[Opinión] Impactos ambientales de la pandemia en el Perú

lunes 8 de junio, 2020

La deforestación por pequeños agricultores y grandes empresas estaría aumentando durante pandemia. Foto: Marc Dourojeanni

Escribe Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Agraria La Molina

La pandemia causada por el coronavirus COVID-19, además de mucho sufrimiento y muerte, está provocando terribles estragos sociales y económicos, como es bien conocido. Pero, asimismo, está siendo la causa indirecta de gravísimos problemas ambientales que, como los socioeconómicos, deberán perdurar por mucho tiempo. Este virus, que también afecta a algunos animales a través de los cuales llegó a los humanos, no provoca daños irreversibles a esas especies ni, en su conjunto, a la naturaleza o al ambiente. En cambio, la mayoría de las reacciones humanas a la pandemia, ellas sí, están provocando desastres irreversibles. Ocurre que, para la sociedad peruana, toda crisis es una oportunidad y esta, en que todo el esfuerzo de los gobiernos está concentrado en hacer obedecer las medidas impuestas para controlar la pandemia, ha brindado una oportunidad única para los muchos que no tienen respeto a las normas ni al COVID-19. Ahora hacen, con tranquilidad e impunidad, lo que ya venían haciendo con ciertos límites.

Es verdad que algunos impactos ambientales de esta pandemia son positivos. En el caso de las grandes ciudades como Lima, estos han sido reiteradamente festejados y anunciados como lecciones a aplicar para un futuro mejor. Entre ellos se cita mucho el aire más limpio[i] y la reducción del ruido por la menor circulación vehicular y menor consumo de hidrocarburos y, por tanto, disminución de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera; se festeja la rápida recuperación por la fauna silvestre de los espacios como playas, mar costero y hasta de parques urbanos[ii] y, asimismo, la disminución aparente de la contaminación de ríos y mar por reducción del despejo de parte de los residuos en ellos. Todas, evidentemente, son ganancias efímeras, rápidamente reversibles al statu quo apenas concluyan las medidas restrictivas y la vida vuelva a ser como antes. Pero, quizá, una consecuencia concreta de esas percepciones sea el futuro incremento del uso de las bicicletas y, ojalá, más kilómetros de ciclovías en las ciudades[iii]. Pero, poco se habla sobre las consecuencias negativas de la pandemia que, claro, ya superan largamente las ganancias y que, hasta que esta sea controlada gracias a remedios o vacuna, o sea, posiblemente una decena de meses más, serán muchísimo peores.

La reacción a la pandemia

La autoridad ha reaccionado a la pandemia usando dos estrategias en paralelo: (i) mejorar la atención médico-hospitalar específica para el COVID-19, construyendo hospitales, habilitando y equipando unidades de tratamiento intensivo, cooptando y preparando personal médico, testando medicamentos y procurando inventar una vacuna y; (ii) reducir el número de enfermos que requieren simultáneamente de atención hospitalaria, para adecuar la demanda a la realidad de la oferta de salud pública (a eso se le ha llamado “achatar la curva”) mediante largas cuarentenas, toques de queda, distanciamiento físico, horarios diversos para evitar acumulaciones, definición de “personas de alto riesgo” y, entre otras, prohibición de viajar.

Para hacer cumplir las medidas decretadas, la autoridad está empleando todas sus fuerzas y medios policiales o municipales y hasta militares, así como el personal que hace trabajo de prevención y control en cuestiones aduaneras, agrarias, sanitarias, fitosanitarias o forestales, para hacer cumplir o a apoyar las disposiciones y así limitar la expansión de la pandemia. También están otros funcionarios, inclusive guardaparques o guardas del patrimonio arqueológico, quienes apoyan activamente esas medidas y parte de ellos acata la cuarentena. En todos esos grupos debe añadirse que buena parte del personal es de “alto riesgo”, por edad o condiciones de salud. Es decir, el plantel que, normalmente, estaría haciendo cumplir la legislación a lo largo y ancho del territorio, está reducido y ahora concentrado en las áreas urbanas para intentar hacer obedecer las normas relativas a la pandemia.

Como bien se sabe, en el Perú, en especial la Amazonía, posiblemente tres cuartas partes de la población o más, no obedece a las medidas impuestas por la autoridad con relación a la pandemia a pesar de los esfuerzos de la fuerza pública[iv]. Muchos no las acatan porque, realmente, en un país dominado por la informalidad, no pueden hacerlo y/o porque no conocen o entienden las tales pautas y/o porque, simplemente, no creen en el riesgo anunciado. Y, en las áreas rurales o apartadas de centros urbanos eso es aún más agudo. En consecuencia, en esos lugares la vida sigue como siempre, pero, ahora, sin control de ninguna clase. A eso hay que añadir que, como tantas veces denunciado, la corrupción en la sociedad nacional es sistémica. Es decir, la pandemia brinda una oportunidad excepcionalmente favorable para la realización de toda clase de ilegalidades que, claro, en muchos casos impactan sobre el ambiente.

Durante la cuarentena, desde marzo, se han realizado diversos operativos contra la minería ilegal. Foto: Andina

¿Qué está ocurriendo en el campo?

Se debe comenzar recordando que, en el Perú, no existe un seguimiento serio, documentado, de lo que ocurre en el campo. Menos aún después del estallido de la pandemia. A diferencia del Brasil, donde hay monitoreo oficial intenso, confirmado o discutido por agencias oficiosas, que en su conjunto proveen informaciones día a día sobre, por ejemplo, la deforestación y la invasión a tierras indígenas, las que además son replicadas en todos los diarios, en el Perú no hay nada parecido. Las informaciones nacionales son escasas, escuetas, esporádicas y poco confiables. Pero, lo poco que se llega a saber no es nada alentador. Todas las actividades ilegales han mostrado un repunte notable, tal como está ocurriendo en el Brasil, donde apenas en abril la deforestación aumentó por lo menos en 171% con relación al año anterior[v] y donde en promedio nacional oficial, esta ha aumentado 55% en comparación a la que se produjo en los cinco primeros meses de marzo a mayo del año pasado[vi]. Y lo mismo ocurre en otros países del continente[vii].

Los principales impactos ya constatados incluyen incremento de la deforestación con fines de expansión agropecuaria y, asimismo, por acción de la minería ilegal; aumento de la extracción ilegal de madera, caza de especies en riesgo de extinción tanto para consumo como para tráfico de especímenes valiosos, invasión de áreas naturales protegidas y en especial, de tierras de comunidades indígenas; aumento de ciertas formas de contaminación, como por mercurio así como por arrojo descontrolado de residuos de todo tipo; pesca abusiva y sin control tanto en el mar como los ríos. Muchos de esos impactos, como la deforestación y la extracción ilegal de madera en curso, tendrán consecuencias en el futuro mediato, por ejemplo, con un recrudecimiento de quemas e incendios forestales y, en su conjunto, las consecuencias se harán sentir más a medio y largo plazo.

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La pandemia no ha detenido a los campesinos informales que invaden bosques naturales para hacer agricultura de tipo familiar (la mayoría) ni, mucho menos, a los propietarios que aprovechan la situación para expandir el área dedicada a la producción de café, cacao, palma[viii] y otros cultivos de tipo industrial u, obviamente, a los que hacen plantaciones ilegales como coca, marihuana y amapola. Al contrario, esa situación les ha dado más libertad para actuar. Parte de esa deforestación ocurre, como siempre, en bosques con vocación protectora o en áreas naturales protegidas y tierras indígenas, lejos de controles. No hay duda que cuando se hagan las mediciones independientes correspondientes a 2020 se revelará un nuevo sobresalto de la deforestación que, en 2019 tuvo un ligero descenso, aunque se mantuvo muy cercana a las 150 mil hectáreas por año. Esto implica que la estación seca de 2020 sufrirá un repunte de quemas de material leñoso en las nuevas chacras y campos y, asimismo, probables incendios forestales, dependiendo del clima. Si, como es previsible, la deforestación aumenta, se incrementará igualmente el aporte de CO₂a la atmósfera. Contribuyendo a ese escenario está el hecho de que las carreteras informales, decididas por autoridades locales, continúan siendo abiertas en diversas partes de la Amazonía, en procura de tierras y de madera.

Según Dourojeanni, durante la emergencia nacional también se ha incrementado la construcción de trochas y carreteras ilegales en la Amazonía. Foto: SPDA

Lo señalado para la expansión de la deforestación viene asociado con el aumento de caminos forestales que penetran en los bosques para la extracción de madera. Aunque el control de la saca de madera por las autoridades forestales es siempre muy limitado, ahora es inexistente, brindando condiciones ideales para los madereros[ix]. Esa forma de explotación forestal es una de las principales causas de la degradación forestal.

La minería ilegal ha encontrado una oportunidad sin par con la pandemia y se ha expandido en todas partes. Por ejemplo, en Madre de Dios, ha continuado sin alteración donde antes ocurría[x] y ha invadido áreas nuevas, no lejos de los límites de la Reserva Nacional Tambopata[xi]. En esa región, entre marzo y fines de mayo, ha habido alguna reacción de las autoridades locales, habiéndose producido varias acciones ordenadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, aunque el problema de fondo sigue sin solución. En otras partes del Perú, en estos tiempos de pandemia, no hay ninguna acción contra los mineros ilegales.

La caza para fines de alimentación humana ha aumentado con el pretexto, parcialmente justificado, de que los que la practican no tienen alternativa, pero, también se aprovecha de la situación para la caza con fines de abastecer el tráfico internacional de especies de interés comercial, actividad que suele ir de la mano con el narcotráfico. Y eso no ocurre solo en la Selva. En mayo se registró la matanza de unas 200 vicuñas en el sur de Ayacucho, apenas para beneficiar las pieles o la lana, dejando las carcasas en el campo[xii]. Otro caso se registró en Puerto Culebras, en Áncash, donde las autoridades encontraron, también en mayo, 450 ejemplares de aves guaneras de las especies chuita y guanay sacrificados aparentemente para su uso como alimento[xiii]. Se trataría de una práctica común pero no en las proporciones esta vez detectadas. Ante la falta de control también ha recrudecido la supuesta caza deportiva, habiéndose constatado la matanza de osos de anteojos[xiv], venados y pumas en diversos lugares donde esto no ocurría habitualmente.

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Lo que se registra con la fauna silvestre ocurre, en proporciones tal vez más graves, con la pesca tanto marina como en ríos y cochas amazónicas. Por ejemplo, mientras que los pescadores artesanales de la Costa han sufrido mucho, por restricciones impuestas a la actividad y por reducción de la demanda por sus productos, se habría registrado el ingreso prácticamente sin control de una flota pesquera china, especializada en la captura de potas, o calamares gigantes[xv]. Y no debe ser el único caso. Pero, la reducción del control municipal, pesquero y forestal en los mercados populares de ciudades como Iquitos y Pucallpa ha permitido un incremento en la venta de productos de fauna ilegales, bien sea por ser especies prohibidas o, en el caso del pescado, por no tener el tamaño mínimo permitido.

En términos de contaminación el problema ha continuado sin tregua. Eso en parte porque la minería ilegal ha repuntado y también porque el despejo de residuos de todo tipo se ha hecho con menos limitaciones aprovechando la reducción del control. Sin embargo, otros tipos de desechos se han reducido localmente en función de la menor actividad industrial y de construcción civil. El Ministerio del Ambiente anunció que el reciclaje de desechos urbanos se reactivará de manera gradual y controlada[xvi].

Como anticipado, es evidente que la expansión de la deforestación y de la tala ilegal ha sido en gran parte realizada mediante la invasión de áreas naturales protegidas[xvii], menos intensamente cuidadas por sus guardaparques y en tierras indígenas donde los nativos limitan sus movimientos debido a los riesgos de infección. La importancia de esas acciones se conocerá cuando se retomen las actividades de control y monitoreo normales después de la pandemia. Otro impacto sobre áreas naturales protegidas o sitios arqueológicos es la reducción de las visitas que aporta una parte significativa de sus presupuestos operativos. La pandemia afecta, pues, la calidad de la gestión de esas áreas y la pobreza resultante de la misma aumenta la presión sobre ellas de las poblaciones circundantes, entre otros impactos probables[xviii].

Es digno de mención que el Sernanp ha mantenido en servicio a una parte considerable de sus guardaparques, precisamente para evitar los problemas citados, que eran previstos[xix] y otro tanto han hecho algunas autoridades regionales. Pero sus condiciones de trabajo en el tiempo de emergencia no son las ideales[xx]. Sus jefes y profesionales no están en las áreas y los suministros para ejercer control efectivo no llegan, entre otros problemas.

Ha sido reiteradamente denunciado en los meses de abril y mayo la intensificación del huaqueo en sitios arqueológicos y, en especial, la invasión con maquinaria pesada del parque arqueológico de Caral[xxi]. Las pretensiones de grupos sobre esas tierras, con fines agrícolas, no es reciente, pero sus promotores tuvieron una ocasión propicia para hacerlo debido a la reducción de la vigilancia y a la ausencia de visitantes. Precisamente por eso en el Cusco y especialmente en Machu Picchu se ha constituido un grupo grande de personas, incluyendo arqueólogos y guardaparques, para evitar el recrudecimiento de acciones de huaqueros y de invasores[xxii].

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La tala para fines agrícolas producirá quemas en los próximos meses y, posiblemente, nuevos incendios forestales, advierte el autor. Foto: Marc Dourojeanni

Secuelas o impactos futuros y conclusión

Lo descrito bajo el título anterior se refiere a lo que está ocurriendo en el campo y a lo que puede esperarse suceda hasta el término de las emergencias que responden a la pandemia; es decir, que deberán durar hasta que se descubra y difunda el uso de una vacuna o de remedios efectivos. Se estima que eso tomará un lapso de unos 12 meses a partir de ahora.

Aunque a simple vista la pandemia ha traído algunos beneficios ambientales, como ciudades de aire más limpio y menos ruidosas, estos son poco significativos y destinados a acabar apenas termine la emergencia. En cambio, como hemos visto, la enfermedad ha abierto toda clase de oportunidades a los que violan la ley que, claro, aprovechan la oportunidad brindada por la concentración de la fuerza y de la opinión pública en la salud. Muchas de los impactos de esas acciones ilícitas son irreversibles.

El mayor riesgo que el futuro post pandemia presenta para el ambiente es que el Gobierno y la sociedad dirijan todos sus esfuerzos a la reactivación económica y que no solo concentren recursos públicos en eso, restándolos a tareas de conservación del patrimonio natural y cultural, sino que con ese pretexto ablanden la legislación ambiental. Países como el Brasil y la India ni siquiera esperaron el fin de la pandemia para hacerlo, siendo el caso del primero escandaloso, ya que el propio ministro del Ambiente ha recomendado en sesión del consejo de ministros aprovechar del pánico actual y de la distracción de la prensa para hacerlo[xxiii]. Eso no ha sucedido aún en el Perú, pero ya existen presagios de que pueda ocurrir. Un caso digno de mención ha sido la destitución del jefe del Serfor, hecho conocido precisamente en el Día Mundial del Ambiente (5 de junio)[xxiv], la que estaría vinculada a la preparación de un nuevo reglamento de clasificación de tierras que facilitarán la deforestación.

Es probable que al término de la pandemia la vida retorne a la normalidad previa, aunque muchos afirman que habrá una “nueva normalidad”. Aunque se produzca, la nueva normalidad no dejará de implicar financiamiento muy reducido para la temática ambiental, siempre vista como superflua o postergable, en especial para las áreas protegidas. Además, estas, así como los sitios arqueológicos sufrirán quizá hasta de tres años consecutivos de reducción de las visitas y consecuentemente de sus presupuestos. Como bien se sabe, el turismo es el sector más golpeado por la pandemia y será el que más lentamente se recuperará[xxv]. Además, es de esperar que las donaciones y otros apoyos internacionales para conservar la biodiversidad disminuyan. Si la depresión económica se agrava y dura más que lo previsto, tanto peor será el impacto negativo sobre el ambiente y en especial sobre las áreas protegidas naturales y culturales y sobre las tierras indígenas.

Los optimistas de la “nueva normalidad” imaginan una humanidad consciente de los riesgos de maltratar el ambiente capaz de establecer una relación equilibrada con este. Y, realmente, eso sería la reacción sensata, dadas las evidencias del origen de la presente pandemia[xxvi]. O sea que, construir un mundo en el que la contaminación sea mínima, donde se use energía verdaderamente renovable, se evite la destrucción innecesaria de lo poco que resta de la naturaleza y, en especial, en el que se limite el crecimiento de la población humana, condición sine qua non para alcanzar el tal equilibrio, es lo que se debería esperar, en el medio plazo, como reacción a la pandemia. Pero, eso es pura ilusión. La pandemia y sus cientos de miles de muertos, en su mayoría pobres, esparcidos por todo el planeta, no es una causa suficiente para que la humanidad sienta el golpe y reaccione. Para eso la humanidad necesita de un sacudón mucho más fuerte, algo así como una rápida guerra nuclear mundial o una lenta agonía debida a las múltiples consecuencias del cambio climático, incluida quizá otra pandemia peor que la actual.

[Ver además ► Lago Junín: cinco décadas de descuido | Escribe Marc Dourojeanni]

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