Escenas captadas el 20 de diciembre de 2024 en playas de Lobitos, Piura. Foto: Kike Basurto.

Por: Jimpson Dávila / Director del programa de Gobernanza Marina de la SPDA

El primer elemento común es la falta de transparencia sobre las causas de los derrames. En 2022, la Refinería La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA), subsidiaria de Repsol, inicialmente atribuyó el derrame de hidrocarburos en Ventanilla a un fuerte oleaje causado por la erupción de un volcán en la isla de Tonga, ubicada a miles de kilómetros de nuestras costas. Esta afirmación se contrapuso con las investigaciones a cargo de las autoridades peruanas, quienes habrían comprobado el estado de corrosión del ducto de descarga de hidrocarburos en el terminal multiboyas, evidenciándose la falta de mantenimiento a cargo la empresa.

De manera similar, la información sobre el origen del derrame de crudo en la Refinería de Talara, a cargo de Petroperú, no ha sido clara. Ante esta situación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una medida administrativa para que la empresa identifique y controle la fuente del derrame. No obstante, Petroperú incumplió dicha medida, lo que llevó al OEFA a imponerle una multa coercitiva equivalente a 36 UIT. Estos casos evidencian una colaboración limitada por parte de las empresas operadoras para proporcionar información adecuada y oportuna sobre las causas de los derrames, lo que dificulta que las autoridades y la población adopten medidas preventivas eficaces.

Como segundo podemos mencionar la magnitud de los derrames y la estrategia innecesaria de minimizar sus efectos. Aunque RELAPASAA reportó que se habían vertido solo 0.16 barriles de petróleo, la cifra fue variando significativamente con el paso de los días, hasta que el Ministerio del Ambiente confirmó que el total ascendía a 11 900 barriles derramados. En el caso de Talara, Petroperú intentó minimizar los efectos del derrame al afirmar que el agua estaba cristalina y reportó que únicamente se habían vertido 0.9 barriles de petróleo. Por ello, es fundamental que las autoridades competentes verifiquen la magnitud exacta del derrame en Talara e informen de manera transparente a la ciudadanía para garantizar una respuesta adecuada.

Un tercer aspecto está relacionado con la necesidad de mejorar las acciones de supervisión ambiental en los componentes críticos de las actividades de hidrocarburos en el mar. Aunque el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó acciones de supervisión en años previos al derrame de Ventanilla, estas no priorizaron el monitoreo de componentes marinos clave, como ductos y tuberías submarinas, que representan factores de riesgo para la ocurrencia de derrames. De manera similar, el derrame en Talara aparentemente fue causado por desperfectos en el área del terminal multiboyas, un componente marino crítico. Por ello, es necesario que el OEFA refuerce su capacidad para supervisar e identificar riesgos ambientales en este tipo de infraestructuras. Esto permitirá que la fiscalización ambiental se convierta en una herramienta más efectiva para la prevención de impactos ambientales.

El cuarto se relaciona con el hecho de que los impactos de los derrames de petróleo no siempre son evidentes a simple vista. En el caso de Ventanilla, una investigación reveló que el 70 % del hidrocarburo se depositó en las playas. La combinación de estos hidrocarburos con la arena y otros materiales orgánicos los hace más pesados, lo que podría favorecer su asentamiento en el fondo marino. De manera similar, en las playas afectadas por el derrame en Talara, la interacción entre hidrocarburos, restos orgánicos y arena puede provocar procesos de sedimentación que impactarían negativamente el ecosistema bentónico. Por ello, las autoridades ambientales deberían priorizar el análisis de los impactos de los derrames en el fondo marino y establecer medidas de remediación específicas para el ecosistema bentónico, según el grado de afectación. La sola limpieza de las áreas visibles afectadas por el derrame de hidrocarburo no necesariamente es un indicativo de la recuperación del ecosistema marino.

Protesta de pescadores en agosto del 2023. Foto: Andrea Ramos / SPDA

El quinto aspecto está relacionado con la necesidad de proveer ayuda humanitaria inmediata y restaurar la capacidad económica de las comunidades afectadas por los derrames de hidrocarburos. Ambos derrames, independientemente de su magnitud, han dejado a pescadores artesanales, operadores turísticos, emprendimientos gastronómicos y comerciantes con su economía seriamente afectada. Los derrames de hidrocarburos no solo degradan el medio ambiente, sino que también impactan las economías que dependen de los servicios y bienes que ofrecen los ecosistemas marinos. Tanto los planes de contingencia como las declaratorias de emergencia ambiental carecen de mecanismos para ofrecer ayuda humanitaria inmediata cuando ocurren estos desastres ambientales.

La obligación de brindar apoyo humanitario no debería ser objeto de negociación entre las comunidades costeras afectadas y las empresas operadoras, sino una responsabilidad ineludible derivada del daño ambiental causado y de la obligación de internalizar todos los costos generados, incluidos los aspectos económicos y sociales. Además, es crucial que, como consecuencia del daño ambiental causado, se elabore e implemente una estrategia que permita recuperar la capacidad productiva de las comunidades costeras afectadas. Un ejemplo alarmante es la situación de las comunidades costeras de Ancón, que, después de tres años del derrame en Ventanilla, aún no han logrado recuperarse económicamente. Sumado a los efectos de la pandemia y la actual recesión económica, su situación de vulnerabilidad continúa.

Por último, el sexto aspecto está relacionado con la necesidad de contar con el equipamiento adecuado para prevenir y mitigar el impacto de los derrames en áreas prioritarias para la conservación marina. Ambos derrames de hidrocarburos alcanzaron el ámbito de algunas Áreas Marinas Protegidas. El derrame en Ventanilla impactó la Reserva Nacional Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como la Zona Reservada de Ancón. En el caso del derrame en Talara, la presencia de hidrocarburos fue identificada en Cabo Blanco, zona perteneciente a la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau.

Por ello, es crucial contar con los equipos adecuados para responder de manera inmediata y efectiva en estas áreas clave. Durante la limpieza del derrame de hidrocarburos provocado por la Refinería La Pampilla se requirieron 70 skimmers para la absorción de petróleo. Sin embargo, estos equipos fueron traídos tardíamente desde el extranjero, lo que evidenció la falta de preparación del país para enfrentar este tipo de desastres. A partir de esta experiencia, resulta esencial dotar a las áreas naturales protegidas en el ámbito marino-costero con equipamiento adecuado y brindar capacitación necesaria para que puedan participar de manera efectiva en las acciones de primera respuesta ante emergencias ambientales.

Es clave que estos aspectos sean tomados en cuenta para que las empresas operadoras fortalezcan sus prácticas ambientales frente a emergencias de esta naturaleza, y para que el Estado perfeccione sus acciones de respuesta. De esta manera, se contribuirá a una respuesta integral que aborde de manera efectiva las implicaciones ambientales, sociales y económicas derivadas de los derrames de hidrocarburos, y a evitar que esta historia se repita una vez más.