Escribe: Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA

 

En la actualidad, la riqueza natural y cultural del país está amenazada por diversas actividades como el narcotráfico, tala indiscriminada, caza, incendios forestales y, por supuesto, la minería ilegal, una actividad que ha mostrado su capacidad de destrucción en las últimas dos décadas. 

En enero de este año, de acuerdo a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 28 % de los encuestados identificó al narcotráfico como la principal actividad económica ilegal que más afecta al país, seguido por la minería ilegal (24 %) y la trata de personas (23 %). Estas actividades involucran una serie de actos criminales que afectan no solo a nuestros ecosistemas sino también a personas. 

En el 2002 se aprobó la Ley de Promoción y Formalización de la pequeña minería y minería artesanal (Ley 27651) y su reglamento, una norma que tenía como objetivo establecer un marco que permita una adecuada regulación de estas actividades artesanales, promoviendo la formalización, promoción y desarrollo adecuado de la misma. Sin embargo, no se logró esta formalización.

Para enfrentar este problema, el Estado emitió una serie de decretos legislativos en el 2011, con el fin de erradicar esta actividad y la criminalidad asociada. En el 2012, con el Decreto Legislativo 1105 se dio un paso importante, porque se estableció medidas para el proceso de formalización y se diferenció a la minería informal de la ilegal. Asimismo, se estableció una serie de medidas enfocadas a que en el 2014 se culmine el proceso de formalización. En esta ocasión, tampoco se logró el objetivo. 

Al 2024, el Gobierno -con iniciativa del Congreso- sigue extendiendo los procesos de formalización, lo que permite que hoy podamos ser testigos de la expansión de la minería ilegal en casi todas las regiones, sobre todo amazónicas. La zona más golpeada es Madre de Dios, reconocida como la “Capital de la Biodiversidad” del país, donde los bosques que antes eran vírgenes ahora lucen un paisaje lunar.  

Es cierto que la minería ilegal en el Perú es un problema social complejo que no solo tiene que ver con la proliferación de mafias o la inacción de las autoridades, sino también con la falta de oportunidades laborales, la pobreza, entre otros, pero su avance también ha tenido como principal responsable a la falta de voluntad política del Ejecutivo y el Congreso de la República. Las prórrogas para el proceso de formalización muchas ocasiones han entorpecido el trabajo de la Fiscalía, ha generado impunidad y ha beneficiado a los ilegales. 

Hoy existen varios proyectos de ley en el Congreso de la República que buscan seguir ampliando dicho plazo de formalización, y ello permite que muchos mineros se sigan escudando en este interminable proceso para continuar depredando los ecosistemas en absoluta impunidad. 

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¿Qué hacer?

Para la lucha contra la minería ilegal se requiere la intervención conjunta de distintos sectores. Es claro que se requiere un trabajo conjunto entre distintos sectores como Producción, Midagri, MEF, Sunat, Poder Judicial y Ministerio Público a fin de lograr con éxito la formalización y erradicación de la minería ilegal. ¿Quién debería liderar esta lucha contra la destrucción de nuestra biodiversidad? 

El Minam es el primer llamado a esta tarea porque debería asumir el liderazgo, tal como se hizo en su momento (2011 al 2016). La necesidad de incluir a otros sectores (Salud, Midis, MIMP, gobiernos regionales, entre otros) es evidente, considerando sobre todo los problemas sociales que atrae esta actividad extractiva. Pero no se logrará resultado alguno si es que no existe el presupuesto adecuado que ayude a mantener la continuidad de las acciones.

En el  2019 se implementó el Operativo Mercurio, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y la zona clave a recuperar fue “La Pampa”, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El operativo fue un esfuerzo multisectorial que incluía una serie de acciones para salvaguardar a los más afectados, y también para promover la formalización minera. Al principio se logró erradicar, hasta en un 90 %, a gran parte de los mineros que operaban en La Pampa, pero estos se dispersaron hacia otras zonas. Con la llegada del COVID-19, el operativo perdió fuerza, aunque hubo una extensión de esta iniciativa, y se llamó “Plan Restauración”, el cual abarcaba además a provincias de Cusco y Puno, zonas aledañas a los focos mineros de Madre de Dios. 

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Es preciso resaltar que del 2019 al 2023, el presupuesto anual para los operativos se redujo de 1 millón de soles a menos de la mitad. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía, el programa presupuestal “Reducción de la minería ilegal” alcanzó en el 2019 un presupuesto máximo de solo S/ 119 millones en términos reales, lo que era equivalente al 0.81% del total del presupuesto para orden y seguridad nacional de ese año; sin embargo, en el 2024 se proyectó incluso un porcentaje menor (0.49 %). Así, entre el 2019 y 2024, el presupuesto real se habría reducido en 26 %. Es decir, la estrategia de erradicación de la minería ilegal que en su momento fue exitosa (2019), dejó de ser priorizada y ha sufrido una drástica reducción de presupuesto, lo que obviamente genera dudas sobre la posibilidad de cumplir con los objetivos trazados.

A estos esfuerzos se debe destacar la tarea que ha realizado la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), un brazo del Ministerio Público que también ha sufrido recortes presupuestales. En marzo de 2023, por ejemplo, la Fema de Madre de Dios señaló que solo había dos fiscales para atender este problema de gran magnitud. 

Si bien, hace algunos años, la minería ilegal era considerado como amenaza, hoy ya es una realidad, y medida que demoramos en hacer algo al respecto, estamos permitiendo la aparición de más zonas como “La Pampa”, y estamos dejando a su suerte miles de hectáreas de vida, y poniendo en riesgo a más defensores ambientales que fueron asesinados porque se atrevieron a ponerse al frente para defender lo que es de todos los peruanos.