Silvana Baldovino / Directora del Programa de Conservación de la SPDA

* Según al especialista de la SPDA, los recientes decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo “han sido pensados solo para un porcentaje de la población nacional, sin considerar nuestras diferencias”.

En setiembre de 2016, se emitió la Ley 30506, la cual delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú por un plazo de noventa días. A la fecha se han publicado ciento doce decretos legislativos en diversas materias, con el fin de que -según el presidente del Consejo de Ministros- el país pueda empezar a crecer sosteniblemente y responder a las necesidades del ciudadano para lograr un país moderno y más igualitario.

La delegación de facultades se convirtió en la oportunidad de prender el motor, generar los cambios que nos permitirían simplificar y mejorar los procedimientos, establecer reglas claras, regular múltiples y complejas situaciones como -por ejemplo- la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, siempre buscando promover el mejor ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos y el mejor actuar del Estado.

La búsqueda de un país igualitario y el reconocimiento de nuestras grandes diferencias es un gran reto para todos, pero más para quienes elaboran e implementan las reglas de juego de nuestra sociedad. Según la base de datos del Ministerio de Cultura, existen 55 pueblos indígenas u originarios y, según información del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el 47% de la población peruana sería indígena; entonces, podemos decir que constituye una obligación y responsabilidad del Estado peruano, que busca la igualdad, formular políticas que incorporen y promuevan la interculturalidad buscando garantizar los derechos de un país y una población pluricultural y multiétnica, evitando todo tipo de discriminación y fortaleciendo nuestra identidad.

La emisión de estos decretos legislativos constituyen importantes modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico que regularán el actuar de todos los peruanos. Sin embargo, estos han sido pensados solo para un porcentaje de la población nacional, sin considerar nuestras diferencias. Por ejemplo, las modificaciones al procedimiento administrativo general y el importante cambio respecto a la supletoriedad de la ley que lo regula, pudo incluir consideraciones especiales a los procedimientos seguidos por las comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas, atendiendo situaciones tales como los plazos para las notificaciones, el idioma de las mismas, el acceso a la información, a los órganos colegiados, entre muchos otros supuestos. Pudo también considerarse el simplificar los requerimientos a las comunidades para la inscripción de sus actas o la exoneración del pago de los derechos por estas inscripciones, a fin de promover la regularización de la situación de la personería jurídica de las comunidades y promover en estas el desarrollo de actividades económicas que los vinculen al mercado, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y dinamizar los mercados locales.

Buscar inclusión social es construir una ciudadanía con igualdad de derechos sobre la base del reconocimiento y respeto de nuestras diferencias. La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, a usar su propio idioma ante cualquier autoridad a través de un intérprete, y delega al Estado la tarea de reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Por resulta necesario e indispensable el incorporar la interculturalidad en todos aquellos sistemas, mecanismos y diversas formas de acceder al ejercicio efectivo de los derechos y para que de esta forma el crecimiento económico y las mejoras que se buscan sean para todos los peruanos y no se concentren en un sector para evitar el crecimiento de la brecha de la desigualdad.