• “El diseño, implementación y evaluación de la política que se espera construir deberá realizarse considerando los enfoques intercultural, de género, generacional y de territorio”.

Escribe: Valeska Ruiz Peña / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

La  semana pasada se publicó la Resolución Ministerial 308-2024-PCM, que determina el inicio del proceso de formulación de la Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales y crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dada su responsabilidad en la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la PCM, el conflicto social es “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia”. La PCM y la Defensoría del Pueblo coinciden en determinar que existen diferentes tipos de conflictos sociales, pudiendo ser socioambiental, comunal, laboral, por demarcación territorial, por asuntos de gobierno nacional, local o regional, o por otros asuntos.

Los conflictos socioambientales, específicamente, son descritos por el Ministerio del Ambiente (Minam) como “la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente excluyentes entre dos o más actores acerca del uso, acceso, control, aprovechamiento o conservación de los recursos naturales. El conflicto socioambiental se inicia cuando los (potencialmente) afectados despliegan acciones con el objetivo de evitar un daño ambiental o lograr su recuperación”[1].

En el Perú tenemos un grave problema público relacionado con la alta conflictividad social que afecta el ejercicio de los derechos de las personas en el territorio. El Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo de octubre de 2024 determinó la existencia de 209 conflictos sociales: 163 activos de los cuales 89 están en proceso de diálogo y 46 latentes.

En este contexto, es oportuna la creación de una política nacional que dimensione el problema público asociado al que nos enfrentamos como país y establezca los lineamientos y las acciones que se deben implementar en un plazo de tiempo determinado para disminuir y transformar en soluciones dicha conflictividad. Es también saludable el establecimiento del grupo de trabajo para formular la propuesta. Sin embargo, corresponde recordar a la PCM el enfoque de derechos humanos; es decir, se debe colocar en el centro del análisis a los derechos humanos de las personas en su diversidad con miras a establecer las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos y revertir el problema.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos funcionan como lineamientos o pautas para la intervención de los Estados en los procesos de identificación y definición de problemas, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de políticas públicas. De esta manera, señala la CIDH, el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos pilares fundamentales: el Estado como garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección; y las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con la capacidad y el derecho de reclamar y participar[2].

Asimismo, el diseño, implementación y evaluación de la política que se espera construir deberá realizarse considerando los enfoques intercultural, de género, generacional y de territorio cuyas competencias ya se encuentran sectorizadas y determinadas en el Ejecutivo, solo así la gestión y transformación de conflictos puede ser efectiva. Sin embargo, llama la atención que el grupo de trabajo creado no considere dentro de sus integrantes a 2 sectores: el Ministerio de Cultura (Mincul), que es el ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios, incluyendo a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) así como implementador de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, Política Nacional de Cultura al 2030 y la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuyo mandato implica promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en las instituciones, públicas y privadas; políticas, planes, programas y proyectos del Estado, así como diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas para las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes internos; además de la implementación de la Política Nacional para la Igualdad de Género.

Es fundamental la articulación intersectorial y apostar por implementar los mandatos que constituyen la institucionalidad estatal que se encuentra regulada en el país, a fin de asegurar medidas efectivas para la diversidad de ciudadanía que se alberga: 51 pueblos indígenas, otros grupos de diversidad étnica, lingüística, cultural, generacional y de género.

El inicio del proceso para formular la Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales permite el ejercicio de la participación de representantes acreditados de la sociedad civil, academia, gremios empresariales, entre otros siempre que dicha participación contribuya a los objetivos. La oportunidad está abierta para contribuir y vigilar en esta etapa.

 

 

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[1] Sernanp y SPDA, 2016

[2] Bidegain, 2017