Por: Bruno Monteferri / Director de Gobernanza Marina de la SPDA 

• Réplica al artículo de opinión “Nadie sabe para quién trabaja, ¿o sí?”, publicado por Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

 

El miércoles 29 de marzo se aprobó, en primera votación en el Pleno, un dictamen que acumula seis proyectos de ley que actualizan en algunos puntos muy concretos la Ley General de Pesca, una norma que tiene más de 30 años de vigencia desde su aprobación en 1992.

Horas antes del debate, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) publicó un comunicado donde pedía al Congreso reevaluar la propuesta. Estos mensajes calaron con fuerza en la bancada de Fuerza Popular y congresistas como Jorge Montoya, de Renovación Popular. Pese a que la sesión se inició con una cuestión previa por parte de Montoya pidiendo que el dictamen regrese a la Comisión de Producción (pedido que fue rechazado), y que la propuesta fuera aprobada en primera votación con 77 votos, el dictamen será sometido a una segunda votación la próxima semana.

El pasado 31 de marzo, la presidenta de la SNP, Cayetana Aljovín, publicó una opinión en el diario Correo. En un acto de desesperación, como de quien se quedó en puerto viendo alejarse el barco al que quiso subirse, sacó del chaleco de salvavidas la carta que suele ser usada cuando se acaban los argumentos técnicos: que se beneficiaría al vecino país de Chile.

Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) consideramos que la actualización es positiva y necesaria. Existe una serie de correcciones que, sugerimos, deben plantearse una vez que esta propuesta sea aprobada. Estas pueden llegar a ser observaciones técnicas desde el Ejecutivo. Por ejemplo: uno de los proyectos de ley acumulados plantea modificar el Código Penal para despenalizar la captura incidental, sin embargo, este tema ya fue abordado y resuelto con la recientemente aprobada Ley 31673, por lo que ya no sería necesaria su inclusión.

Pero, regresando al debate, son dos puntos que la Sociedad Nacional de Pesquería ha planteado y que vale la pena aclarar.

1. La ley no trae “nada nuevo”, dice Aljovín en su artículo, alegando que la protección de las primeras cinco millas ya existe desde hace 30 años

Efectivamente, contamos en papel y desde hace décadas con cinco millas reservadas para la pesca artesanal y de menor escala. Sin embargo, con esta actualización finalmente se está haciendo una distinción entre la flota artesanal y la de menor escala que, pese a tener un distinto poder de pesca, compiten bajo condiciones desiguales en este mismo espacio.

Hoy, un balsero que pesca con pinta y saca 10 kilos de pescado compite con una embarcación de cerco que saca de 10 a 15 toneladas, incluso en la primera milla de la costa. Frente a ello, de aprobarse la actualización, se establecerían incentivos para que los pescadores que usan artes y métodos selectivos no tengan que competir dentro de las primeras tres millas con quienes utilizan artes de pesca no amigables. Ademas, se permitiría crear «zonas de extracción diferenciadas» en las primeras milas, basadas en las recomendaciones de Imarpe, como sucede en Ecuador y Chile.

Estos son cambios importantísimos de las reglas de juego dentro de las 5 millas para reducir conflictos y mejorar el cuidado de bancos naturales, peñeríos y arrecifes que cumplen un rol clave para mantener las altas tasas de productividad pesquera y biodiversidad en nuestro mar.

La misma SNP se ha manifestado en diversos foros sobre la necesidad de ordenar las primeras cinco millas, por lo que sorprende que no vean lo positivo de estos cambios.

2. La SNP alega que la norma promueve la reducción de multas administrativas en materia pesquera y acuícola hasta en un 50 %

La norma no promueve las reducciones de multas, más bien pone topes a las reducciones de multas administrativas en el sector. En este sentido, establece que las reducciones no puedan ser mayores a 40 %, con la salvedad de un límite de 50 % a las establecidas durante la pandemia. Esto, para evitar que se repita lo que ocurrió con el ‘paquetazo pesquero’ de 2022, a través del cual se aprobaron reducciones de hasta 90 % para multas administrativas impuestas, apeladas e incluso judicializadas en el sector pesca y acuicultura. Es decir, lo que se estaría haciendo es poner un tope basado en el principio de razonabilidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General para reducir la discrecionalidad en el sector, y así no se repita otro ‘paquetazo pesquero’.

Por eso, congresistas y funcionarios del Gobierno, les pedimos que no se dejen confundir.

Tras el maquillaje de los supuestos beneficios a Chile, se pretende bloquear una norma que es positiva. Solo por citar algunos puntos a favor: la distinción entre las clasificaciones de pesca artesanal y de menor escala es fundamental para el ordenamiento pesquero; establecer una pesca selectiva en la primera milla, así como medidas para reducir los conflictos en las primeras tres millas es urgente; también es beneficioso (y necesario para que las prácticas ancestrales no se pierdan) contar con un registro tanto para pescadores artesanales ancestrales como para pescadores que usan caballitos de totora y, finalmente, es altamente positivo para la gestión pesquera que existan puntos de referencia biológicos en los Reglamentos de Ordenamiento Pesquero.

Es falso cuando Aljovín afirma que esta norma no ofrece nada nuevo y que les está impidiendo tener ventanas de penetración en el sur. El ingreso a las cinco millas por embarcaciones de mayor escala no es algo que actualmente se permita. No es cierto que con este cambio se les esté cerrando una puerta que ya estaba abierta: esa puerta ya estaba cerrada hace una década. Además, este tema no se ha discutido en las reuniones de la Comisión de Producción previas al dictamen de estos proyectos de ley. Finalmente, tampoco es algo que se va a considerar durante la segunda votación, pues no es la instancia para ello.

Esperamos que la SNP, que tanto ha pregonado su compromiso con la sostenibilidad, no oculte estos beneficios que son sabidos y deje de comunicar información sesgada que confunde a congresistas. Seguro habrá un espacio para debatir sobre su propuesta que, cada vez que es presentada, genera enfrentamientos. Pero este no es el momento. Lo que está en juego ahora, en esta votación, es una deuda pendiente con miles de artesanales, nuestra biodiversidad marina y nuestra seguridad alimentaria. El Congreso no les debe dar la espalda.

 

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