Lizardo Cauper, presidente de Aidesep
- La organización indígena denuncia «desatención evidente y reiterada discriminación» a las comunidades nativas en la lucha contra el COVID-19.
Por Luis Chacón
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) informó que la demanda presentada contra el Gobierno peruano ante Naciones Unidas (ONU) por «desatención evidente y reiterada discriminación» en los planes para enfrentar al Coronavirus, fue aceptada.
Según informa Aidesep en su sitio oficial, la ONU no solo atendió la solicitud, sino que la derivó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“De acuerdo con su solicitud hemos remitido su comunicación a procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, relevantes, incluyendo la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la ONU, para su información y consideración, así como el secretariado del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)”, indica la misiva dirigida a la Aidesep.
“Así mismo, le comunicamos que su carta también fue remitida a nuestra Oficina Regional para América del Sur, con sede en Santiago (Chile), quienes vienen dando seguimiento al impacto del COVID-19 en los derechos humanos en Perú”, finaliza la respuesta sobre la demanda contra el Gobierno peruano.
Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, precisó que las comunidades amazónicas necesitan de parte del Gobierno kits de bioseguridad, con víveres de primera necesidad e información oportuna y de calidad sobre el COVID-19.
Asimismo, indica en la demanda que el Gobierno peruano se ha enfocado en planes a favor de ciudades y empresas, descuidando «una acción sistemática e intercultural» en la lucha contra el Coronavirus.
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La organización indígena responsabiliza al Gobierno central y gobiernos regionales de 11 departamentos ante el peligro de un “etnocidio generado por la inacción y discriminación del Estado peruano».
El documento emitido a la ONU también precisa que un 10% de los casos de COVID-19 registrados en Perú se dieron en zona amazónica, donde Loreto destaca por ser la región más afectada. Asimismo, denuncian que existe una reacción “lenta y sin orientación” de las autoridades, tras conocerse el primer caso de contagio de una pareja del pueblo shipibo-conibo, en Puerto Bethel, Ucayali.
Aidesep además advierte el peligro que corren las comunidades que limitan con otros países como Brasil y Colombia, debido a que muchos funcionarios han sido «incapaces de hacer respetar la norma de cuarentena en diversos puntos de los ríos y carreteras amazónicas».
Los indígenas amazónicos también piden a las relatoras especiales de Pueblos Indígenas de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitar al Gobierno peruano un informe sobre políticas que garanticen la supervivencia de pueblos indígenas, además de que estas sean implementadas de forma urgente para frenar la propagación del COVID-19 en dichas zonas.
La demanda exhorta a que el Comité Especial de Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU y a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEARC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) condenen la situación actual que viven miles de comunidades frente a la amenaza del coronavirus.
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