«Es necesario cambiar de los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo a un enfoque ecosistémico sostenible y basado en derechos humanos”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, experto de la ONU. Foto: Ojo Público

• Experto de la ONU encontró que el Estado peruano prioriza concesiones de agua para empresas mineras que ponen en riesgo la potabilidad y disponibilidad de este recurso para consumo humano.
• Para el análisis se recogieron testimonios de ciudadanos de Loreto, Puno, Cajamarca, Tumbes, Piura, Cusco, entre otros

¿El Gobierno de Perú está cumpliendo con el derecho humano de brindar acceso al agua potable y saneamiento? Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU, visitó el país en diciembre y se reunió con autoridades, sociedad civil y pueblos indígenas para analizar los problemas que obstaculizan este derecho. 

Aunque la Constitución Política reconoce la prioridad del agua para consumo humano de acuerdo con los estándares internacionales, para Arrojo-Agudo este precepto legal en la práctica no se cumple. 

Un ejemplo es lo que ocurre en la ciudad de Cajamarca, donde el 70 % de las personas beben las aguas antes utilizadas por la empresa minera Yanacocha Newmont. 

“Hace años que la empresa secó los manantiales del nacimiento del río Grande, que históricamente abastecía a la ciudad. En la actualidad la empresa vierte al cauce los caudales previamente bombeados del acuífero y usados en sus procesos productivos para ser distribuidos a la población como agua potable, quebrándose así el precepto constitucional de prioridad», señala el experto de la ONU en su informe. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) niega evidencias de contaminación tóxica. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) señala que más de 10 millones de peruanos (31.15 % de la población) ingieren metales pesados en el agua que reciben. Pasco, Puno, Amazonas, Callao, Madre de Dios, Moquegua, Cusco, Ucayali, Lambayeque son las regiones más afectadas. 

«Yo atiendo los partos en mi comunidad, decía María, y nunca vi tantos abortos y niños con malformaciones. Mueren niños y niñas, pero también madres y padres que dejan huérfanos. Todas las analíticas nos dan metales pesados en sangre…», señala uno de los testimonios de las madres y mujeres indígenas de Iquitos. 

Cambio climático y escasez de agua

Perú es un país extremadamente vulnerable frente al cambio climático. Arrojo-Agudo señala que la acelerada fusión de glaciares andinos viene reduciendo la capacidad de regulación natural de los caudales fluviales en la vertiente pacífica. Además, está ocurriendo la reducción de precipitaciones en la cordillera por la degradación del bosque amazónico. 

El experto también resalta que la acción humana directa viene agravando la vulnerabilidad del país frente al cambio climático, al imponer estrategias productivas insostenibles, tanto en el ámbito de la minería, como de la agroexportación y de la explotación petrolera en Amazonía.

El relator presentará un informe completo con sus hallazgos y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en septiembre de 2023. Sin embargo, presenta algunas recomendaciones preliminares respecto a los vertidos tóxicos:

• Detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e implementar de manera efectiva la «Ley de protección de cabeceras de cuenca», garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas.
• Activar con urgencia la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales con la adecuada financiación.
• Generar legislación que enfatice en la gestión sostenible -regulación y monitoreo- de los acuíferos subterráneos con participación de la sociedad civil, clausurando pozos ilegales y evitando nuevas concesiones que agraven la insostenibilidad.
• Priorizar la satisfacción de los abastecimientos de agua potable de forma continua sobre los usos productivos.
• Permitir la investigación y monitoreo independiente y transparente de la posible contaminación tóxica de abastecimientos y análisis epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública.
• Garantizar la total transparencia de los contratos de minería y de la gestión de las explotaciones, tanto en lo que se extrae como en los vertidos generados, con seguimiento abierto a la participación ciudadana.

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— Pedro Arrojo Agudo, UN Special Rapporteur (@SRWatSan) December 15, 2022