• En un contexto en el que la ilegalidad se ha convertido en el mecanismo principal para aprovecharse de nuestros recursos naturales en la Amazonía ya sea para el suelo, el oro o la madera, Escazú nos da una herramienta y eleva los niveles de protección en materia de democracia y defensores ambientales. 

Escribe: Silvana Baldovino / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

El 2014 cuatro ciudadanos peruanos: Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron cruelmente asesinados cerca a su comunidad Alto Tamaya-Saweto en Ucayali. Estos líderes indígenas habían denunciado, en reiteradas ocasiones, las actividades de tala ilegal que venía sucediendo en la zona. No solo se encontraron con un Estado que no respondió a sus alertas, sino que siguieron enfrentando a los ilegales por su cuenta. Finalmente, los mataron y sus familias han pasado más de 10 años buscando justicia.

Esta situación de abandono se repite en distintos lugares de la Amazonía, donde Pueblos Indígenas enfrentan sin mayor apoyo del Estado a madereros y mineros ilegales e incluso a narcotraficantes. La investigación periodística Amazon Underworld (Inframundo Amazónico) muestra que hay zonas en el Perú, como la cuenca del Abujao en Ucayali, donde el ingreso y salida está controlado por grupos criminales aliados al narcotráfico y la minería ilegal.

Estos son solo dos casos puntuales que muestran la pérdida de la soberanía de nuestra Amazonía, pero no en manos de otros países con intereses geopolíticos o por Acuerdos y compromisos internacionales como se ha mencionado en algunas ocasiones, sino por la incapacidad de controlar tres factores que están permeando nuestro país: la ilegalidad, la criminalidad y la impunidad.

La ilegalidad se ha convertido en el mecanismo principal para aprovecharse de nuestros recursos naturales en la Amazonía ya sea para el suelo, el oro o la madera. La criminalidad es actuar de forma organizada promoviendo las actividades ilegales, mientras que la impunidad, da luz verde para que la ilegalidad y criminalidad actúen libremente.

Estos tres factores se han construido sobre la base de un Estado débil que no logra controlarlas ni detenerlas y que viene cobrando de manera cada vez más acelerada la vida de todos aquellos que pretenden hacerles frente como son los defensores ambientales. En el 2020, se registraba a 8 personas defensoras asesinadas, una cifra que ha ido en aumento, pues según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, más de 31 personas han sido asesinadas por defender su derecho al territorio conectado indiscutiblemente con otros como el derecho al medio ambiente sano.

El 22 de abril empieza la Tercera COP de Escazú, Acuerdo que el Perú aún no ha ratificado y que fue archivado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República en dos oportunidades: el 19 de octubre del 2020 y el 11 de julio del 2022. Uno de los principales argumentos contra su ratificación fue la supuesta pérdida de soberanía de la Amazonía. Cuatro años después, lo que tenemos es la situación descrita previamente cumpliéndose la profecía de la pérdida de soberanía, pero no por el Acuerdo de Escazú, sino a mano de las actividades ilegales que se han introducido en distintas capas de la sociedad.

Debemos comprender que Escazú nos da una herramienta, no nos quita soberanía, por el contrario, eleva los niveles de protección en materia de democracia y defensores ambientales. Este 24 de abril se aprobará el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, donde votarán todos aquellos países que han ratificado el Acuerdo de Escazú, y lamentablemente, Perú solo será un invitado.

 

Dato:

• El artículo fue publicado originalmente en Infobae.