Por Enrique Ortiz Tejada*

 

Las recientes noticias de la muerte de un adolescente de la etnia Yanomami por COVID-19, resalta una situación muy peligrosa. Los Yanomami son una etnia en contacto inicial en Brasil. El vecino país ha sido denunciado ante el Consejo Interamericano de Derechos Humanos de la ONU por elevar la amenaza de muerte en los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial con sus últimas acciones y políticas. Considerando que muchos de estos pueblos se encuentran en zonas fronterizas con poblaciones en el Perú, este un tema que nos concierne.

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) y los de contacto inicial (PICI) son aquellas poblaciones que, por una razón u otra, se han mantenido con poco o ningún contacto con el mundo occidental durante el último siglo. Se asume que esto se debe a la memoria colectiva de las atrocidades cometidas contra ellos durante la era del caucho. Estas poblaciones carecen de la inmunidad adquirida a enfermedades occidentales, que no conocen y no han aprendido a curar debido a su aislamiento. Un simple resfrío puede aniquilar no solo una población, sino toda una cultura.

Se estima que existen alrededor de un centenar de estas poblaciones en la Amazonía, la mayor parte en Brasil y Perú, pero también hay poblaciones en Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y probablemente en Bolivia. Según la legislación de cada país, varios de estos pueblos se encuentran protegidos bajo diferentes modalidades de áreas, ya sea en reservas indígenas o en parques nacionales, pero aún quedan muchas de estas poblaciones a la espera de ser protegidas.

El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro de Brasil ha sido claramente enfático en “abrir” la Amazonía como un motor de desarrollo económico. Quizá en respuesta a los incendios de octubre del 2019, y presiones de sectores poderosos, las políticas de Bolsonaro se han radicalizado al punto de abrir los territorios indígenas, y las áreas protegidas a actividades extractivas (minería), e inclusive a amenazar en “deshacer” áreas protegidas y reservas indígenas para promover plantaciones de soya.

[Leer además: Mincul: En Perú existen 7 mil indígenas que viven en aislamiento o contacto inicial]

Esas políticas se desbordan a la problemática de los PIAV y los PICI. El problema no es solo la posible incursión en esos territorios demarcados para su protección, sino es el cambio en la política hacia esas poblaciones. Durante los últimos 50 años, Brasil ha mantenido una política de no contacto con PIAV. Para ello se estableció un sistema de frentes de protección de PIAV destinados a evitar el contacto con cualquier persona, incluyendo antropólogos, para evitar epidemias y respetar su elección de mantenerse aislados. A través de los años han protegido los PIAV de intrusos, en particular de grupos religiosos cuya misión es “salvar las almas”.

Esa política nacional podría estar a punto de cambiar. El gobierno de Bolsonaro ha estado desmantelando la agencia encargada de proteger a los PIAV, y por si fuera poco, ha nombrado como el responsable de dicha agencia a un ex líder de un grupo de catequizadores, financiados por fanáticos religiosos norteamericanos. Su lógica podría ser la de “incorporar a estos pueblos a la sociedad”, de manera que se abrirían las puertas de millones de hectáreas para usos extractivos.

¿Por qué nos concierne y qué puede hacer Perú?

Estas noticias nos deben preocupar a los peruanos. La política nacional peruana siempre ha sido la de no contacto, y estos cambios en nuestro vecino Brasil podrían tener funestas consecuencias también para el Perú. Aparte de lo que podría ser una grave falta en materia de derechos humanos, un cambio de política en Brasil puede forzar a los PIAV a escapar a nuestro territorio, elevando conflictos entre grupos indígenas, y también de mayor importancia hoy, de abrir la posibilidad de contagio entre ellos con enfermedades mortales a ambos lados de la frontera. Ya tuvimos la primera muerte, y de expandirse o replicarse en otros pueblos, sería incontrolable.

Esta es una situación en la que Perú debe expresar su preocupación a niveles diplomáticos y en escenarios internacionales. Además, debemos estar alertas de aquellos grupos religiosos que, sin los protocolos adecuados, también actúan en nuestro país. Hoy más que nunca, frente a la pandemia que estamos viviendo se debe redoblar el control y la prevención en esas áreas, particularmente en las zonas fronterizas de Ucayali y Madre de Dios.

Reforzar los controles de prohibición absoluta de acceso en las reservas indígenas de PIAV es una prioridad. El trabajo conjunto del Viceministerio de Interculturalidad con las organizaciones indígenas como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), por ejemplo, es crítico y debe recibir más apoyo.

Se estima que son cerca de siete mil indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial protegidos en tres reservas indígenas y dos reservas territoriales en el Perú. Además, hay cuatro propuestas más en proceso de creación que deben finalizarse. Es nuestra responsabilidad como peruanos de velar por la vida de esos pueblos que, en caso de contaminarse, la mortalidad en ellos sería probablemente mayor que en cualquier otra población del mundo.  Ellos solo saben que, más allá del bosque hay personas, que son una amenaza. Ojalá que el día que ellos decidan comunicarse con nosotros, descubran que somos hermanos.

[Ver además ► Mincul podrá sancionar a quienes pongan en riesgo a indígenas en aislamiento o contacto inicial]

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* Ecólogo y Director Senior de Programas del Fondo Andes Amazonia (Andes Amazon Fund). Es fundador y presidente del Directorio de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (Conservación Amazónica-ACCA). Ha trabajado en investigación y conservación de patrimonio natural del Perú y de la región amazónica por varias décadas.

El artículo original fue publicado en RPP Noticias.