Por Manuel Ruiz Muller / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

 

Con justa razón la Plataforma por la Alimentación Saludable (Slow Foods, ANPE, Shiwi, etc.), ha levantado su voz de alarma ante los intentos desde el Congreso de la República de modificar artículos sustantivos de la Ley sobre alimentación saludable (Ley 30021) que tanto esfuerzo tomó promulgar.

Esta norma de avanzada en Latinoamérica busca, en términos sencillos, garantizar una alimentación saludable en niño y adolescentes. Para eso, plantea una definición de “alimentación saludable” (artículo 3) que enfatiza la priorización de alimentos naturales o procesados mínimamente. La idea es estimular paulatinamente, el uso de alimentos variados y nutritivos (p.ej. una gran cantidad de alimentos subutilizados), y contrarrestar la tendencia alimentaria orientada a productos procesados, comida “chatarra”, y otros, cuyas bondades alimentarias han sido altamente cuestionadas alrededor del mundo.

En términos operativos, la ley propone una serie de mecanismos para alcanzar este fin, entre ellos, el establecimiento de “kioscos y comedores escolares saludables” (artículo 6), la obligación de incorporar “advertencias publicitarias” en los alimentos procesados (artículo 10), la creación del Observatorio de Nutrición y Sobrepeso, la preferencia por datos e información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para fijar políticas alimentarias y de salud (Disposiciones Complementarias), entre otros.

De manera sutil en los cambios y modificatorias pero muy evidente en lo que se persigue, desde el Congreso, se pretende modificar esta ley para facilitar y habilitar las acciones y actividades de la industria de alimentos, principalmente procesados. Con el paso de los años, en todo el mundo en realidad, la distancia entre el productor del alimento y el consumidor se ha incrementado al punto que no hay mayormente conciencia, especialmente en zonas urbanas, sobre el origen de los alimentos, su proceso productivo y sobre el rol del pequeño agricultor que es quien garantiza la seguridad alimentaria del país.

Paradójicamente este agricultor es pobre, se encuentra marginado por diversas razones, y su voz en el proceso alimentario prácticamente es inexistente. La globalización, las industrias de escala, la publicidad, y la “eficiencia” del mercado, han llevado a una consolidación de la industria de alimentos y una privatización de su proceso. Al final del día, esta industria responde, como lo explicaría un curso de Economía 101 a los socios y accionistas de la empresa, y la rentabilidad se tiende a anteponer a consideraciones de tipo social, cultural, de sostenibilidad y ambiental.

Ciertamente, la discusión es bastante más compleja que esto, pero de alguna manera se resume en lo planteado. Lo doblemente anecdótico, es que mientras el Perú promueve en términos muy potentes su biodiversidad, su rica gastronomía y se jacta de su enorme riqueza natural y cultural, en paralelo se intenta impulsar tendencias orientadas a consumir alimentos que nada tienen que ver con la salud, la promoción de la biodiversidad, el impulso a la pequeña agricultura y sostenibilidad en el desarrollo.

Aunque no se diga, si por la industria fuera, en tanto a través de cápsulas se pudiera cumplir con las exigencias nutricionales “aceptadas” y estandarizadas, qué mejor: ultra eficiente y la economía de escala perfecta. Literalmente, eficiencia a la carte. Todo lo natural, sostenible, la información plena al consumidor, lo orgánico, no ayuda al negocio. Molesta y estorba. Esto es una exageración y caricaturización, pero refleja en sencillo la miopía que existe entre la propia industria y quienes la representan, en este caso al parecer el propio Congreso, y proponen su visión de la alimentación a través de una propuesta de ley que modifica sustantivamente una visión alternativa de lo que esta debiera ser.

Esta tendencia no es singular al Perú: se repite a nivel global pero, afortunadamente, también enfrenta crecientes resistencias desde la sociedad civil, instituciones de investigación y otros actores sociales en diferentes países. Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), siempre hemos resaltado el valor y el potencial real de la diversidad biológica y cultural como como elementos centrales de cualquier política de desarrollo, nacional, regional o local.

En ese sentido, la diversidad biológica y el ambiente en general, son la base fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y, en este contexto, la pequeña agricultura familiar ha sido el eslabón olvidado históricamente desde el Estado como motor principal para garantizar esta seguridad alimentaria. El 80% de los alimentos que se consumen, los producen pequeños agricultores y, sin embargo, en las últimas décadas, los problemas de desnutrición y sobrepeso, se han acentuado notablemente.

El problema no es la falta de alimentos, sino una adecuada combinación de los mismos. Nadie propone volver a la era de piedra o preindustrial en cuanto a la alimentación de la población, pero sí se requiere revisar la manera en la cual los alimentos que históricamente el país ha producido, pueden jugar un papel mucho más preponderante y relevante en las dietas de niños escolares y adolescentes. Resulta incomprensible que alimentos reconocidos como la quinoa, la kiwicha, la arracacha, el tarwi, y tantos otros, solamente sean apreciados como alimentos “gourmet” y no estén más presentes en la vida cotidiana de la población, especialmente urbana. Y no es un tema de preferencias y elección del consumidor o que simplemente “no les gusta”. Hay trabajo que hacer en el frente de la demanda y el consumo, especialmente desde el Estado.

Mientras haya sesgos en la propaganda y marketing que invade laptops, la calle, la TV, la radio y la vida diaria, y el Estado asuma un rol pasivo frente a su obligación de garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de su población, poco puede cambiar. Decir que esta propaganda y marketing no tiene incidencia en la elección de los niños y jóvenes, es un disparate. No hay que ser un genio para darse cuenta a dónde apunta esta propaganda.

De esto trata, en el fondo, la Ley 30021, de una alternativa que debe ser respaldada y no dinamitada desde el Estado. En este escenario, seguramente habrá un espacio para los alimentos procesados y “modernos”, tampoco hay que ser ilusos. Sin embargo, hay opciones y alternativas para equilibrar la dieta y, al fin y al cabo, opciones para todos. El Estado tiene en este caso un rol y papel que jugar para justamente salvaguardar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, por qué no, también el de elegir, en igualdad de condiciones. Lo que no es aceptable, es la discreta erosión de espacios ya ganados con la Ley 30021, solamente para satisfacer el interés empresarial de la SNI y sus asociados de la industria de los alimentos. Qué mueve al Congreso en este caso, difícil precisarlo, pero algo más fácil intuirlo.