• Según la Dircetur de Cusco, no se ha considerado a las comunidades indígenas por un tema de seguridad, debido a lo “complicado” que es “velar por el cuidado” de estas poblaciones.

 

A fines de mayo, el Gobierno regional de Cusco presentó un plan de reactivación de la economía que proyecta una inversión superior a los S/ 3700 millones que beneficiaría a 100 mil empresas, además de reiniciar obras públicas como el hospital Antonio Lorena, el aeropuerto de Chinchero y la Vía de Evitamiento.

No obstante, en el documento al que tuvo acceso Ojo Público, no se especifica el dinero que será destinado a las comunidades indígenas. Lo único que se indica es que 30 millones de soles serán invertidos en el sector turismo, el más importante en la región del sur.

Hay que tener en cuenta que, según el Ministerio de Cultura, las comunidades amazónicas y quechuas representan el 27% de la población total de Cusco divididos en ocho pueblos indígenas como son los quechuas, matsigenka, yine, harakmbut y asháninka, haciendo un total de 335 mil personas.

De este grupo, el 75% de la población originaria tiene acceso a agua y solo un 48% al servicio de desagüe. En temas de salud, el 78% cuenta con un seguro y hasta la fecha, según información de la Dirección Regional de Salud del Cusco, la región presenta 1742 contagios por COVID-19, aunque se desconoce la cifra exacta en comunidades.

Plan regional

La primera etapa del plan regional de Cusco señala la “implementación, fiscalización y monitoreo de protocolos de bioseguridad en los prestadores de servicios turísticos e implementar bonos de subsidio para el artesano”, lo que tampoco aclara si se incluyen a las comunidades.

En cuanto a la segunda fase prevista para el 2021, se espera lanzar la campaña “Cusco cero COVID-19” con la finalidad de retomar el turismo nacional e internacional, además de certificar a todas las empresas que hayan implementado los protocolos de bioseguridad y continuar con las obras públicas que representan una inversión de casi 13 millones de soles.

Mientras que en la tercera fase, programada para el 2022, se espera identificar nuevos mercados en el rubro artesanal y continuar con la certificación de productos que puedan ser exportados.

Gobierno regional responde

Según Karen Nin Monterroso, directora de Turismo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cusco, no se ha considerado a las comunidades indígenas por un tema de seguridad, debido a lo “complicado” que es “velar por el cuidado” de estas poblaciones.

“Lo que nosotros queremos trabajar son protocolos especiales para las comunidades, porque es diferente a lo que podrían hacer otros prestadores de servicios. Vamos a ver cómo sería la reactivación del turismo comunitario (…) Ellos no solo brindan el servicio de hospedaje sino también alimentación y dan a conocer sus costumbres. Todo eso debe tener un protocolo que vamos a trabajar. Espero que para la quincena del mes de julio podamos tener al menos algún avance respecto al protocolo para el turismo rural comunitario”, indicó Nin a Ojo Público.

Crisis en comunidades

En la investigación en mención se toman los casos de diversas comunidades, como la actualidad de Tangoshiari, ubicada en el distrito de Megantoni, donde viven 150 indígenas Matsiguenga y Kakinte con miedo a ser infectados por este coronavirus y a la espera de mayores víveres, pese al millonario canon que existe por el gas de Camisea.

Quienes también son mencionados en la nota de Ojo Público son los comuneros quechuas del Valle Sagrado de Los Incas, quienes trabajaban como porteadores y ahora se encuentran desempleados. Lo mismo sucede con la comunidad de Willoq (Valle de Urubamba) y las distintas actividades que han tenido que paralizar: turismo vivencial, hospedaje, etc.

En esta última comunidad, en abril, se registró un muerto por COVID-19, un hombre adulto que llegó desde Vilcamaba para laborar cosechando papa. Esto llevó a que se realicen pruebas rápidas a quienes tuvieron contacto con el fallecido. Afortunadamente, el total de resultados fue negativo y las personas se mantienen aisladas por precaución.

En el distrito de Ollantaytambo, donde viven 36 comunidades originarias, las personas vivían del turismo rural comunitario y algunos hasta pidieron préstamos para adecuar sus casas para volverlas centros de hospedaje, situación similar a Amaru, ubicada en el distrito de Pisac, provincia de Calca, donde también emprendieron mejoras para recibir a cientos de turistas sin imaginar la crisis que vivirían por la pandemia y a la espera del apoyo del Gobierno.

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