Ministro del Ambiente en playa Pocitos, Ancón. Foto: Diego Pérez / SPDA

Escribe Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA*

El desastre ambiental ocurrido por el derrame de petróleo en el proceso de carga y descarga en la refinería La Pampilla, gestionado por Repsol, es un hecho sin precedentes en la historia del litoral peruano.

Se tratarían de 6 mil barriles dispersos en casi 2 millones de metros cuadrados de litoral que han afectado a distintas especies marinas y aves que habitan en la zona, además de los cientos de pescadores que, hasta el momento, no encuentran una respuesta sólida por parte de la empresa sobre cómo remediará el impacto ocasionado en el mediano y largo plazo.

Hasta el momento ya se habrían activado tres vías para determinar la responsabilidad de Repsol en vía administrativa, penal y civil.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental abrió un proceso de investigación para identificar a los responsables naturales por la posible comisión del delito de contaminación ambiental. Una vez culminado este proceso y realizada la acusación, será la autoridad judicial quien determine una pena entre los 4 a 6 años de pena privativa de la libertad.

Por otro lado, la procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam) habría demandado a la empresa para que asuma la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el derrame de crudo. Las asociaciones de pescadores también podrían presentar una demanda para indemnizar los perjuicios que el derrame ha ocasionado para el desarrollo de sus labores. Muchos de ellos, a la fecha, no vienen percibiendo ingresos económicos a sus familias y ni Repsol ni el Gobierno les ha dado información sobre cómo será remediada la zona afectada ni en cuánto tiempo habrán culminado las acciones de limpieza. Cabe recordar que, de acuerdo a las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, la empresa debió presentar un cronograma de estas actividades el viernes 21 de enero.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó medidas administrativas que deben ser implementadas de forma inmediata hasta la siguiente semana, que incluye la identificación de la zona impactada, acciones de limpieza, contención y segregación de residuos. Independientemente de ello, viene investigando la comisión de infracciones administrativas. Precisamente, a finales del año pasado se modificó el cuadro de tipificación e infracciones referidas a la atención de emergencias o incidencias ambientales del sector hidrocarburos.

Entre las posibles infracciones que Repsol cometió sería la no implementación de medidas de alerta temprana y difusión a las poblaciones aledañas y el no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa o en el Plan de Contingencia. Esta segunda infracción podría sancionarse con 2700 UIT, equivalentes a aproximadamente 12 millones de soles. Aunque no se descartaría la concurrencia de otras infracciones según lo que determinase la autoridad.

Además del proceso encaminado por el OEFA, se debe tener en cuenta las posibles infracciones cometidas en el marco de las competencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), al afectarse la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras así como la Reserva de Ancón, que podrían implicar una sanción de hasta 10 mil UIT; así como aquellas infracciones en el marco de la supervisión de Osinergmin por el manejo de las medidas de contingencias que se hubiese cometido.

Limpieza en playa Pocitos, Ancón. Foto: Diego Pérez / SPDA

¿Qué es lo urgente y prioritario?

El pasado jueves 20 de enero, el Gobierno anunció una serie de medidas en el marco de una declaratoria de interés nacional de emergencia climática. Asimismo, informó sobre la creación de un comité de crisis para establecer estrategias conjuntas con le fin de hacer frente a este desastre ambiental. Además, señaló haber acordado con Repsol asumir la limpieza y descontaminación del área así como contratar a pescadores artesanales para estas acciones y entregarles canastas de productos básicos.

Sin duda, a pesar de los esfuerzos por establecer puentes de comunicación entre Repsol y el Gobierno, con certeza podríamos decir que son medidas insuficientes y no corresponden al nivel de urgencia y exigencia con el que se debe atender este desastre ambiental, así como para enmendar la evidente falta de transparencia de la empresa para comunicar su respuesta.

Ya no es cuestionable la demora de Repsol en atender el siniestro, muestra de ello es la extensión acelerada del crudo a lo largo del litoral. Por ello, la supervisión de la autoridad debe ser inflexible y sólida para exigir que se realice con los óptimos estándares.

¿Es suficiente la entrega de dádivas a los afectados directos del derrame? Son medidas inmediatas que merecen soluciones que consideren el perjuicio ocasionado al mediano y largo plazo. Además, incluso la contratación de pescadores para acciones de limpieza podrían ocasionar perjuicios en la salud ya que esta tarea debe realizarse por personal con indumentaria especializada y manejo adecuado de equipos de limpieza.

Luego de dos días del anuncio del Gobierno, el sábado 22 de enero se publicó la resolución ministerial que aprueba la declaratoria de emergencia por 90 días hábiles y el plan de acción correspondiente. Las acciones que se consideran en este plan a cargo de Repsol son la identificación y limpieza de las zonas afectadas en el litoral, así como de las zonas marino costeras, la contención y recuperación del crudo, el rescate de fauna de la zona y la segregación de residuos. Además, se ha considerado la participación de OEFA, Osinergmin, Sernanp, Imarpe, Digesa, Dicapi, ANA, Sanipes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Regional de Lima y los gobiernos locales. El contenido de la resolución ya se encuentra disponible en los portales de transparencia del Minam.

Contraria a la respuesta del Gobierno, la academia, la cooperación internacional y miles de ciudadanos ya se han hecho presentes para contribuir a atender el desastre a través de apoyo económico, técnico e incluso a través de la organización de voluntariados. Todos ellos a la espera de que el Gobierno demuestre liderazgo y les dé luz verde para actuar de forma organizada y apoyar en la limpieza.

Desde la sociedad civil, el trabajo de registro y vigilancia, que vienen realizando desde inicios del incidente, será imprescindible para asegurar que la impunidad no se haga presente en este caso y la empresa actúe sobre los mejores parámetros.

Aún queda mucho por hacer en un plazo mucho más largo. La remediación y rehabilitación del área será lo que continúe luego de la limpieza y contención. Solo esperemos que, para ello, las autoridades hayan encontrado el norte del camino a seguir y demuestre la mano firme que han anunciado tener para que Repsol asuma la responsabilidad que le corresponde tanto para limpiar y remediar, como para asegurar que existan mecanismos de transparencia proactiva.

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* Este artículo fue publicado originalmente en La Mula, el pasado viernes 21 de enero de 2022.