Foto: Andina
Escriben Carlos Trinidad y Samín Vargas / Programa de Pueblos Indígenas, Biodiversidad y Desarrollo de la SPDA
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La conservación de la biodiversidad es una herramienta clave para el cuidado del ambiente y un mecanismo eficaz para combatir el cambio climático. No obstante, también es un motor innegable para diversos sectores de la economía nacional: el 80% de las cuencas hidrográficas del Perú se encuentran en áreas naturales protegidas (espacios clave para la conservación) y el 60% de la energía hidroeléctrica proviene de estas (Leon, 2007). Según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el turismo en áreas naturales protegidas aporta a la economía nacional S/ 637 millones, y el aprovechamiento sostenible de flora y fauna alcanza S/ 89 millones, incorporando la participación de las poblaciones locales en esta actividad.
En un escenario conservador, el aporte estimado de la conservación a la economía nacional es de S/ 726 millones por año. Este cálculo no considera el impacto generado por las áreas de conservación regionales o privadas, ni el proveniente de concesiones para conservación. Tampoco se ha contabilizado el aporte de la conservación dentro de territorios indígenas, por lo que el impacto económico podría ser mayor. Adicionalmente a esto, debe considerarse los beneficios cualitativos de la conservación en relación con la seguridad alimentaria, su contribución al bienestar de las personas y sus aportes a la reducción de la desnutrición crónica infantil y pobreza.
Sin embargo, a la fecha, el Perú no logra cubrir las necesidades de financiamiento de conservación. Solo en el caso de las áreas naturales protegidas la brecha financiera es de USD 18 millones por año, y básicamente representa los costos asociados al monitoreo y vigilancia, saneamiento físico legal, restauración de áreas degradadas, inversión en infraestructura y equipamiento para impulsar turismo, planes de negocios de productos sostenibles, entre otros.
Para lograr la reducción de la brecha financiera de la conservación, es necesario diversificar su portafolio financiero, complementando el uso de mecanismos de financiamiento existentes con la implementación de opciones nuevas e innovadoras, principalmente en tres líneas: articulación público privada (concesiones de gestión de áreas naturales o tercerización de líneas claves), opciones fiscales (impuestos, contribuciones e incentivos fiscales, e instrumentos que incorporen el enfoque ambiental en la asignación del gasto público (canon, regalías y fondos concursables) .
Un ejemplo innovador podría ser la implementación de esquemas de asociación público-privadas para la gestión de áreas protegidas, ya sean financiadas o cofinanciadas, habilitando que empresas especializadas administrar y gestionar las áreas naturales protegidas con potencial para generar retornos, a cambio de exclusividad en el aprovechamiento de determinados recursos naturales (turismo, productos forestales, entre otros). Así, el Estado sigue manteniendo el dominio público sobre estas áreas, pues mantiene sus funciones de rectoría, fiscalización y supervisión, pero redirige sus esfuerzos a la gestión de las áreas que no tengan ese potencial. Este instrumento funciona con éxito en algunos países, como Sudáfrica, Chad y Zanzibar, y algunos países de la región como Colombia y Brasil piensan implementarlo en el corto plazo.
Estas u otras opciones pueden ayudar a consolidar la idea de que apostar por el financiamiento de la conservación en el Perú no es un costo, sino una inversión con altos retornos para el país.
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