[Opinión] Dos proyectos de ley buscan la protección de los defensores ambientales

Foto: SPDA

Escribe Katherine Sánchez / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas

El pasado 10 de diciembre, en el día Internacional de los Derechos Humanos, el congresista Alberto de Belaúnde (Partido Morado) presentó el Proyecto de Ley 6762/2020-CR denominado “Ley que promueve, reconoce y protege a los defensores de derechos humanos”. Esta es la segunda iniciativa legislativa que se presenta en el actual Congreso de la República y que, en definitiva, impactará de forma positiva en la discusión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La primera fue presentada en noviembre pasado, por el legislador Yvan Quispe Apaza (Frente Amplio), a través del Proyecto de Ley 6625/2020-CR.

Luego de la desacertada decisión de la actual Comisión de Relaciones Exteriores de archivar el Acuerdo de Escazú, y la presentación de una seguidilla de proyectos que impactan negativamente contra nuestro derecho al medio ambiente sano, la presentación de estos dos proyectos de ley representan un claro compromiso de un sector del Congreso con la protección de los derechos humanos hacia al que debemos apuntar.

En efecto, estas propuestas buscan el fortalecimiento institucional para la eficaz promoción, protección y prevención del riesgo que afrontan las personas que defienden los derechos humanos, entre ellos el derecho al medio ambiente sano. Asimismo, tiene como fin eliminar duda alguna sobre qué es defender derechos humanos; las obligaciones que tiene el Estado; y los derechos y límites que existen para el ejercicio del derecho a defender para garantizar nuestro orden democrático.

De forma específica, debemos resaltar el especial énfasis que se deberá observar sobre los defensores y defensoras en situación de vulnerabilidad en la etapa de reglamentación e implementación de las medidas propuestas en los proyectos de ley. Esta declaración nos debe llevar a observar los resultados de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que señalan que “(…) las comunidades indígenas, los campesinos, las personas defensoras del derecho a la tierra y del ambiente son los grupos de defensores y defensoras que corren mayor riesgo en Perú”^[1].

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Ambas propuestas incorporan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como un órgano articulador de una estrategia integral porque finalmente podrá compeler a los demás sectores del ejecutivo y niveles del Estado a través del enfoque de intersectorialidad que recoge; contar con las herramientas adecuadas para plantear un presupuesto específico para las acciones que se requieran implementar y un equipo especializado; y la obligación de contar con indicadores que le permitan medir el desempeño de su gestión. Esto último resulta relevante para la ciudadanía que debe mantenerse vigilante para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestras autoridades.

Por otro lado, estas proponen abarcar la problemática de forma integral, al ir más allá de los mecanismos de protección para aterrizar en propuestas concretas vinculadas con la educación con enfoque de derechos humanos, el derecho a la reparación y a un recurso efectivo. La implementación adecuada de estas medidas nos podría llevar a detener la impunidad que ha caracterizado a los crímenes cometidos contra personas que defienden el medio ambiente en los últimos años y a sensibilizar a la sociedad civil para dejar los estigmas de lado.

Y sobre este último actor, resulta valiosa la declaración de interés de la creación del Sistema Nacional de Promoción y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la propuesta de ley del Congresista De Belaúnde, a través del cual se incorpora a la sociedad civil en general y al sector privado como actores para la coordinación en busca de sumar fuerzas para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Y es que esta no es solo una tarea del Gobierno.

En definitiva, iniciativas como estas nos entusiasman, pero también nos comprometen a estar vigilantes a lo que ocurrirá con ellas en las siguientes etapas del proceso legislativo. Pero, además, estás propuestas le brindan una oportunidad al Congreso de la República de responder a una necesidad concreta y urgente, tomando una posición clara respecto de la protección de los derechos humanos en nuestro país.

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