• Nuevamente, Perú queda atrás en la democracia y gobernanza ambiental. Esta vez, con la suspensión del país en la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un espacio al que se sumó de forma voluntaria para trabajar en la mejora de transparencia y rendición de cuentas. Este incumplimiento se suma al rechazo del Congreso hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú. 

Escriben: Fátima Contreras y Pámela Ramirez / Programa de Política y Gobernanza Ambiental

 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) es una iniciativa que reúne en los países implementadores a representantes del Gobierno, de empresas extractivas y gremios, a la sociedad civil y organizaciones internacionales para trabajar de manera conjunta en implementar estándares de transparencia y rendición de cuentas. 

Esta semana, la EITI anunció que Perú ha sido suspendido temporalmente de esta alianza por no presentar informes sobre el desempeño de actividades extractivas del sector minero e hidrocarburos. Los informes EITI transparentan la información de las actividades petroleras, de gas y de minería en el país, con el fin de dar a conocer cifras detalladas sobre las contribuciones e impactos del sector y reúne información sobre licencias y contratos, supervisión a la producción, generación de renta y tributación, distribución de la renta, aporte social y económico, seguimiento ambiental, entre otros.

La información que debía remitir el Gobierno peruano correspondía al octavo informe del periodo de 2019-2021, de acuerdo al plan de trabajo aprobado inicialmente; sin embargo, aunque el plazo de entrega fue ampliado, no se cumplió con este compromiso lo que conllevó a la suspensión del país.

Desde 2005, el Perú es parte de la iniciativa EITI luego de implementar voluntariamente una serie de medidas relacionadas a garantizar la gobernanza de la iniciativa y mecanismos de transparencia para asegurar el cumplimiento de los estándares de dicha iniciativa para la transparencia y rendición de cuentas de las actividades extractivas. Lamentablemente, estos esfuerzos han sido en vano ya que, de mantenerse la suspensión a Perú, el consejo de EITI podría considerar la exclusión del país. 

¿Qué significa la suspensión de Perú a la EITI?

De acuerdo con lo indicado por la EITI, Perú tiene hasta el 30 de setiembre de este año para presentar el informe pendiente de envío. En caso no se publique, Perú será suspendido hasta que el Consejo de la iniciativa pueda corroborar que el país ha cumplido satisfactoriamente con el compromiso de transparentar la información del sobre pagos y gastos socioambientales correspondientes al 2019. Sin embargo, si la suspensión dura más de un año, el Consejo podrá considerar la posibilidad de excluir a Perú de la lista de países que forman parte de la EITI.

Esta suspensión es un claro retroceso a los esfuerzos del país para asegurar el escenario de transparencia y rendición de cuentas que favorece al fortalecimiento de la democracia ambiental del país y por tanto, también el clima de inversiones y, con ello, la calidad de las mismas. También es evidente que el pronunciamiento de la EITI es resultado del insuficiente desempeño del país en trabajar en los estándares de la iniciativa que permiten poner a disposición de la ciudadanía, empresas y gobiernos, la información de los recursos provenientes de las actividades extractivas. 

Así, es peligroso para la democracia y gobernabilidad que Perú demuestre este comportamiento para el país y para la región, pues visibiliza la falta de interés en continuar con la agenda en temas de transparencia y, en general, sobre la democracia ambiental del país, agenda que se ha venido construyendo por años y que aún es urgente que sea priorizada por las autoridades de distintos niveles. 

Alerta para la democracia y gobernanza ambiental

El anuncio de la suspensión del país en la EITI pone en relevancia otras plataformas multilaterales. Es importante poner sobre la mesa que este es un compromiso común con otras iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Escazú, las cuales deben sumar sinergias por los muchos elementos en común que tienen entre ellas, además de las coincidencias entre sus planes y agendas.

Estos cuatro espacios no solo proporcionan mejores estándares que fortalecen la transparencia de la información, sino también garantizan la participación de la ciudadanía al darle un rol protagónico, activo y vigilante, para así contribuir al desarrollo sostenible y fortalecimiento de la confianza en el Estado.

El Acuerdo de Escazú aún continúa en el archivo y a la espera de la decisión del Congreso de la República para que el país pueda adherirse e iniciar su implementación junto con los países de América Latina y el Caribe. Mientras que OGP espera iniciar un nuevo proceso de elaboración del Plan de Acción país para establecer nuevos compromisos para un nuevo periodo de implementación.

No debemos de restar importancia al trabajo a favor de la transparencia, ya que es pilar de la democracia ambiental y de otros derechos como la participación pública y la administración de justicia que significa la principal herramienta para la lucha contra la corrupción. Tampoco debemos hacerlo con la participación del país en estos espacios pues además de significar una oportunidad para trabajar en la modernización del Estado y respaldar derechos, es una oportunidad para integrar sus planes, metas y objetivos para alcanzar su conjunción y avanzar en la democracia ambiental, derechos humanos, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

La implementación del compromiso de la iniciativa EITI para fortalecer la transparencia de información y la rendición de cuentas ha significado un gran paso hacia la construcción de la democracia y gobernanza ambiental más sólidas. Es reprochable que retrocedamos en el trabajo para garantizar derechos y en el fortalecimiento de la institucionalidad.