• «No es posible comparar el fuego que se le escapa en la quema de rastrojo a un agricultor, con el fuego provocado por aquellos actores de economías delictivas para ampliar frontera agrícola a costa de tierras forestales o de protección». 

Escrito por: Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA

 

La coyuntura de las últimas semanas, con incendios forestales en todo el Perú, vuelve a poner en la palestra y de alguna forma, estigmatizar a los pequeños agricultores, agricultores familiares o titulares de parcelas agropecuarias o agroforestales, como los causantes (en especial en la Amazonía) de los incendios. Inclusive se ha llegado a señalar como “prácticas ancestrales” conductas de roce y quema, que han sido estudiadas desde diferente ángulos [1][2] y que responden a características multicausales. 

Las quemas pueden considerarse prácticas ancestrales que provienen desde antes de la llegada de los españoles. Estas han sido registradas posteriormente por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala en la región andina pero también en la selva de nuestro país [3]. 

No obstante, esto no puede ser un argumento para enfocar toda la culpa a aquellos que realizan dichas prácticas. No se puede sobresimplificar y buscar al culpable en el más vulnerable, dejando de lado razones más complejas y en donde el Estado tiene mucho de responsabilidad, así como las economías delictivas del tráfico de tierras también. Como ejemplo, se tiene que los incendios devastadores ocurridos en Brasil en 2019 no correspondían solo a una dinámica de quema por parte de comunidades y pueblos tradicionales (Aguiar, Perez y Pereira, 2020).

El Perú viene tratando de desacoplar sus prácticas agropecuarias y de otras actividades de la deforestación y degradación forestal. Un hito importante lo trajo la Estrategia Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (ENCBMCC) del 2016, en donde se establecieron un conjunto de elementos importantes para comprender mejor el problema. Pero también, en dicho documento, se identificó como problema central a aquella deforestación producida en parcelas menores a cinco hectáreas, las cual se atribuyó a la agricultura migratoria o agricultura de pequeña escala. 

Esta afirmación ha sido contestada por estudios posteriores [4], en el sentido de que, el tamaño de la deforestación solo es un elemento dentro de muchos otros que influyen en la dinámica de pérdida de bosque, como el trabajo de campo o el análisis de los actores involucrados. Pero, además, las zonas que se han quemado se trata de zonas del país con características diferentes entre sí. No es posible comparar el fuego que se le escapa en la quema de rastrojo a un agricultor, con el fuego provocado por aquellos actores de economías delictivas para ampliar frontera agrícola a costa de tierras forestales o de protección. Ambas circunstancias existen y deben ser enfrentadas de diferente forma.

Para el caso de los recientes incendios, consideramos que existen, más allá de los provocadores materiales de los incendios, condiciones determinantes para que las quemas se produzcan, como son:

• Condiciones ambientales, en donde se suma una extensa sequía, falta de precipitación, con unas temperaturas altas que provocan una condición ideal para que el fuego se salga del control, que son importantes de evaluar también considerando los efectos actuales y futuros del cambio climático.
• Ausencia de planificación en la prevención y ataque oportuno de los incendios forestales, y de todo tipo de ecosistemas terrestres, como es el caso de pajonales, bofedales, páramos, entre otros. Brilla por su ausencia un Plan de Control Nacional que establezca articulaciones y competencias claras para la mitigación, dotado de presupuesto para el uso de equipos de manera rápida y eficiente. Cabe indicar que, el Plan Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos de incendios forestales a cargo de Serfor terminó en 2022.
• Coordinación interinstitucional efectiva y liderazgo (Rectoría) clara desde la administración pública en el nivel nacional y subnacional del país. Ello, a fin de que se manejen los incendios de manera realmente coordinada y con equipamiento adecuado. Es clave establecer un nivel de articulación entre las autoridades y sistemas competentes, como el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
• Manejo del fuego. En Perú está prohibido cualquier uso del fuego y no contamos con una política clara para enseñar a usar el fuego correctamente, prohibir su uso (pero de manera efectiva) en donde corresponda, desincentivar prácticas y enseñar el correcto uso de quemas para la práctica agrícola o alternativas para la preparación de terrenos.
• Rescate a la fauna silvestre. Resulta prioritario que el Estado establezca bajo su propia administración y conducción, centros de rescate públicos que puedan brindar una respuesta rápida en emergencias como estas. Asimismo, es importante implementar figuras como las de guardafaunas, para canalizar correctamente todo el apoyo en rescate y recuperación que se realiza en estas situaciones por parte de la ciudadanía y especialistas.
• ¿Qué viene después? Finalmente, es necesario planificar cómo se recuperarán las zonas, usando aquellos medios y políticas con las que ya cuenta el Estado en materia de restauración. Perú cuenta con una Estrategia de Restauración hasta el 2030, la cual resulta fundamental implementar efectivamente con presupuesto asignado. Entristece ver cómo las personas y familias afectadas por estos incendios están pidiendo apoyo de todo tipo y no cuentan con un camino claro desde el Estado para saber qué posibilidades hay para recuperar sus áreas. Asimismo, es importante promover alternativas a la modificación de la Ley Forestal a fin de evitar su uso para fines perversos vinculados a la deforestación y degradación de los bosques.
• Monitoreo efectivo para que las áreas destruidas no sean utilizadas para traficar tierras, nuevas aperturas de áreas agropecuarias utilizando ventanas de interpretación legal y precedentes nefastos como los de la Disposición Complementaria Final de la Ley 31973, la cual debe ser derogada.

Como se puede apreciar, hay mucha tela que cortar que no pasa por estigmatizar a las familias de agricultores. Se trata, entonces, de pensar cómo realmente evitar que las condiciones actuales no permanezcan año tras año, y que cambie algo ahora y para bien en adelante. También se trata de no empeorar la situación con precedentes que se nos pueden salir de las manos por ser reflejo de buscar soluciones improvisadas, que no terminan siendo realmente una solución.

 

 

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Referencias:

1.  Reyes, M. y Robiglio, V. (2022). ¿Cómo ocurren y quiénes son los agentes detrás de los procesos de deforestación en la Amazonía peruana? Un análisis participativo multiactor en las regiones de San Martín y Madre de Dios. En: SEPIA XIX. Perú: El problema agrario en debate. Lima: SEPIA. Disponible en: https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xix-madre-de-dios/ 

2. Robiglio, V.; Reyes, M.; Makui, P. (2021). DriveNet: una metodología para el análisis participativo de las causas y mecanismos causales de la deforestación y cambio de uso. Disponible en: https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/21074/ 

3. Hofmann, Rudolf; Carlos Ponce y Kai Otte. 1973. Registro de dos nuevas especies de mamíferos para el Perú, Odocoileus dichotomus (Illiger, 1811)

4. Ravikumar, A.; Sears, R.; Cronkleton, P.; Menton, M. y Pérez Ojeda del Arco, M. (2016). ¿Es la agricultura de pequeña escala realmente el impulsor principal de la deforestación en la Amazonía peruana? Más allá de la narrativa predominante. Disponible en: https://cgspace.cgiar.org/items/d2aa2214-bff6-46c2-947a-b6a8fe8345de