• En el siguiente artículo, las autoras resaltan la trascendencia de este documento recientemente aprobado, el cual representa una oportunidad para reactivar la economía sin afectar derechos humanos.

 

Escriben: Katherine Sánchez y Fátima Contreras  

 

Uno de los temas de debate atual es cómo reactivar la economía luego de la grave crisis ocasionada por la pandemia. No obstante, esta discusión no puede darse al margen de los derechos humanos. Por eso, es importante conocer el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas (PNA), aprobado ayer, según lo anunció el Consejo de Ministros.

¿De qué se trata este documento y por qué es importante? ¿Qué implica y por qué es importante conocerlo y exigir su cumplimiento? Según el Ejecutivo, la PNA es una herramienta que servirá para disminuir la desigualdad de oportunidades en nuestro país y desterrar del mismo prácticas contrarias a la dignidad humana y a los derechos humanos.

Este plan, además, tiene como objetivo principal adoptar acciones para que todas nuestras políticas públicas sean coherentes con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, la competitividad y la inversión sostenible. Estos estándares internacionales se reflejan en los llamados Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos recogen 31 puntos para poner en práctica con el fin de proteger, respetar y remediar a) el deber del Estado de protegernos a todas y todos de los abusos contra nuestros derechos humanos que se puedan cometer en el marco de actividades económicas, b) la responsabilidad de las empresas nacionales y extranjeras de respetar nuestros derechos, y c) la necesidad de garantizar el acceso a mecanismos adecuados de reparación a las víctimas de los abusos cometidos.

La aplicación de estos principios en nuestro país no solo evidenciará que la protección de los derechos humanos no es incompatible con el desarrollo económico, sino que, incluso, podría guiar la tan buscada reactivación económica bajo estándares de equidad. Esto, además, en concordancia con los compromisos en torno al fortalecimiento y consolidación de la democracia ambiental, que esperan materializarse en una pronta ratificación del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.

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¿Cómo logrará ello?

El PNA se diseñó en un espacio multiactor en el que no solo se buscó detectar vacíos o incompatibilidades normativas, sino también resaltar los avances y las buenas prácticas desarrolladas por el sector estatal, empresarial, los pueblos indígenas, sindicatos y la sociedad civil en general. Así, desde el año 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumió la dirección de esta mesa multiactor en la que se desarrolló la línea base sobre diversos problemas que aquejan a nuestro país. Temas como los derechos de los pueblos indígenas, de las personas defensoras de derechos humanos o los problemas de la informalidad se han convertido en asunto de discusión y comentarios en busca de consensos.

Culminada esta primera etapa, los sectores de gobierno concertaron más de 90 acciones estratégicas que se darán a conocer con la publicación oficial de este instrumento y que orientarán la ejecución de actividades de las empresas en nuestro país en los próximos años. Estas acciones se adecúan a los Principios Rectores.

¿Cómo influye el PNA en el contexto de la pandemia?

Uno de los factores que impactó y obligó a repensar la estrategia que contendría este plan se vincula con la emergencia sanitaria. Esta situación fue vista como una oportunidad para recopilar información sobre cómo la pandemia ha impactado en la estrecha relación entre el desarrollo económico y los derechos humanos.

En este sentido, la incorporación de este enfoque y de problemas antes invisibles, nos permite contar con un PNA más ajustado a la realidad y que puede conminar a todos los niveles de gobierno a tomar medidas específicas. Estas medidas deberían garantizar que las acciones que se autoricen en el marco de la reactivación económica no impliquen abusos contra los derechos humanos de los grupos vulnerables de nuestro país que, además, han sido los más golpeados por esta crisis.

En los últimos meses, por momentos, teníamos la impresión de que no había forma de reactivar la economía que no pasara por vulnerar los derechos humanos de una gran mayoría de peruanos y peruanas. Sin embargo, propuestas como la del PNA nos muestran que no debe ser así y que, por el contrario, con decisiones concertadas y voluntad política, es posible alcanzar la reactivación económica al mismo tiempo que se respetan estos derechos. Ese equilibrio debería ser nuestro objetivo.