Foto: Diego Pérez/ SPDA

• A pesar de la falta de análisis sobre el impacto negativo en los bosques, pedido de reconsideración que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) será debatido nuevamente

Escribe: José Luis Capella / Director del Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA

Desde el 2022 se encuentra en agenda del Pleno del Congreso una iniciativa que busca debilitar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), lo cual ha generado la preocupación y pronunciamientos de todo nivel, desde los ministerios del Ambiente (Minam) y Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Defensoría del Pueblo, así como organizaciones indígenas y gremios agrarios, hasta de la cooperación internacional y la sociedad civil.  

En principio, el Poder Ejecutivo observó la propuesta del Poder Legislativo al considerar que no constituye una legislación adecuada para la protección de la Amazonía y todo el “ecosistema nacional”; además porque la modificación no fue consultada con las autoridades competentes ni con las organizaciones indígenas.  

Ante esta situación, el Congreso derivó la iniciativa a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), que recomendó su pase al archivo. Sin embargo, al retornarla a la Comisión Agraria, se decidió aprobar el dictamen de insistencia por unanimidad.

El dictamen de insistencia prioriza dos disposiciones controversiales:

1. Suspender los procesos de zonificación forestal (ZF) como requisito para los permisos de uso de suelo (no aplicable para extracción maderera).
2. Los predios privados que no contengan masa boscosa y tengan actividad agropecuaria, y que además cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas con anterioridad a la vigente Ley Forestal (sic), serán exceptuados de la metodología de CTCUM (Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor); sin embargo, deben mantener el 30 % de bosques o compensar con plantaciones dentro y fuera del predio.

De la ley a la realidad

Impulsar el proceso de ZF a lo largo del territorio nacional como una herramienta flexible de toma de decisión para el uso adecuado y sostenible del patrimonio forestal, debe ser adoptado de manera integral por el Ejecutivo pues, según lo indicado por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), a la fecha persiste una brecha del 80.63 % para culminar con este proceso. 

También, mejorar y flexibilizar los procesos de implementación y actualización de las zonificaciones forestales es otra tarea pendiente. Sin embargo, no tiene sentido debilitar su implementación o retirar del proceso a actores que deben colaborar para mejorar su aplicación en la realidad.

Por otro lado, la CTCUM es el proceso que permite, entre otros aspectos, definir en qué áreas se pueden realizar actividades agropecuarias y qué tierras forman parte del patrimonio forestal. Si bien no es la mejor herramienta para tomar una decisión sobre el territorio, es la que existe actualmente. Si se autoriza la “deforestación legal” en títulos o constancia de posesión y se omite la aplicación de esta herramienta, se podrían otorgar derechos sobre tierras donde no se ha determinado la capacidad agrícola, incluso se podría llegar a afectar tierras del patrimonio forestal ha analizado su real estado. Por ello, es necesario realizar cambios que comprendan una adecuada evaluación técnica de las zonas que se pretenden formalizar y ello no está contemplado en la norma.

Finalmente, una reflexión que no debemos pasar por alto es que se debería priorizar la mejora de la implementación de la Ley Forestal existente, en vez de centrarnos en debilitarla con disposiciones que no aseguran alternativas de solución para los agricultores familiares. 

Tenemos una deuda con ellos y ellas para brindarles seguridad jurídica sobre sus actividades productivas y asegurar el manejo sostenible de los recursos naturales, así como generar formalidad para brindarles asistencia técnica, apoyo directo e incentivos económicos para mejorar su calidad de vida.  

Por ejemplo, desde Serfor, con el liderazgo de gobiernos regionales como el de San Martín, y con el apoyo de otras entidades públicas y la cooperación, se viene mejorando la herramienta del contrato de Cesión en Uso en Sistemas Agroforestales (CUSAF), un instrumento que existe en la LFFS para la conservación y, restauración de bosques, así como para la mitigación a los efectos del cambio climático. Esta herramienta, una vez mejorada, puede convertirse en parte de la solución para quienes realmente necesitan una vía legal para sus actividades económicas. 

Enfocarnos en lo importante y lo urgente es una práctica que debemos asumir a todo nivel los que velamos por la conservación de nuestro patrimonio forestal y su gente, pues este binomio debe ser inquebrantable.