utilización y el control de recursos naturales de algún tipo. Esto significa que la violencia basada en género que afecta de manera desproporcional a las mujeres es un obstáculo para la conservación y el desarrollo sostenible, y esta se expresa en: violencia sexual, física o psicológica, a trata de personas, acoso sexual, coerción sexual y hasta violaciones en algunos casos, matrimonios infantiles vinculados a crisis ambientales, entre otros tipos.

El estudio “Promover los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el futuro de la diversidad biológica en el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020” de Mujeres por la Diversidad (2021) reconoce que las mujeres están radicalmente subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones relacionados con la conservación, la acción climática, la gobernanza y administración de la tierra en todos los niveles en los países menos adelantados pese a que son quienes contribuyen de manera significativa en todas las esferas de la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible y la gestión de los recursos naturales.

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Hablar de biodiversidad, conservación, género y promover acción con esta perspectiva es dirigir esfuerzos para implementar acuerdos internacionales. Por ejemplo,  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (UNCBD) establece un plan de acción sobre género con cuatro objetivos estratégicos: integrar una perspectiva de género, promover la igualdad de género, demostrar los beneficios de la incorporación de la perspectiva de género, aumentar la eficacia de la labor que se realiza para aplicar el convenio.  Por su lado, el Sistema Universal de Derechos Humanos por medio de los órganos de los tratados CEDAW, CERD, OIT, entre otros, ha emitido recomendaciones para cinco países amazónicos, incluido el Perú, que parten por el reconocimiento de la existencia de una situación generalizada de discriminación contra los pueblos indígenas especialmente en contra de las mujeres de dichos pueblos y que es aún más evidente cuando se desagrega por derechos, como el acceso a la tierra, territorios y recursos naturales. Frente a esto es indispensable generar mecanismos de acceso a información oportuna, participación política y fortalecimiento de sus capacidades partiendo del reconocimiento de sus saberes (SPDA, 2022). Aquellos aportes van de acuerdo con la agenda promovida desde la  Relatoría Especial sobre derechos de los pueblos indígenas (2016) que transmite la necesidad de cambiar el paradigma de la conservación hacia la conservación basada en derechos, de esta manera corresponde que los Estados, a través de las políticas públicas relacionadas a la conservación, integren a la búsqueda de las justicias social y de género. El 2022, el Relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas recomendó a los Estados “adoptar respuestas nacionales eficaces que incluyan medidas para garantizar los derechos sobre la tierra y aplicar enfoques de conservación que reconozcan la estrecha relación de los pueblos indígenas con la naturaleza y los involucren como administradores del medio ambiente y los recursos naturales” (ONU, 2022), dichas respuestas deben integrar los enfoques que permitan ser adecuadas para las mujeres en su diversidad, es decir el género, generacional, intercultural, entre otros.

La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, adoptada en el 2016, constituye otro instrumento político técnico a disposición de los gobiernos que permitirá dar un salto cualitativo hacia la puesta en marcha y el fortalecimiento de las políticas públicas multidimensionales e integrales para garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres y alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe, este brinda tres categorías para la acción de los Estados: (i) enfoques que guíen las políticas públicas, (ii) reconocimiento de las dimensiones críticas para la igualdad de género y autonomía de las mujeres agrupadas por tipo de derechos y (iii)  ejes para la implementación de las medidas.

El Foro Económico Mundial señaló que, al ritmo relativo actual, las brechas de género pueden cerrarse potencialmente 68,9 años en América Latina y el Caribe (2021); en este plano mantengamos en la mira aquellas medidas relativas al acceso del medio ambiente y la conservación.

Por lo descrito, promover investigaciones, decisiones y políticas que reconozcan los vínculos entre el medio ambiente y la conservación, así como los efectos de sus políticas y sus impactos sobre el bienestar de las personas distinguiendo sus géneros son relevantes para sostenibilidad y resiliencia de la humanidad. Especialmente, porque es una tarea pendiente a favor de las mujeres.