Escribe: Katherine Sánchez / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas – Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

En mayo de este año el presidente de la República entregó títulos de propiedad a 66 comunidades nativas de Loreto, beneficiando a más de ocho mil personas. Sin duda, un paso adelante en la gran meta que se ha planteado el gobierno: cerrar la brecha de titulación de territorios de comunidades nativas de nuestro país para el bicentenario. Con ello, se estaría saldando una gran deuda histórica.

Estando a menos de dos años de esta fecha, debemos preguntarnos cómo cumpliremos este ambicioso y necesario objetivo. Alrededor de 650 comunidades nativas están a la espera de obtener un título de propiedad, más de la mitad se encuentran en Loreto.

En marzo de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó al Gobierno Regional de Loreto (Gore Loreto) las recomendaciones del Informe de Adjuntía “El largo camino hacia la titulación de comunidades campesinas y nativas”. En este documento se resalta que los gobiernos regionales deben realizar esfuerzos para destinar presupuesto específico para cumplir con su función de reconocimiento y titulación de comunidades campesinas y nativas. En el caso de Loreto, dicha institución detectó que los avances en titulación no se habían ejecutado con recursos ordinarios.

Actualmente existen en Loreto tres proyectos de titulación. El más grande de ellos, el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales del Perú (PTRT3) se ejecuta a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo al Estado peruano y los otros dos, con apoyo de la cooperación internacional.  Esta realidad nos obliga a analizar y proponer qué pasos consideramos indispensables para cumplir la meta de titulación planteada para la región.

En primer lugar, es necesario resaltar que incluso un proyecto de la magnitud del PTRT3, el cual es ejecutado por el Ministerio de Agricultura (Minagri), demanda la participación del gobierno regional para el trabajo de gabinete consistente en la validación del trabajo de campo ya que son los competentes para ello. Así, dependemos del gobierno regional para cumplir con la meta del proyecto: titular a más de 200 comunidades de la región.

Por ello, el PTRT3 busca fortalecer al gobierno regional para que pueda atender la alta demanda que este proyecto generará. Demanda que se reflejará, indudablemente, en la necesidad de contar con personal técnico y social especializado, equipos y logística suficiente que le permitan a la autoridad regional dirigir, evaluar y finalizar el procedimiento administrativo y remitir la información necesaria para lograr la ansiada inscripción del título de propiedad en los registros públicos, todo ello garantizando los derechos de los pueblos indígenas.

Pero, en este largo camino y la innumerable lista de tareas que debe ejecutar el gobierno regional, queda pendiente ver el caso de las comunidades nativas que no forman parte de alguno de los proyectos de titulación en marcha. Estas comunidades deberían ser atendidas por la autoridad con el presupuesto ordinario, circunstancia que como señala la Defensoría del Pueblo no condice con la realidad de la región. Así, derivar presupuesto ordinario para esta tarea es una acción necesaria para cumplir con lo prometido a los pueblos indígenas lo que requiere, a su vez, ordenar la casa.

El segundo aspecto es justamente la necesidad de generar una estructura organizativa que permita visualizar con claridad que el presupuesto ordinario esté destinado para la titulación de comunidades nativas. Esta es una aclaración exigida por la Defensoría del Pueblo en el informe señalado ya que para proteger los derechos de los pueblos indígenas no sólo basta con contar con un presupuesto para titulación de tierras sino establecer de forma específica y transparente un porcentaje exclusivo para la atención de comunidades nativas y campesinas. Esta acción le permite a la ciudadanía observar el cumplimiento de metas definidas en el tema y al Ejecutivo tomar acciones para contribuir con su logro.

En efecto, y este es nuestro tercer aspecto por considerar, el Ejecutivo no debe ser visto únicamente como un órgano de control cuando se habla de titulación de territorios indígenas. Si bien el proceso de descentralización en Loreto ha culminado, no es menos cierto que existe un ente rector – el Minagri- que, desde su posición, puede contribuir con la eliminación de cuellos de botella en los procedimientos a través del acompañamiento técnico, la unificación de criterios y, en el último de los casos, con la aprobación de normativa específica.

Es necesario que el Gore Loreto y el Minagri mantengan un diálogo permanente y trabajen coordinadamente, y que en este diálogo se incorpore a las organizaciones indígenas para cumplir la meta señalada por el actual gobierno.

El Perú no necesita más conflictos, sino articulación entre los distintos niveles del Estado. Articulación solidaria que permita que estos lleguen a acuerdos simples y rápidos y, principalmente, articulación que abra las puertas a los pueblos indígenas para ser escuchados y garantizar que los procesos que se ejecuten posean el enfoque intercultural que tanto reclamamos desde esta tribuna.

Sí, esperemos llegar al bicentenario con los títulos de propiedad, pero como peruanos aspiramos llegar al 2021 con un modelo participativo que pueda ser aplicado en todas las acciones que ejecute el Estado peruano, una nueva visión de procedimiento que incluya al Ejecutivo, gobiernos regionales y ciudadanía.

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