Foto: Emi Koch / Coast to Coast Movement

Por: Jimpson Dávila / Director del Programa de Gobernanza Marina  de la SPDA

El derrame de hidrocarburos ocurrido el 20 de diciembre en el Terminal Multiboyas de la Refinería de Talara (Piura) representa un grave riesgo para el ecosistema marino costero y un impacto significativo a los medios de vida de quienes dependen de los bienes y servicios que el mar ofrece. 

La magnitud del impacto llevó al Ministerio del Ambiente a declarar la zona afectada, de manera célere y con feriados de por medio, en emergencia ambiental. En este contexto, la estrategia de Petroperú de minimizar el alcance del derrame tuvo un efecto adverso. 

El mar constituye la principal fuente de subsistencia de los pescadores artesanales, por lo que el derrame no sólo compromete la salud del ecosistema marino desde donde extraen sus recursos, sino que también representa un golpe significativo para su economía diaria. Intentar minimizar el alcance del derrame, en lugar de abordar de manera directa las causas, consecuencias y acciones de respuesta, no es una estrategia efectiva que contribuye a la solución de la crisis.

Por ello, los esfuerzos deben centrarse en contener y mitigar el impacto ambiental del derrame, facilitando así la recuperación del ecosistema afectado y garantizando que las actividades económicas relacionadas con el medio marino puedan reanudarse progresivamente sin riesgos a la salud humana. 

Petroperú S. A., empresa a cargo de las operaciones en la Refinería de Talara, debe continuar con las labores de limpieza en las zonas afectadas y garantizar la correcta disposición de los residuos contaminados. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por su parte, debe supervisar el cumplimiento de dichas obligaciones, asegurándose de que las acciones sean efectivas y sostenibles.

De otro lado, si bien la declaratoria de emergencia ambiental establece que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) suspenderá temporalmente, hasta por seis meses, los pagos de crédito para los pescadores afectados, esta medida tiene un alcance limitado frente a los impactos a las actividades pesqueras artesanales en la zona afectada. Hasta el momento, según diversas fuentes, se estimaría en más de 300 pescadores artesanales afectados e involucraría al menos 2500 familias. 

En este contexto, las mesas de diálogo entre el Estado, la empresa responsable y los afectados -como pescadores, vendedores u operadores turísticos, entre otros- deben servir como espacios clave para definir soluciones que respondan al daño económico sufrido por quienes dependen económicamente del mar como medio de trabajo y fuente de vida. Además, es necesario desarrollar una estrategia de promoción turística, una vez superada la emergencia, que permita reactivar la economía de la zona de influencia afectada, considerando el impacto negativo que el derrame ha generado sobre uno de los principales balnearios del país.

El derrame de hidrocarburos en Talara no solo es un llamado sobre la necesidad de fortalecer la capacidad técnica del Estado en materia de contención de este tipo de emergencias ambientales que ocurren en el mar. También destaca la urgencia de que las empresas que operen en estos ámbitos mejoren sus planes de contingencia y estrategia comunicacional frente a la ciudadanía cuando operan de manera próxima a ecosistemas de vital importancia para la biodiversidad marina y que representa la principal fuente de ingreso para las comunidades costeras.