Desde la medianoche, de obreros de Doe Run Perú (DRP) bloquearon la Carretera Central para exigir al Gobierno la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, cerrado desde el 2009 por no ejecutar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Ante el bloqueo cientos de vehículos se quedaron varados en la zona de Curipata, a 40 minutos de La Oroya, donde además se registraron enfrentamientos de obreros contra la Policía y, además, contra los mismos transportistas.

En imágenes de canal 4 se observa cómo los transportistas golpean a manifestantes porque, supuestamente, en horas de la madrugada los obreros les quitaron las llaves de sus vehículos y los atacaron.

Según informó Radio Programas, los manifestantes también han cerrado el paso en 11 puntos más de la vía. La emisora detalló que dos de los lugares donde no hay tránsito es en las zonas de Curipata y Chucchi, que son entradas a la ciudad de Huancayo.

La Policía de Carreteras suspenderá el flujo vehicular 20 kilómetros antes de llegar a La Oroya, lo que permitirá a unidades que procedan de Cerro de Pasco, Chanchamayo, Huánuco y Tingo María tomar medidas ante la protesta.

ALCALDE DE TARMA TILDA DE CHANTAJISTAS A MANIFESTANTES

Ante la movilización de los trabajadores de DRP, el alcalde de Tarma -la provincia más perjudicada por el bloqueo de la Carretera Central-, Luis Morales Nieva, calificó como “chantajistas” a los manifestantes por no respetar el trabajo que realizan empresarios de diversos sectores durante las festividades de Semana Santa.

Según Correo, el burgomaestre manifestó estar harto de que los trabajadores aprovechen la ubicación de La Oroya, para bloquear la vía en fechas en las cuales los empresarios realizan las ventas más altas del año.

«Los empresarios tarmeños trabajaron todo el año y ahora se verán perjudicados, a diferencia de ellos que ganan el 70% de sueldo sin hacer nada, atentado contra la economía de la zona centro del país», dijo Morales.

PRESIONES DE DOE RUN SON LAS MISMAS

En declaraciones a La República, el ex viceministro del Ambiente José De Echave señaló que DRP usa una estrategia de presión y chantaje abierto al Estado, la cual «es inaceptable» para una empresa que por más de quince años no ha cumplido con la construcción de la planta de ácido sulfúrico, como parte de su PAMA.

«Los argumentos de Doe Run muestran el verdadero tipo de empresa que es, al que no le interesa los altos niveles de contaminación registrados en La Oroya sino solo aumentar sus ingresos», sostiene.

Por su parte, Aurelio Loret de Mola, abogado de Cormin, uno de los acreedores de Doe Run, manifestó que la empresa debe «meterse la mano al bolsillo» y concluir con el PAMA. Solo después de esta acción, se le debería autorizar el reinicio de las operaciones del complejo.

Ante estas estrategias que está utilizando DRP, también se pronunciaron organizaciones internacionales como Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quienes consideran que no solo no se le debe otorgar un nuevo plazo para el PAMA.

«La demanda por US$800 millones no tiene nada que ver con si se le permite a Doe Run seguir operando el complejo. Pero los riesgos para la salud y la economía son demasiado graves para que el Estado apruebe una extensión al PAMA», dijo Anna Cederstav de Earthjustice y AIDA.

MINEM: DRP NO TIENE VOLUNTAD

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, afirmó hoy que DRP no tiene voluntad para reiniciar las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya al poner condiciones inadmisibles al Estado. Asimismo, pidió a los trabajadores llegar a un entendimiento, porque el paro “no resuelve nada”.

Explicó además que el complejo metalúrgico es un negocio privado de la estadounidense Renco Group, propietario de Doe Run, y al tener deudas ha ingresado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a un proceso concursal donde todos los acreedores están, dentro de la ley, buscando cobrar sus deudas.

“Renco ha presentado un plan que no es ejecutable porque condiciona el financiamiento de 65 millones de dólares de un total de 200 millones, y pretende que el Estado peruano se allane a los juicios que tiene Renco en Estados Unidos y en todos sus extremos. Ello es inadmisible y el Estado peruano no puede hacerlo”, sostuvo en Radio Nacional.

Agregó que ante esta situación el gobierno comparte y entiende las preocupaciones de la ciudad de La Oroya (Junín) y los trabajadores, que se tiene que encontrar una solución dentro del marco de la ley y el proceso concursal del Indecopi, que finalmente permita reiniciar las operaciones del complejo.