Escribe Marc J. Dourojeanni[2] / Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Es bien conocido que el sector forestal peruano no satisface las expectativas de la sociedad. Esa es una realidad que es evidente cuando se sabe que, pese a ocupar el noveno lugar en el mundo por la extensión de sus bosques, ni siquiera consigue abastecer su propia demanda de productos forestales. Además, los bosques peruanos están siendo destruidos y degradados a un ritmo creciente, con graves impactos ambientales. Una de las principales causas de esta situación es el estilo de gestión forestal que se reitera por décadas, pese a las evidencias de su fracaso. En esta nota se resume esa situación mencionando sus ocho errores principales.

 

Que algo anda mal en el sector forestal peruano no es novedad. Esa es una realidad que se prolonga por décadas y que es evidente con: (i) la pérdida anual de enormes extensiones de bosques valiosos literalmente transformados en humo, agravando el cambio climático,  (ii) la gran superficie deforestada y habilitada para agricultura o pecuaria que no produce nada o casi nada cada año, (iii) la informalidad que domina la extracción de madera así como de otros productos del bosque, (iv) la reiterada vergüenza de tener que admitir que gran parte de la madera exportada es ilegal y, (v) una reforestación mínima si comparada con el potencial y con lo que hacen los países vecinos. Pero la mejor prueba de que existe un grave problema es que el sector forestal de un país como el Perú, que ocupa el noveno lugar entre todos los países del mundo por su extensión de bosques, no contribuye ni con el 1% de su PBI y que, para colmo, es un importador neto de productos forestales.

Una de las principales causas directas del mal uso del patrimonio forestal es la persistencia en un estilo de gestión forestal que, después de cinco leyes en 50 años, las que machacaron todas sobre la misma tecla, ha demostrado que no funciona. Ocho importantes errores persisten.

Algunas cifras

El bosque natural[3] peruano, que hasta hace 60 años cubría más de 77 millones de hectáreas, hoy ha perdido entre 12  y  18 % de su extensión original, según los parámetros que se usen para el cálculo. Apenas entre los años 2000 y 2017 se ha derrumbado y quemado 2,1 millones de hectáreas, que fueron sustituidas por una agricultura precaria o por bosques secundarios de bajo valor. En 2016 se eliminó 164.700 hectáreas de bosques nativos

De los más de 8 millones de hectáreas oficialmente deforestadas en la Selva –en realidad, la deforestación acumulada es mucho mayor- mal se usa para  agricultura unos 2,2 millones de hectáreas que producen, cada una, varias veces menos de lo que podría si se le aprovechara medianamente bien aprovechando la tecnología agrícola disponible. Dicho de otro modo, se elimina el bosque pero pocos años después  se abandona casi sin uso la mayor parte de la tierra ya habilitada.

De otra parte, la explotación forestal actual es agotante y nunca alcanzó a producir siquiera el 1% del PBI, de lo que la mayor parte es leña.  Por no respetar pautas técnicas ni las reglas establecidas, esa explotación degrada algunos millones de hectáreas a cada año. Se estima que  hasta el 60 % de los bosques que no fueron eliminados  ha sido seriamente degradado por la extracción forestal selectiva, por caza o extracción abusivos, o por contaminación petrolera y minera.

Finalmente, pese a que el Perú posee más de 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación, sus plantaciones forestales ocupan una extensión ínfima  y son de baja productividad, en especial si se compara esa situación con la de sus vecinos Chile y Brasil. Por todo eso el Perú no cubre su propia demanda, siendo un importador neto de productos forestales.

¿Por qué ocurre eso? 

Esto ocurre, obviamente, porque la pobreza y la ignorancia aún predominan en la sociedad, acarreando informalidad y corrupción y asegurando la permanencia de una clase política que solo piensa en darse bien pero no en construir el país que es deseable.  En ese tipo de sociedades lo urgente siempre pasa delante de lo importante y, por eso, todo va de mal en peor. Pero eso no es novedad. Ese contexto sociopolítico tiene muchas facetas que impactan directamente en la cuestión forestal como, por ejemplo, el atraso considerable de la regularización de la tenencia de la tierra en la Selva y que, los pocos que se proponen cumplir las reglas sufren la presión de la burocracia mientras que los que las violan no enfrentan problemas.

Entonces, para el pobre que no tiene alternativa, así como para el rico que sólo piensa en ser más rico en una sociedad sin control social, la única opción viable, además de fácil y rentable, es deforestar para plantar, criar vacas o sacar oro aluvial, y asimismo, degradar el bosque tirando desordenadamente sus maderas y cualquier producto de valor que contenga.

La gestión forestal, en ese contexto, enfrenta dificultades casi insalvables para racionalizar el uso y asegurar la conservación del recurso a su cargo. Pero parte importante de la causa de este escenario tan desfavorable está en el propio sector forestal peruano que persiste en un estilo de gestión que ya demostró no funcionar dada la realidad socioeconómica.

Primer error. No aceptar plenamente que los servicios ambientales del bosque natural son más importantes que su rentabilidad económica convencional.

Cualquier análisis económico integral demuestra que el bosque es mucho más valioso por sus servicios ambientales que como productor de madera y otros bienes. Si bien hay una cierta compatibilidad entre ambas opciones de aprovechar los beneficios del bosque, ésta es difícil de alcanzar ya que implica aplicar el concepto de sostenibilidad que, como se sabe, en gran medida es una utopía. Para el futuro de cualquier nación es mucho más importante tener bosques naturales que explotarlos. La madera puede ser reemplazada por otros materiales, como plástico y metales. Pero  la calidad del aire, la disponibilidad de agua, la regulación del clima  y el mantenimiento de la diversidad biológica, son insustituibles y, lo que es más importante, son esenciales para la vida.

Esta realidad ha tomado mayor vigencia con las evidencias de la importancia del bosque tropical como sumidero de carbono tanto en la biomasa como en el subsuelo y del impacto de su liberación con relación al cambio climático. La confirmación de la teoría de los “ríos voladores” cuya fuente es la transpiración de los bosques amazónicos  ha agregado otra dimensión enorme a esas realidades.  El problema es que esos servicios para los peruanos y para la humanidad, a pesar de las interminables discusiones internas[4] e internacionales, no han culminado en pagar efectivamente a los que cuidan del bosque.

La consecuencia práctica de esa situación es, que a pesar de los esfuerzos de la corriente conocida como economía ecológica, los aportes de los servicios ambientales no han penetrado en las mediciones y cálculos de la economía convencional. Es decir que las promesas de retribución concreta, en dólares contantes y sonantes, por conservar bosques para frenar el cambio climático o para proveer agua limpia y regular a las ciudades, no se han materializado.

Pero ese momento, aunque demore, llegará sin duda. Mientras tanto, hay muchas opciones bien conocidas de hacer más rentable el aprovechamiento sostenible del bosque…. Pero todas esas opciones son posibles si existe respeto a la ley… y siempre y cuando la ley sea sensata, lo que no es el caso[5].

Segundo error.  La responsabilidad del manejo de los bosques naturales  públicos debe ser del Estado, pero este deja el problema al sector privado.

Es preciso recordar que el manejo forestal es la expresión final y la más  decisiva de la gestión forestal[6]. En términos legales, la gestión forestal es en teoría ejercida por el Estado. Pero eso no ocurre con su última y más importante etapa que es el manejo forestal que es delegado en el sector privado.

Si el bosque natural es antes que todo un proveedor de servicios ambientales fundamentales que, por definición, son para la sociedad en su conjunto, la responsabilidad de su conservación y/o uso prudente  debe corresponder principalmente al Estado y no a los eventuales usuarios. Pero no es así.  Desde la primera ley forestal peruana, en 1963 y hasta la actualidad, la responsabilidad primaria del manejo sostenible de los bosques naturales públicos[7] reposa en el sector privado a través de contratos y ahora de concesiones en los bosques de producción, no siendo ejercida directamente por el Estado. Éste, apenas define las normas generales y pretende supervisar su aplicación.  Dicho de otro modo, el Estado actualmente tiene la pretensión de  hacer la gestión del recurso pero deja el manejo, en el mismo bosque, a intereses económicos particulares. La supervisión del manejo es, lamentablemente, muy deficiente y por eso, en la realidad, los madereros o las empresas forestales prácticamente hacen lo que quieren.

Los planes de manejo forestal que son preparados por las empresas para cada concesión son, en general, basados en inventarios forestales deficientes y aunque eventualmente los planes sean de calidad razonable raramente son aplicados y nunca lo son en forma consistente  a lo largo del tiempo. Apenas son documentos rituales para poder explotar, transportar y comerciar la madera. El resultado es que tanto como el 90% de la madera extraída de los bosques naturales amazónicos es técnicamente  ilegal, lo que significa que su extracción compromete la capacidad de esos bosques de continuar brindando los servicios ambientales. Los esfuerzos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del   Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y de las administraciones forestales regionales no consiguen evitar esa situación ya que además de no disponer de los medios para hacerlo, tampoco “tienen la sartén por el mango”. Les resulta imposible supervisar lo que ocurre en 17,8 millones de hectáreas, de las que 9,4 millones están concedidos a cerca de 2.000 empresas, sin mencionar otras modalidades de extracción, como 3 a 4.000 permisos y autorizaciones.  Por eso, las concesiones forestales han sido un fracaso en términos de manejo sostenible, como constatado por el Osinfor, por la Defensoría del Pueblo  y, asimismo,  evidenciado por la alta desistencia de empresas concesionarias.

Por esos motivos el cambio más drástico pero indispensable es dar al Estado, la responsabilidad completa sobre el manejo del bosque natural, como la tiene ya sobre la gestión del recurso a nivel nacional. Es decir que los planes de manejo deben ser realizados por las agencias del gobierno competentes, como el antes mencionado Serfor y las administraciones forestales regionales y, esas mismas agencias, deben ejecutar su aplicación.

Tercer error. Asumir que el manejo de los bosques naturales ejercido por el Estado obstaculizaría el aprovechamiento de los bosques naturales por el sector privado.

La propuesta de que el manejo forestal sea realizado directamente por el Estado no reduce el rol del sector privado que continúa siendo el responsable de extraer la madera del bosque, transportarla, procesarla y comercializarla. Lo único que cambia es que la tan criticada y hasta ahora ineficiente estrategia de dar concesiones[8] grandes -o pequeñas- sobre el recurso forestal es reemplazada por subastas periódicas del volumen y de las especies de madera que pueden ser extraídos del bosque, de acuerdo al plan de manejo de cada unidad de manejo.  El plan de manejo de los bosques administrados por cada unidad forestal debe considerar abastecer, en la medida de lo posible, la demanda de las  industrias localizadas en ese ámbito. Esos planes son, obviamente, discutidos y aprobados con participación plena de todos los actores locales y su aplicación es supervisada con participación de la sociedad local, en especial de las industrias madereras que aprovechan la madera de esos bosques.

Esa es la forma en que se manejan los bosques naturales –a veces reconstituidos y naturalizados- públicos de la mayoría de los países desarrollados[9], a veces  desde hace siglos, y el buen estado productivo de los bosques en esos países demuestra que funciona bien y que la convivencia entre producción y conservación, aunque difícil, es posible. El sector privado, cuando explota bosques públicos, se libera de todos los costos y problemas que acarrea ser responsable del manejo. Por ejemplo, disponer de profesionales especializados en manejo, gastos de guardianía para evitar invasiones, costosas certificaciones o soportar las supervisiones periódicas por parte de reparticiones del gobierno. Apenas debe, cuándo entra al bosque a sacar la madera que ha comprado, cumplir las exigencias propias de la extracción, establecidas en el concurso al que aplicó.

El costo del manejo por el propio gobierno debe ser cubierto por el precio de la madera en pie –canon forestal- que es vendida por el gobierno. Con esos recursos, cuyo uso siempre es supervisado por  todos los actores locales al nivel de la unidad de manejo mediante consejos de gestión forestal, la autoridad forestal local contrata empresas que construyen las vías de extracción, hacen las labores silviculturales y vigilan el cumplimiento de la ley. Es obvio que eso implica un cierto crecimiento de la administración pública forestal, pero nada que no pueda ser cubierto por la producción maderera de bosques bien manejados.

Cuarto error. No dar a la madera de bosques naturales amazónicos el valor que realmente tiene.

La madera de los árboles nativos tropicales debe ser tratada como un producto muy precioso. No solamente por su belleza, raridad y diversidad, sino porque en muchos casos es el resultado de siglos de crecimiento lento, totalmente orgánico y natural. Cedro y caoba, entre tantas otras que tienen gran demanda internacional y que por eso generan hasta operaciones sofisticadas de contrabando y de corrupción, son apenas algunas del más de un millar de especies de maderas valiosísimas y hasta ahora totalmente desperdiciadas. Las maderas “baratas”, que si no son quemadas durante el desbosque, son en general usadas para cajonería, muebles populares o encofrados en la construcción civil cuando, si bien tratadas, son verdaderas maravillas para su uso en mueblería fina u para otros usos especiales y muy nobles.

No importa si se las exporta como productos acabados o semi-procesados o simplemente como trozas. Lo importante es que, desde el momento de su cosecha se las trate como se merecen. Es decir como si fueran la mejor uva para el vino más sofisticado o como si fueran el tabaco de alta calidad que dará lugar a los más finos cigarros. La madera amazónica, cuando escapa al desprecio, desperdicio  y mal trato que se le da en la región, se transforma en muchos de los productos más caros y preciosos del mundo. Se debe, pues, producirla con cariño y cobrar el alto precio que realmente tiene y abastecer una gran demanda crecientemente insatisfecha. Apenas hacer saber y promover la decisión de conducir la explotación maderera a ese escalón de calidad, puede rentabilizar el manejo forestal productivo sin perjuicio para los servicios ambientales.

Quinto error. Pulverizar la gestión forestal en tres ministerios y en las regiones y en muchas agencias y reparticiones.

De otra parte, en la actualidad, el pequeño sector forestal está literalmente descuartizado entre tres ministerios y los gobiernos regionales.  Una parte está en Agricultura (el Serfor), otra en Ambiente (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático), otra está en la Presidencia del Consejo de Ministros (el Osinfor) y, finalmente, mucho recae en las desimplementadas  administraciones regionales. La separación de funciones no es clara, existe descoordinación así como competencia desleal entre esas agencias tanto por fondos como por poder y, claro, los costos de la gestión forestal son innecesariamente multiplicados.

Aunque en beneficio de la descentralización y desconcentración de la administración pública sea necesario mantener y ampliar la regionalización, las otras tres agencias podrían estar todas reunidas en un solo sector. No hay, realmente, justificación actualmente válida para mantenerlas separadas. Más aún si se lleva en cuenta la absurda división de la gestión del recurso fauna, tema en el que no se entra en esta breve discusión.

Sexto error. El comando de la gestión de los bosques naturales debe ser del Ministerio del Ambiente.

Si la función principal del bosque natural y de su manejo es brindar servicios ambientales y si la producción de madera y de otros productos del bosque natural puede lograrse manteniendo razonablemente esa función, su gestión debe ser hecha por el sector del Estado que se ocupa del ambiente. De hecho ya son pocos los países en que la gestión del bosque natural aún se encuentra bajo comando del sector agropecuario, precisamente por las razones antes expuestas. En países donde el desarrollo forestal es muy importante existe una institucionalidad de nivel ministerial propia.  En otros, la mayoría, se le ha asignado a los ministerios que se ocupan del ambiente

Es que hay un antagonismo fundamental entre la función precipua del sector agrario -es decir la producción de alimentos y otros bienes- y la función de conservar los bosques naturales por la importancia de sus servicios ambientales. En efecto, antes de la actual explosión de minería ilegal, la agricultura era la única y aún es la principal causa de la deforestación. El subsector forestal, dentro del sector agrario, siempre ha sido secundario y sometido a decisiones fundamentadas en la constante necesidad de aumentar la producción agropecuaria. Es, en gran parte por eso que el subsector forestal peruano nunca consiguió desarrollarse bien.

El sector Ambiente ya es parcialmente responsable de la gestión de los bosques naturales. En efecto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) está a cargo de la preservación y manejo, inclusive productivo de bosques en algunas categorías de áreas protegidas, sobre unos 20 millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales. Este sector, asimismo, es responsable por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático que prioriza, por ejemplo, trabajar en tierras indígenas. Esas dos dependencias deben intervenir en más del 50% de los bosques del Perú y administrar  otro tanto de los  fondos destinados a los bosques naturales en el país.   Nada más lógico, pues, que entregarle el resto.

Es decir que el Serfor debería ser integrado al sector Ambiente y que este, a su vez, debería absorber al Programa Nacional de Bosques y quizá al Osinfor, simplificando la burocracia. El Osinfor fue un resultado del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU, para combatir la corrupción en el sector forestal. Si el manejo forestal es realizado por el propio Estado, el Osinfor pierde parte de su razón de ser. Puede convertirse en un órgano de control interno, aunque para eso ya existen otros mecanismos en cada ministerio.

Séptimo error.  Escaso apoyo efectivo a la reforestación con fines de producción.

Los bosques naturales son esenciales para mantener servicios ambientales pero los bosques cultivados son o deben ser la base de la producción forestal industrial. Pinos y eucaliptos no se siembran, en general, para mejorar el ambiente y si para producir madera o resinas que alimentan industrias mecánicas o químicas. No hay gran diferencia entre plantar eucaliptos y plantar cacao, café o palma aceitera. Es un tema perfectamente coherente con las responsabilidades de cualquier ministerio de agricultura.

La reforestación con fines industriales merece mucho más atención de la que recibe dentro de un servicio forestal convencional que tiene, como en el Perú, una larga tradición, aunque haya sido poco exitosa, de dedicación al bosque natural. La reforestación merece tener, en la administración pública, en el Ministerio de Agricultura, una institución propia y especializada, con rango elevado, similar al que se otorga a la agricultura o a la ganadería, a las que es en todo comparable. Potencialmente la silvicultura tiene tantas o más posibilidades de expansión que esas dos actividades juntas, especialmente ocupando las tierras deforestadas abandonadas o subutilizadas. Para desarrollar la reforestación en gran escala también se necesita mucha dedicación a la creación de una estrategia de incentivos económicos propia, como se ha hecho para lanzar los programas silvícolas de Chile y Brasil, cuyos PBI forestal son muy importantes gracias a la reforestación y  no a la explotación de sus bosques naturales.

Existe, como siempre, una área gris entre la reforestación para producción y la reforestación para restauración de ecosistemas degradados en la que el objetivo económico directo – producción de madera- es subsidiario al objetivo de conservar el suelo o de garantizar el abastecimiento de agua a centros urbanos o áreas agrícolas. En esos casos, es decir en los que están relacionados al manejo de cuencas hidrográficas, la coordinación intersectorial debe resolver lo que se hace en cada situación.

Octavo error.  Descuidar los bosques de protección o protectores que en un país montañoso como el Perú son claves para el manejo de las cuencas hidrográficas.

Los estudios disponibles sobre la capacidad de uso mayor de los suelos del Perú indican que en la Selva existen casi 19 millones de hectáreas, es decir grosso modo un 25% de esa región, cuyos suelos sólo serían aptos para ser conservados o protegidos. Aunque esa cifra puede ser discutible es evidente que la mayor parte de los bosques naturales de la Selva Alta y muchos de los que están en Costa y Sierra no deben ser eliminados pues se encuentran en pendientes muy fuertes, altamente erosionables y porque captan y acumulan agua. Mantenerlos no solo permite evitar desastres naturales que afectan vidas e infraestructuras sino que garantiza el abastecimiento de agua de calidad para las ciudades y agricultura de los valles, mantiene estable el caudal y el cauces de los ríos  y, también alberga gran parte de la biodiversidad y del potencial turístico del país.

Pero los bosques de vocación protectora -el término incluye toda la vegetación natural- no se restringen a los que cubren las fuertes pendientes andinas. En realidad la función protectora del bosque y de la vegetación natural se extiende asimismo a las riberas de ríos, lagos y lagunas; a las nacientes de agua, al tope de las montañas, a la que cubre y fija las dunas, etc. Sin la vegetación protectora en la borda de los ríos estos reciben muchos sedimentos, salen del cauce y destruyen cultivos y viviendas, la calidad del agua que conducen se deteriora y, por ejemplo, en el caso de las dunas, éstas avanzan sobre los pueblos y la agricultura.

Lo curioso es que a pesar de lo anterior, que es indiscutible, los únicos bosques de protección y protectores[10] que existen en el Perú cubren apenas 570.000 ha, es decir poco más del 0,8% de lo que realmente debería estar muy bien cuidado apenas en la Selva y quizá apenas 0,4% de lo que debería estar protegido en todo el territorio nacional. Es verdad que parte de los bosques con vocación protectora ocurren, en mayor o menor proporción, dentro de la mayoría de las áreas naturales protegidas, tales como parques, santuarios y reservas nacionales o comunales -que dependen del Sernanp- y en algunas otras áreas naturales protegidas regionales o particulares.    Quizá se cubra así hasta un 20% de lo que debería ser protegido en la Selva bajo el criterio de bosques de protección.   El resto, o sea la mayor parte de esos bosques, está dentro de tierras públicas no alocadas y en gran parte dentro de tierras de comunidades campesinas y nativas y, obviamente, también en propiedades privadas, grandes o pequeñas.

Esta situación deriva de un error iniciado con la ley forestal de 1975 y que, como otros errores, ha sido perpetuado en las leyes siguientes. El resultado es que, para defenderlos, se ha optado por crear una categoría especial de área natural protegida con el nombre de “bosques de protección” (Sernanp)  que requieren de un complejo ritual de creación, planos de manejo, presupuesto individual para infraestructura, personal, etc.  Por eso es que se crearon tan pocos y se abandonó la mayor parte. Ocurre que es simplemente imposible cuidar esos bosques en forma individualizada. Esos bosques cubren una extensión enorme y están en todas partes. Por eso, en casi todos los demás países del mundo, ese tipo de vegetación protectora es protegido por el simple efecto de una ley y no requiere declaraciones específicas que son apropiadas para las verdaderas áreas naturales protegidas, cuya función primordial es la conservación de muestras representativas de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Decidir cuál es el pendiente límite -en general por encima de 45º- o el ancho del bosque a ser protegida en la ribera de los cursos de agua –que depende del caudal- es un tema técnico, variable con una serie de situaciones, que debe ser reflejado en la ley.  Pero, las normas deben ser claras y muy simples de aplicar y verificar. La responsabilidad de proteger esos espacios es de cada ciudadano y de cada propietario y, como en el Brasil entre otros países, ese tipo de legislación es estrictamente aplicado por las autoridades agrarias, forestales y ambientales y asimismo por el Ministerio Público, pues no respetarlo implica perjuicios graves a toda la sociedad.  En el Brasil la falta de respeto a esa legislación implica imposibilidad de conseguir préstamos agrarios; venta, compra o alquiler de propiedades rurales, además de multas y de la obligación de recuperar o compensar los bosques destruidos.

Conclusión

Hay algunos aspectos de la gestión forestal del último medio siglo que funcionaron bastante bien. Ese ha sido el caso, en especial, del tema de las áreas naturales protegidas que a pesar de las limitaciones presupuestales  ha asegurado la conservación de la mayor parte de la diversidad biológica del Perú y estimulado un creciente turismo nacional e internacional, entre otros progresos indiscutibles. Pero, como visto, ese no es el caso de la gestión de los bosques naturales  productivos ni, por otras razones, la de los cultivados.

No tiene sentido continuar haciendo lo mismo que no funcionó durante más de medio siglo. Siempre es difícil cambiar la rutina o ir contra las tradiciones que se perpetúan en las burocracias y en las universidades. Pero no es imposible. Y, si se desea que los bosques peruanos contribuyan real y efectivamente al desarrollo nacional, es urgente rediseñar la política forestal y reformar la legislación.

 

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[1] El texto es un resumen de la charla “La gestión forestal que reclama el Perú” presentada en el 1er Simposio Ingeniería Económica, Política y Social, UNI, Lima 13 de setiembre de 2018.

[2] Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Doctor en Ciencias. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima.

[3] Los bosques se dividen en naturales (la selva amazónica, los bosques norteños y los bosquetes serranos) y cultivados (reforestación o silvicultura mediante plantaciones, por ejemplo de pino y eucalipto o especies nativas). Los bosques naturales se dividen en bosques de producción o productores y bosques de protección o protectores. La gestión forestal abarca todos los bosques. Pero en esta nota se trata esencialmente de los bosques naturales.

[4] Un buen avance nacional ha sido la reciente aprobación de la Ley 30754, Ley Marco Sobre Cambio Climático.

[5] Ver Dourojeanni, Marc 2013 Análisis crítico de la Ley Forestal Peruana  DAR, Lima Agenda Ambiental, 2(4): 20-32

[6] La gestión forestal es la administración del patrimonio forestal al nivel nacional. Pretende, en última instancia, asegurar la conservación del recurso forestal y su aprovechamiento sostenible. Sus instrumentos son el plan de desarrollo forestal y la legislación. El manejo forestal es la administración del recurso forestal a la escala de un área de bosque definido y circunscrito, es decir local. En el caso del que se discute el objetivo del manejo es la producción sostenida de madera u otros productos forestales. Su instrumento es el plan de manejo forestal que debe basarse en la legislación y  otras normas pero que debe reflejar consideraciones técnicas específicas al rodal sometido al manejo.

[7] En el Perú prácticamente no existen bosques naturales privados. Exceptuando los bosques de comunidades indígenas y campesinas, los demás bosques naturales son públicos. Por eso, para su aprovechamiento, se les cede en concesiones.

[8] Es importante recordar que en el Perú los bosques naturales son prácticamente todos públicos o de comunidades nativas y campesinas. En el Perú, a diferencia de muchos otros países –en especial los países desarrollados- prácticamente no existen bosques naturales privados.

[9] La proporción de bosques naturales públicos -nacionales o sub-nacionales- en los países europeos varía entre el 10 y el 50% de los bosques. El resto es privado, a veces en propiedades muy pequeñas, como en los países nórdicos. En EEUU los bosques naturales públicos cubren más del 40 % y en Canadá constituyen el 90%, incluyendo los bosques en tierras indígenas. En el Canadá el manejo de los bosques naturales es parecido al usado actualmente en el Perú, pero con respeto a la ley y control efectivo.

[10] Hay una gran confusión en la terminología que se usa en el Perú. Un bosque de protección o protector es, de una parte, un término técnico genérico, es decir una de las clases de bosques, al lado de los bosques de producción o productores.  De otra parte, los “bosques de protección” del Sernanp y los “bosques protectores” del Serfor son entelequias puramente legales (http://www.actualidadambiental.pe/?p=50188)