El pasado 26 de abril celebramos el establecimiento de una nueva área natural protegida (ANP), la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, ubicada frente a Piura y Tumbes, luego de un proceso que duró más de una década. Esta nueva ANP nos ayudará a proteger importantes sectores como Isla Foca, Cabo Blanco-El Ñuro, los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora. Hasta este punto, todo parece indicar que vamos por buen camino; sin embargo, siempre hay baches en la carretera y algunos desvíos que pueden llevarnos hacia el abismo.

Poco después de la creación de esta nueva área protegida, el Ejecutivo -mediante un decreto supremo- modificó el Reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, buscando nuevamente combatir la “tramitología”, acelerando los procesos, y reduciendo de esta manera la rigurosidad necesaria. Cabe recordar que estos procedimientos ya se habían “agilizado” con lo que se conoció como el “paquetazo ambiental” a través de Ley 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), en el 2014. Podemos decir entonces que estamos avanzando un paso y retrocediendo dos o más.

El Congreso desarrollaría este 5 de junio el Pleno Ambiental. Foto: Andina

Las reformas efectivas son necesarias, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental debe ser una obligación, pero parece que muchas de las reformas propuestas solo buscan debilitar o destruir los avances que se han logrado por décadas. Las economías ilegales están devorando nuestra Amazonía y sus recursos naturales; la ilegalidad, la corrupción y la impunidad parecen los protagonistas de una mala película de terror que no tiene cuándo acabar y, al contrario, solo se repite y repite sin que nadie se atreva a cambiar de canal.

La ilegalidad se ha convertido en el mecanismo principal para explotar los recursos naturales en la Amazonía, como se constata día a día con el tráfico de oro, madera y fauna. La criminalidad es la manera organizada de promover estas actividades ilegales, mientras que la impunidad es la que impide combatir la ilegalidad y la criminalidad, permitiendo que crezcan y actúen libremente.

Entonces, el “Pleno Ambiental” es una oportunidad para romper con este círculo de impunidad, sobre todo para comenzar a recuperar los recursos que la criminalidad y la informalidad nos están arrebatando. Para seguir construyendo una institucionalidad fuerte debemos identificar mecanismos, fórmulas y estrategias que aborden, combatan y destruyan esta mala película y cada una de sus malas versiones, pero esto debe darse de manera estructural y con acciones sostenibles que nos permitan, como país, tener una visión y gestión integral del territorio y del aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de todos los peruanos, donde proteger lo nuestro no ponga en riesgo la vida.