Escribe: Nicolas Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR)

 

El 27 de septiembre del 2024, el Acuerdo de Escazú cumplió seis años desde que, en el marco de un evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados.

Como es previsible, este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, así como en varios otros Estados que fueron de los primeros en firmarlo en el 2018 (y cuyas actuales autoridades en el Poder Ejecutivo, seis años después, no consideran oportuno apoyar su aprobación legislativa). De igual manera, el pasado 4 de marzo, fecha en que se adoptó en el año 2018 este valioso instrumento regional en el cantón costarricense de Escazú, el mismo mutismo e indiferencia se observaron en Costa Rica.

No obstante el desinterés por parte de algunos Estados, el pasado 25 de septiembre Colombia procedió a culminar un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación. De esta manera, Colombia se convierte en el Estado Parte número 17. A diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, resaltó la presencia de sus máximas autoridades en la delegación oficial presente en Nueva York.

Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas.

Breve recuento sobre la tramitación en Colombia

Desde el 5 de noviembre de 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del tratado internacional.

No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:

• La ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996.
• La ley que aprobó el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008.
• La ley que aprobó la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010.

En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del tratado.

A la fecha, en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el tratado, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en Nueva York.

Entre los Estados de América Latina que ni siquiera lo han firmado (un acto que recae en el Poder Ejecutivo), persisten al momento Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

El Acuerdo de Escazú: viento en popa

Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica, la tercera Conferencia de Estados parte al Acuerdo de Escazú (COP3) se realizó en Santiago de Chile, en abril del 2024.

Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023.

El éxito del Acuerdo de Escazú se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes, sino también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación, elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del tratado, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022.

En lo que respecta específicamente a la implementación, Chile es posiblemente el país que más esfuerzos está realizando desde que es Estado parte. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú. Asimismo, en octubre del 2023, Argentina se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú», precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina», elaborada desde la misma CEPAL.

Resulta oportuno indicar que, en el mes de mayo de 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú.

Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.

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