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Escribe Marc Dourojeanni* / Profesor Emérito de la Universidad Agraria La Molina
No hay día sin que nos abrumen las noticias que denuncian desastres ambientales y sociales provocados por la minería en la Amazonía. No hay ningún ciudadano, en el Perú, que no esté consciente de la tragedia en curso. Pero las respuestas del Gobierno son siempre débiles y, peor, suelen ser contradictorias ya que sin mucho disimulo apoya la minería ilegal que dice combatir. Por eso, desde hace dos décadas o más, el problema crece geométricamente. Y, como para burlarse del pueblo, el actual Gobierno nombró como ministra de Energía y Minas a una persona que ha practicado el mismo tipo de minería que se denuncia y que su sector debería combatir.
Ya es tiempo de terminar con los juegos de palabras, como es pretender que informal es diferente de ilegal. También hay que dejar de hacer mapas coloridos queriendo creer que se respetarán sus líneas, brindar plazos y más plazos y otros plazos para la “formalización”, o de publicitar acciones de fuerza esporádicas que, aunque caras y esforzadas, no resuelven casi nada y que, en cambio, a veces sacrifican a algunos luchadores heroicos. Nada funcionará si el Gobierno de turno continúa haciendo, por detrás de la cortina de humo, todo lo que puede para favorecer tanto la minería ilegal como la que se dice que es legal.
Explosión de intereses mineros
Dos hechos recientes hacen más urgente hablar de este asunto. El primero, casi anecdótico, es el ya referido nombramiento como ministra de sector a una persona que, bajo cualquier parámetro, no es idónea para el cargo. El otro, mucho más grave, es el ya denunciado hecho de que apenas entre el 14 y el 18 de noviembre de 2019, una sola empresa, la Sociedad Minera Vicus, presentó 358 petitorios mineros en la Amazonía peruana[i]. Ciento ocho de esos petitorios están en Amazonas y 106 en Loreto. En total, se ha detectado 539 petitorios efectuados en la Amazonía, desde que el Gobierno anterior reabrió el registro de “mineros informales”. Es decir, hay una aceleración sin precedentes de “petitorios”, término que reemplaza a los antiguos denuncios mineros y que, en teoría, otorga a sus titulares solamente el derecho de explorar[2] pero que, en la práctica, les posibilita explotar. Y, eso, claro no incluye los mineros “informales” que ni disimulan presentando petitorios. Quien escribe no tiene idea de cuál es el motivo de esa explosión de petitorios. Se puede suponer que están entrando nuevos actores muy ambiciosos. Pero, sea lo que sea, es muy sospechoso y peligroso.
Los petitorios presentados abarcan 460 mil hectáreas en su mayor parte áreas boscosas, de las cuales un 12% se superpone a territorios indígenas, en algunos casos hasta cubrir prácticamente la totalidad de su superficie. Apenas para dar una idea de su significado, esa extensión es más del cuádruplo del área minera en Madre de Dios. En teoría, para iniciar la explotación, se debe obtener la concesión. Sin embargo, la legislación vigente impone plazos ridículamente breves para que la autoridad minera, el INGEMMET, emita los dictámenes técnicos, por lo que estos se hacen apenas en gabinete, o sea, sin ninguna evidencia de la realidad en el terreno[3]. Esto brinda gran ventaja a los que hacen los petitorios pero no da ninguna oportunidad a oponerse a ellas. El problema de fondo es que la legislación minera peruana es radicalmente favorable a la minería determinando que, excepto cuando hay superposición con áreas protegidas nacionales, entre otras pocas áreas, la explotación minera tiene una prioridad tan absoluta cuanto absurda.
Foto: Andina
Minería destructiva y contaminante
Entre los petitorios citados arriba hay 43 en el distrito de Kosñipata, valle de ingreso al Parque Nacional del Manu. Estos rodean y afectan a la Comunidad Campesina de Queros, donde con apoyo del gobierno regional, el pueblo está creando una importante área de conservación regional[ii]. Además, como ampliamente discutido todo ese estrecho valle está cubierto de bosques que, en términos técnicos, son evidentemente de protección; es decir, deben ser protegidos en aplicación del más puro sentido común[iii]. Destruirlos afectará gravemente la estabilidad de las laderas empinadas, aumentará la erosión e impactará directamente en las vías de comunicación y en la calidad y disponibilidad del agua, sin mencionar el daño irreparable a la diversidad biológica y a los paisajes naturales que son la base del turismo local[iv]. Y debe añadirse la contaminación y otros impactos sociales y ambientales. Además, hay petitorios en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri. ¿Cómo es posible que el INGEMMET pueda irrogarse el derecho supremo e incontestado de otorgar tierras y bosques como esos a la minería “legal”? ¿Qué clase de criterios puede permitir tremendo atropello que compromete el futuro de toda una región apenas para que algunos foráneos se hagan más ricos destruyendo todo? Y lo más irónico es que otro brazo del mismo INGEMMET hace estudios y mapas que prevén los riesgos geológicos de cada rincón del territorio. O sea que conoce perfectamente el riesgo, pero acepta petitorios y otorga concesiones en esos mismos lugares peligrosos.
Todo lo mencionado hasta ahora se refiere a lo que pretende ser minería legal. Sin embargo, a eso debe sumarse que nadie pide permiso al INGEMMET para ocupar ilegalmente decenas de miles de hectáreas de bosques ribereños o de laderas para practicar minería “informal”[v]. A este punto es preciso insistir en el hecho de que, en la realidad del campo, no hay ninguna diferencia en cuanto a impactos ambientales y sociales de la pequeña minería legal y de la minería ilegal o informal. El daño que hacen es exactamente el mismo. La principal diferencia entre ellas es que las primeras tienen “documentos” y ocupan áreas “autorizadas”. Y, como dicho, lo supuestamente legal tampoco lo es debido a que en su mayoría explotan en base a petitorios y no a concesiones y, en cualquier caso, no toman ninguna precaución ambiental o social.
Minería promovida y sin control
Esas formas de minería corren desbocadas, casi sin control y con el inequívoco apoyo del sector público. Por un lado, con gran pompa se anuncian periódicamente acciones discretas e inversiones modestas, para combatir la minería ilegal[vi] pero, del otro, se invierten millones y más millones para facilitarla. En efecto, la producción de oro y otros metales de origen ilegal, en lugar de ser decomisada y rematada, es adquirida y “legalizada” o “blanqueada” mediante diversos canales tolerados por el propio Estado, que incluye ese oro como parte de las estadísticas nacionales[vii]. El Gobierno no hace absolutamente nada para hostigar mediante sus mecanismos de control financiero a los patrones mineros, que financian y compran equipos y maquinarias con millones de dólares cuyo origen siempre es dudoso, muchas veces el narcotráfico. Ni consigue hacer que esa actividad económica pague impuestos. Tampoco, a pesar de la creación de OSINERGMIN, hace control efectivo de insumos como combustible, mercurio y arsénico, entre otros de uso casi exclusivo de esas modalidades de minería. Obviamente, no hace respetar a esos patrones ninguna legislación laboral o sobre seguridad en el trabajo, ni tampoco es serio en el control de efectos colaterales como la prostitución y el trabajo infantil o salud pública. Ni hablar de restauración de pasivos ambientales, aunque las normas y las técnicas están disponibles. Tampoco se ha avanzado en la opción de ayudar los trabajadores mineros a organizarse, por ejemplo, en cooperativas mineras para así formalizarse. En realidad, aparte de que algunos estamentos muestran buena voluntad y de unas pocas iniciativas válidas[viii], que se han concentrado en Madre de Dios, se insiste en discursos, declaraciones, eventos, planes y mapas[ix]. Lo más concreto han sido las operaciones policiales y militares, en general discontinuas[4]. Pero, fuera de eso, este Gobierno como los anteriores no hace nada consistente. Peor, si posible, construye, mejora y mantiene las carreteras que esos mismos mineros exigen para expandir sus actividades, como es el caso de la que ahora se está construyendo hasta la localidad de Boca Manu, exponiendo a la Reserva Comunal Amarakaeri y al Parque Nacional del Manu. Pero ese es solo un ejemplo. Casi todos los pedidos de carreteras nuevas en la Amazonía tienen, por detrás, intereses mineros que se suman a los madereros y ganaderos.
Esas formas de minería, que no respetan nada, existen porque algunos ganan mucho dinero con ella. Y es fruto, claro, de la existencia de decenas de miles de pobres que creen no tener o que, de hecho, no tienen alternativa a esa forma de ganarse la vida. Y, por eso, se enganchan, casi en la condición de esclavos, al servicio de esos “empresarios”. La inmensa mayoría de esos pobres trabajadores salen de la minería tan miserables como cuando entraron y, frecuentemente, gravemente enfermos o lisiados. Enfrentar la minería implica, como en el caso de los cultivos ilícitos, combatir la pobreza rural brindando alternativas. Y estas existen, sin duda, inclusive en la propia minería bien hecha, pero esencialmente en la agricultura en la Sierra, de donde se origina el flujo migratorio y, obviamente, también en la Selva. Pero eso requiere un cambio de actitud en los gobiernos que, en lugar de favorecer hipócritamente las actividades ilícitas, deberían invertir en brindar asistencia técnica y financiera a la agricultura e, inclusive, a una minería artesanal organizada y ambientalmente aceptable.
Foto: SPDA
Una legislación minera abusiva
El problema de fondo es la actitud de los gobiernos, respaldada desde tiempos coloniales por la legislación minera, de otorgar prioridad irrestricta a la minería por sobre toda otra consideración económica, social o ambiental. Esa actividad, cuya necesidad e importancia para el desarrollo no se discute, pasa por encima de todas las demás que son tan o más necesarias, como la agricultura, la pesquería o el turismo y, también, se antepone a necesidades fundamentales para la vida, como el ciclo hidrológico y la calidad del agua, la conservación de los suelos, la calidad del aire y la diversidad biológica. Todo, absolutamente todo en el Perú, debe someterse a una minería insaciable e irracional. Es, entonces, urgente, urgentísimo revisarla esa legislación de rabo a cabo y adecuarla a una visión sensata o equilibrada del desarrollo nacional.
El presidente Vizcarra ha anunciado la formación de una comisión de alto nivel que, según dicho por el mandatario, propondrá cambios en el 30% o 60% de la Ley de Minería vigente[x]. Cabe, pues, alguna esperanza de que los cambios arriba señalados hayan sido o sean abordados y, quizá, resueltos. La comisión tiene varios miembros competentes y respetados y se puede esperar un resultado que avance en el camino cierto. En el caso contrario, será necesario insistir y seguir insistiendo, por el futuro de los peruanos afectados, este año como todos, por desastres provocados por la minería anárquica, irresponsable o, simplemente, criminal.
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*La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.
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