Escribe Fernando Momiy Hada
Director del Proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica”*

 

Era una historia repetida. A inicios del 2007, como Gerente General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), me tocaba visitar algunas Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) que estaban actualizando sus planes de inversión. En varias de ellas el pedido era el mismo: necesidad de recursos para construir una nueva captación de agua porque la que utilizaban cada vez traía menos y estaba por agotarse.

¿Agotarse? ¿Es posible que una fuente de agua se agote o se afecte el abastecimiento en cantidad o calidad a una ciudad al punto de quedar inutilizable para consumo humano? ¿Podía secarse un río, una laguna o un puquial que existía desde que la gente tenía memoria? Lamentablemente era posible. Esto se daba por la actividad productiva de la agricultura migratoria, la ganadería extensiva mal gestionada y cultivos manejados con pobre tecnología agraria[1]. Estas actividades derivaban en la deforestación o quema de vegetación en territorios aledaños a la captación de agua. La ausencia de cobertura vegetal aceleraba los procesos erosivos y de pérdida de la capacidad de retención de agua de los suelos, disminuyendo la capacidad de abastecimiento y regulación hidrológica de las fuentes de agua.

Casos como este llevaban a las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) a buscar nuevas fuentes de agua, con nuevas captaciones cada vez más lejos y con costos cada vez más altos. Pero lo más grave es que dichas inversiones no aseguraban que la nueva fuente no se agotara en un futuro cercano. No desarrollaban ningún incentivo para que los bosques o la vegetación de la siguiente fuente de agua no fuera afectada. O con la que viniera después de esa. La inversión, cualquiera que fuese, no impedía repetir la historia.

La pregunta lógica en ese momento fue: ¿y si en vez de tener que invertir en una nueva captación comenzamos a cuidar la que tenemos? La respuesta al problema no era invertir en más infraestructura en un lugar más alejado sino asegurar la conservación de la fuente actual y el entorno que la mantiene, como las montañas o bosques. Conservar las fuentes de agua era conservar los ecosistemas. Esto, por cierto, no solo por un afán ambientalista; era un asunto económico, ya que resultaba más costo-efectivo proteger la antigua fuente de agua que invertir en una nueva. Entonces, así como se le daba mantenimiento a la infraestructura construida (las represas, las tuberías, las plantas de tratamiento), resultaba evidente que se tenía que incorporar el cuidado de las fuentes de agua dentro de los planes de inversión. Ampliar la visión de la empresa hacia el cuidado de su insumo principal. Considerarlas un “activo” más de la empresa y sobre todo de la ciudad a la cual abastecía.

Por eso cuando nos visitó la EPS Moyobamba y el equipo de la Cooperación Alemana (hoy conocida por sus siglas GIZ) con la propuesta técnica de incorporar un pago para conservar estos territorios, no dudamos en incluirla en el estudio tarifario de dicha EPS: un sol por recibo para Pago por Servicios Ambientales (PSA). Así, el 2007 vio la luz el primer mecanismo piloto de PSA (actualmente conocido como Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos – MRSE) impulsado por SUNASS. Los MRSE son un porcentaje de la tarifa de agua y saneamiento que pagan los usuarios de estos servicios que se destinan a una cuenta cuyo fin exclusivo es la protección y cuidado de las fuentes de agua, reconociendo que los ciudadanos y comunidades aguas arriba pueden recibir una contraprestación por un servicio que dan, el cual debía ser el cuidado de las fuentes de agua, que se puede dar mediante la reforestación, conservación o recuperación de técnicas ancestrales de infiltración de agua. Con este razonamiento, se integró por primera vez al ecosistema productor de agua como un componente esencial de la infraestructura hídrica. Si las represas y los reservorios son la “infraestructura gris” de una Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS), las fuentes de agua, las cuencas, los humedales y los bosques, serían la «infraestructura verde o natural» que complementa a las primeras.

Pasaron algunos años, hasta el 2013, para implementar el segundo Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) (en el emblemático caso de la microcuenca Piuray-Ccorimarca en Cusco). Luego de ello, gracias a la gestión de SUNASS, el apoyo del Ministerio del Ambiente y otras organizaciones de la sociedad civil, se aceleró el proceso. En la actualidad, existen 24 EPS con un porcentaje de la tarifa destinado a MRSE, con un monto total que, hacia el 2021, será de más de 140 millones de soles. Para ese entonces se espera que más de 35 Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) cuenten con tarifas destinadas a inversiones en infraestructura natural. Un avance necesario, aunque insuficiente, en un país donde 17 de sus 24 regiones sufren de estrés hídrico y donde su ciudad capital está entre las 20 ciudades con mayor estrés hídrico del mundo.

Precisamente para apoyar en la mejor implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), así como de otras intervenciones basadas en la naturaleza que aseguren la oferta hídrica en el Perú, se ha lanzado el proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica”. Impulsado por USAID y el Gobierno de Canadá, y con una inversión de 27.5 millones de dólares, este proyecto tiene como objetivo articular esfuerzos, desarrollar las condiciones habilitantes para dinamizar las inversiones y generar evidencias en torno a la infraestructura natural para reducir riesgos hídricos como sequías, inundaciones y contaminación del agua, fortaleciendo el uso sostenible de los ecosistemas.

En el marco de este proyecto, entre el 7 y 9 de noviembre, se realizó la Cumbre Nacional del Agua en Cusco. Esta cita fue una oportunidad de encuentro para los líderes del sector saneamiento en la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) para la seguridad hídrica, donde además se logró el compromiso político e institucional para resaltar la importancia de este mecanismo gracias a la firma de la Declaración de Piuray. Apoyando la sostenibilidad en las labores de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS), así como visibilizando la importancia de la gestión del agua para el desarrollo futuro de las poblaciones y ciudades. Y es que hoy más que nunca es imprescindible cambiar la forma en la que gestionamos el agua y sus ecosistemas, fortaleciendo su conservación y cuidado. Es la única manera de no repetir la historia y darle el valor que se merece a nuestro recurso natural más importante: el agua.

 

* Financiado por el USAID y el Gobierno de Canadá, e implementado por Condesan, SPDA, Ecodecisión, grupo de investigación de Imperial College y Forest Trends como líder del equipo.

[1] Estas causas de la deforestación de los bosques en el país, según la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (MINAM, 2016), han llevado a que -al 2016- se pierdan 1.6 millones de hectáreas en nuestro país.

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