Foto: Thomas Müller / SPDA

Por Isabel Calle / Directora ejecutiva de la SPDA

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por las Naciones Unidas en 1975. La fecha nos da la oportunidad para reflexionar sobre el rol que tiene la mujer en los espacios para la gestión de la política ambiental, así como en el acceso, uso y control sobre los recursos naturales, y los beneficios que de ellos se obtienen.

En el diseño de la política ambiental es fundamental contar con una participación amplia y responsable de toda la ciudadanía. En este sentido, el derecho a la participación ciudadana nos otorga el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchadas por las autoridades públicas de manera que las opiniones y necesidades en base a las distintas realidades sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones. Por eso, es importante establecer las condiciones necesarias para que haya una participación efectiva de la mujer. Para tener una participación efectiva de las mujeres en espacios de diálogo, se requiere que se generen las condiciones adecuadas, como por ejemplo considerar sus horarios y fomentar el trabajo colaborativo en el hogar. La igualdad de género supone que mujeres y hombres participen de los procesos de toma de decisiones y que se beneficien de este por igual. El objetivo final es lograr la igualdad de género y evitar que se mantenga la desigualdad.

Por otro lado, debemos considerar cómo proteger y fortalecer los derechos de las mujeres para el acceso, uso y el control sobre recursos naturales así como los beneficios para garantizar que todas podamos lograr un bienestar material propio, así como satisfacer las necesidades básicas de familias y comunidades. Si bien es cierto, la ley establece cada vez menos diferencias sobre los derechos a la tierra, por ejemplo, por parte de las mujeres, muchas veces la falta de educación y falta de conocimientos legales constituyen en la práctica una limitación significativa para el goce de este derecho en igualdad de condiciones.

Respecto del derecho al agua, el acceso a este derecho humano es esencial para el goce pleno de la vida y de todos los otros derechos humanos, que ha sido reconocido constitucionalmente por el Perú. Según un estudio, en lo que se refiere al agua de consumo de las familias, las mujeres son las principales gestoras de su consumo: cuando no hay conexión domiciliaria, tanto mujeres como niñas son en su mayoría las que acarrean el agua hasta la vivienda. Sin embargo, la mujer está mayormente fuera de los órganos de gestión; es decir, de 20 roles clave en la gestión del agua a nivel nacional, solo 19 exhiben representación de mujeres; es decir, menos del 35 %.^[1]

En este marco, las autoridades tienen la oportunidad de implementar acciones concretas para la transversalización del enfoque de género en sus políticas y prácticas para la gestión en los distintos ámbitos del Estado. El 2020 debe ser un hito para impulsar  políticas  que consideren la igualdad de género y así alcanzar una real aplicación de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.

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[1] Brechas de género en infraestructura natural