Foto: Diego Pérez / Oxfam

• Según informó IDL, la empresa había realizado actividades agrícolas intensivas de cultivo de palma aceitera sin contar con los permisos correspondientes.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a la empresa de palma aceitera Ocho Sur P. S.A.C. (antes Plantaciones de Pucallpa) con el pago de una multa de S/ 8 946 373.6 y la paralización de sus actividades.

Según informó el Instituto de Defensa Legal (IDL), el 31 de julio de este año, la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (SFAP) del OEFA, inició un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa por una serie de infracciones ambientales cometidas en el llamado Fundo Tibecocha, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Mediante la Resolución Directoral 01304-2020-OEFA-DFAI, el OEFA confirmó las infracciones ambientales y declaró la responsabilidad de Ocho Sur P. El organismo demostró que la empresa había realizado actividades agrícolas intensivas de cultivo de palma aceitera sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Agricultura y Riego.

[Ver además ► Multan a empresa Tamshi por casi S/ 130 millones y paralizan sus actividades agrícolas]

Sustancias peligrosas

El IDL también informó que el OEFA demostró que la empresa sancionada tampoco había cumplido con realizar medidas para evitar o impedir el uso de sustancias tóxicas (agroquímicos como pesticidas y plaguicidas) que puedan tener efectos adversos al suelo de aptitud forestal.

Por otro lado, OEFA constató que la empresa dispone de los residuos sólidos peligrosos (sacos de urea y de cloruro de potasio, frascos veterinarios y mochilas fumigadoras) y no peligrosos en lugares no autorizados. Finalmente, también evidenció que Ocho Sur P. no contaba con un almacén central para el almacenamiento de sus residuos sólidos peligrosos, incumpliendo lo establecido en el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (aprobado por el Decreto Supremo 014-2017-MINAM).

Conflicto

El IDL también recordó que la plantación de palma aceitera de dicha empresa, cuya extensión oscila en 7 mil hectáreas, es parte del territorio ancestral de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya. Sin embargo, agrega IDL, sus tierras les fueron arrebatadas por un grupo de traficantes que luego las vendieron a Plantaciones de Pucallpa, la cual no tardó en iniciar una deforestación progresiva y a gran escala.

Desde entonces, la comunidad exige la recuperación de su territorio a las diferentes autoridades judiciales y administrativas. Precisamente, tanto Santa Clara de Uchunya como la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) han participado en este procedimiento como terceros con interés legítimo.

“Este es un caso emblemático de cómo una comunidad indígena en la Amazonía peruana viene resistiendo a las agresiones de la agroindustria transnacional. Ahora corresponde al Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, en segunda instancia administrativa, confirmar las sanciones y medidas correctivas en contra de la empresa, en aras de proteger a los pueblos indígenas y a la enorme biodiversidad que albergan sus territorios”, señaló IDL.

[Documental explica el caso Tamshiyacu y otros conflictos en la Amazonía peruana]