Escribe Katherine Sánchez Lozano
Abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas

A propósito de la adopción del histórico Acuerdo de Escazú, que garantiza la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe, se ha puesto sobre la mesa la situación de riesgo en la que desarrollan sus actividades los defensores de los derechos humanos ambientales, más conocidos como defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú, cuyo texto final aún no ha sido publicado, recogió la preocupación de diversos grupos de la sociedad civil y organizaciones indígenas con relación a la condición de vulnerabilidad de los defensores ambientales. Como respuesta, los países negociadores incluyeron una disposición específica para la protección y defensa de estas personas que realizan un valiente trabajo para el bienestar de todos, esfuerzo que muchas veces no es conocido por los ciudadanos.

¿Quiénes son los defensores ambientales? ¿Por qué es necesaria su protección?

Los defensores ambientales son personas o grupos que ejercen sus propios derechos humanos fundamentales (como la libertad de expresión y reunión o el acceso a la información y a la justicia ambiental) para proteger otro que tiene un fuerte contenido colectivo: el derecho a un medio ambiente sano. Su actividad se encuentra amparada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998.

Tal como lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma extensa en la Opinión Consultiva OC-23/17, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental que tiene una dimensión colectiva, manifestada en el beneficio de todos y una cara individual, que se refleja en las afectaciones que cada persona sufre como consecuencia de la degradación ambiental. Ello, a su vez, repercute en el disfrute de derechos como la vida, la integridad o la salud. Un vínculo sumamente importante.

Pese a la importancia de la labor desarrollada por los defensores ambientales, nuestro país no posee una política clara para su protección. Así, el Acuerdo de Escazú constituye para el Perú un recordatorio de las obligaciones que posee respecto a los defensores de derechos humanos y, además, un llamado urgente a reconocer, proteger y otorgar garantías especiales y específicas para que continúen con su trabajo.  También resulta clave para comprender por qué este es un tema que nos debe interesar a todas y todos.

Pero ¿por qué son necesarias estas medidas de protección específicas?

Sin duda, parte de la respuesta a esta pregunta recae en el estrecho vínculo entre el derecho al medio ambiente sano con otros derechos humanos fundamentales. Pero también existe una segunda variable que debe ser observada: los defensores ambientales suelen encontrarse en situación de desventaja, ya sea porque se enfrentan a actividades ilícitas que emplean medios ilegales o porque tienen como contraparte grandes empresas, lo que implica una posición de desventaja económica.

Basta con dar una rápida mirada a lo que sucede en Madre de Dios para entender la situación a la que día a día se enfrentan los defensores ambientales. La minería ilegal que se desarrolla en esta región ha traído consigo el incremento del índice de criminalidad y, con ello, una clara crisis social que coloca a sus habitantes en una paradoja: continuar con sus actividades regulares o ceder a la ilegalidad que ofrece una rentabilidad económica considerable en la región.

Quienes han optado por vivir del uso sostenible de los bosques y han hecho de la conservación una opción de vida, viven en una situación constante de amenaza. Así ha quedado demostrado con el asesinato de Alfredo Vracko, representante del gremio de reforestadores de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata el 2015, quien denunció a mineros ilegales que venían amenazándolo para que abandone su concesión forestal. No solo no se le brindó la protección que requirió en su momento sino que el proceso de investigación penal por su asesinato aún se encuentra en curso.

Pese al incremento de las actividades ilegales y la ausencia de un mecanismo efectivo de erradicación de las mismas, defensores como Víctor Zambrano o Demetrio Pacheco invierten horas de su tiempo implementando mecanismos para intentar controlar su voraz incremento, fortaleciendo a los grupos a los cuales pertenecen y recordándoles, día a día, que la conservación y uso sostenible de los bosques son las únicas opciones viables que tienen para garantizar que esos mismos recursos puedan ser usados por futuras generaciones. Así, además de velar por sus familias y su subsistencia, han decidido hacer suya una lucha que nos beneficia a todos.

Cada una de estas personas ha sido amenazada de muerte, intimidada, estigmatizada e, incluso, criminalizada. Cada uno de ellos ha denunciado la comisión de ilícitos contra el medio ambiente y ha sufrido los embates de nuestro sistema judicial. Cada uno de ellos ha decidido dar la cara pese a que saben que esa decisión les puede costar la vida y las de sus familias.

Entonces, ¿quién defiende a los defensores ambientales? El Estado es el principal responsable. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú es importante y tiene un impacto regional relevante y valioso al ser vinculante y obligar a países como el Perú a proteger como se debe a los defensores ambientales. Sin embargo, es necesario resaltar que la defensa y reconocimiento del trabajo de los defensores de los derechos humanos ambientales tiene un primer frente: la ciudadanía, que debe exigir su protección efectiva en nuestro país para evitar un mayor perjuicio de aquellos que sufren los efectos de la degradación ambiental.

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