Obreros de Doe Run Perú se enfrentan a policías, transportistas y pasajeros en el primer día de paro indefinido

Desde la medianoche, de obreros de Doe Run Perú (DRP) bloquearon la Carretera Central para exigir al Gobierno la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, cerrado desde el 2009 por no ejecutar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Ante el bloqueo cientos de vehículos se quedaron varados en la zona de Curipata, a 40 minutos de La Oroya, donde además se registraron enfrentamientos de obreros contra la Policía y, además, contra los mismos transportistas.

En imágenes de canal 4 se observa cómo los transportistas golpean a manifestantes porque, supuestamente, en horas de la madrugada los obreros les quitaron las llaves de sus vehículos y los atacaron.

Según informó Radio Programas, los manifestantes también han cerrado el paso en 11 puntos más de la vía. La emisora detalló que dos de los lugares donde no hay tránsito es en las zonas de Curipata y Chucchi, que son entradas a la ciudad de Huancayo.

La Policía de Carreteras suspenderá el flujo vehicular 20 kilómetros antes de llegar a La Oroya, lo que permitirá a unidades que procedan de Cerro de Pasco, Chanchamayo, Huánuco y Tingo María tomar medidas ante la protesta.

ALCALDE DE TARMA TILDA DE CHANTAJISTAS A MANIFESTANTES

Ante la movilización de los trabajadores de DRP, el alcalde de Tarma -la provincia más perjudicada por el bloqueo de la Carretera Central-, Luis Morales Nieva, calificó como “chantajistas” a los manifestantes por no respetar el trabajo que realizan empresarios de diversos sectores durante las festividades de Semana Santa.

Según Correo, el burgomaestre manifestó estar harto de que los trabajadores aprovechen la ubicación de La Oroya, para bloquear la vía en fechas en las cuales los empresarios realizan las ventas más altas del año.

«Los empresarios tarmeños trabajaron todo el año y ahora se verán perjudicados, a diferencia de ellos que ganan el 70% de sueldo sin hacer nada, atentado contra la economía de la zona centro del país», dijo Morales.

PRESIONES DE DOE RUN SON LAS MISMAS

En declaraciones a La República, el ex viceministro del Ambiente José De Echave señaló que DRP usa una estrategia de presión y chantaje abierto al Estado, la cual «es inaceptable» para una empresa que por más de quince años no ha cumplido con la construcción de la planta de ácido sulfúrico, como parte de su PAMA.

«Los argumentos de Doe Run muestran el verdadero tipo de empresa que es, al que no le interesa los altos niveles de contaminación registrados en La Oroya sino solo aumentar sus ingresos», sostiene.

Por su parte, Aurelio Loret de Mola, abogado de Cormin, uno de los acreedores de Doe Run, manifestó que la empresa debe «meterse la mano al bolsillo» y concluir con el PAMA. Solo después de esta acción, se le debería autorizar el reinicio de las operaciones del complejo.

Ante estas estrategias que está utilizando DRP, también se pronunciaron organizaciones internacionales como Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quienes consideran que no solo no se le debe otorgar un nuevo plazo para el PAMA.

«La demanda por US$800 millones no tiene nada que ver con si se le permite a Doe Run seguir operando el complejo. Pero los riesgos para la salud y la economía son demasiado graves para que el Estado apruebe una extensión al PAMA», dijo Anna Cederstav de Earthjustice y AIDA.

MINEM: DRP NO TIENE VOLUNTAD

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, afirmó hoy que DRP no tiene voluntad para reiniciar las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya al poner condiciones inadmisibles al Estado. Asimismo, pidió a los trabajadores llegar a un entendimiento, porque el paro “no resuelve nada”.

Explicó además que el complejo metalúrgico es un negocio privado de la estadounidense Renco Group, propietario de Doe Run, y al tener deudas ha ingresado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a un proceso concursal donde todos los acreedores están, dentro de la ley, buscando cobrar sus deudas.

“Renco ha presentado un plan que no es ejecutable porque condiciona el financiamiento de 65 millones de dólares de un total de 200 millones, y pretende que el Estado peruano se allane a los juicios que tiene Renco en Estados Unidos y en todos sus extremos. Ello es inadmisible y el Estado peruano no puede hacerlo”, sostuvo en Radio Nacional.

Agregó que ante esta situación el gobierno comparte y entiende las preocupaciones de la ciudad de La Oroya (Junín) y los trabajadores, que se tiene que encontrar una solución dentro del marco de la ley y el proceso concursal del Indecopi, que finalmente permita reiniciar las operaciones del complejo.



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1 comentario · Dejar un comentario

  • Miguel Roberto Huanay Bonilla dijo:

    Mi opinión sobre La Oroya, DOE RUN PERU y el tema de la contaminación
    Me imagino que la población en general que no vive en La Oroya y por lo tanto no conoce la realidad, opina como lo están haciendo líneas arriba al igual que algunos que claramente hacen saber su opinión con conocimiento de causa pero sin decir toda la verdad.

    Los medios de comunicación en general, que no son de La Oroya, no generan el rebote de lo que realmente ocurre, presentan a La Oroya, sus ciudadanos y habitantes como personas contaminadas, enfermas, y claramente desinformadas por las ONG que lucran con su supuesta ayuda a La Oroya.
    Estas realmente no han hecho nada sino ahondar las diferencias para recibir más donaciones, mintiendo descaradamente sobre la muerte de niños emplomados sin dar ni siquiera un nombre, basta leer sus reportes públicos en sus páginas web.

    Desconocen, o sea no quieren reconocer que La Oroya ha estado contaminada desde 1920 en que la Cerro de Pasco Corporation y luego 1974 en que CENTROMIN PERU operaban el complejo metalúrgico y las refinerías, y recién después de los años 1990 con la corriente ambientalista mundial, en Perú se dieron leyes para la protección del medio ambiente.

    Es en ese contexto que DOE RUN en 1997 invierte en PERU comprando el complejo metalúrgico citado y se compromete conjuntamente con el Estado a realizar la remediación ambiental de La Oroya, asumiendo ambos esa tarea que hasta el momento han cumplido cada uno en cierto porcentaje, DOE RUN PERU en 52% y el Estado en un 10% por intermedio de Activos Mineros SAC, por lo tanto ambos deben de cumplir aun con sus compromisos y están tratando de hacerlo.

    De 1997 a la fecha es un avance significativo, DOE RUN ya no contamina ni tierra ni el agua del Rio Mantaro, y, si hay contaminación viene de la cuenca del Rio Yauli en la que las empresas mineras que están en el Distrito de Yauli, San Cristóbal, Andaychagua, Morococha, todas ellas diferentes a DOE RUN PERU, sin embargo ACTIVOS MINEROS SAC empresa del Estado en coordinación con Chinalco, han invertido en la planta de tratamiento de agua del Túnel KingMill, que contaminaba grandemente el Rio Mantaro desde Yauli, diferente al área de operaciones de DOE RUN que está en La Oroya.

    DOE RUN PERU asumió la obligación de invertir en el PAMA US$126`000,00 y sin embargo de mutuo propio con estudios técnicos apropiados reporto al Estado que debían de invertir no solo esa cantidad sino US$480`000,000 de las que ya invirtió el 52% en 8 proyectos, solo le falta cumplir con el proyecto Nº9, para no contaminar el aire, que es el 42% por US$226`000,000 aproximadamente, para culminar la nueva planta de acido sulfúrico.
    Por ello es que pide 30 meses para cumplir con ese proyecto Nº9, por eso es necesario permitírselo, para lograr la salud publico dentro de los máximos permisibles señalados por la OMS, y no solo lograr los limites mínimos permisibles que legisla la ley peruana.

    La población de la Provincia de Yauli es de aproximadamente 70,000 habitantes, dentro de los cuales están los de La Oroya, con 30,000 habitantes, de los cuales solo 100 estarían contaminados de acuerdo a los reportes de las propias autoridades de MINSA, de la misma DOE RUN y de las ONG, que % es entonces del que se habla, sino de menos del 001.00%, y no se les ha ignorado, sino por el contrario se les está tratando, y sin embargo «interesados defensores de los niños emplomados» han acudido a La Oroya a ofrecer sus servicios para «defenderlos» en juicios contra la empres DOE RUN en los Estados Unidos de Norteamérica, cobrándoles la módica suma entre el 40% y 50% de lo que sentencien los juzgados, siendo su demanda de US$1`000,000 por cada niño, quiere decir que recibirán como mínimo US$400,000 por cada demandante, si son 100 personas, entonces se embolsaran US$40`000,000. Es cierto que tienen derecho los agraviados a ser resarcidos, y sus abogados a cobrar sus honorarios, pero quienes pregonan su defensa, lo hacen por amor al prójimo o por la ingente cantidad de dinero que recibirán, para repartir entre 3 abogados peruanos y 5 abogados norteamericanos.

    Entonces, si realmente todos queremos que no haya contaminación, porque no unimos esfuerzos y conducimos el tren en un solo sentido, el bienestar social, la salud pública, la empleabilidad de la fuerza laboral, la producción local, regional y nacional, la percepción de impuestos y réditos por productos de valor agregado, y no solo materia prima.

    El Estado percibía anualmente más de US$500`000,000 por impuestos por 12 años, mientras operaba DOE RUN PERU, ahora con los tres años de paralización ha dejado de percibir casi US$1`500`000,000; y además se ha afectado la economía en comercialización y producción local, regional y nacional, de aproximadamente US$100`000,000 anuales.

    Esta es mi humilde opinión, que puede ser compartida o no por quienes me leen, soy oroino, profesional, vivo en La Oroya y trabaje en DOE RUN PERU, conociendo por dentro sus acciones, hace 6 años que no trabajo en dicha empresa, sin embargo veo los esfuerzos que se realizan por cumplir con sus compromisos asumidos, así como los de Activos Mineros SAC por parte del Estado, sin embargo no lo hacen en forma concertada entre ambas responsables de la remediación ambiental en La Oroya y sus zonas afectadas de aproximadamente 2800 hectáreas.

    Dejemos de lado los intereses personales, políticos e institucionales y dediquemos realmente todos los esfuerzos al bien común que es el de la población en general, sean o no trabajadores, ex trabajadores o familiares.

    Tenemos actualmente al Ministro de Energía y Minas Ing. Jorge Merino Tafur, quien fue presidente del Directorio y también fue Gerente General de CENTROMIN PERU, e hizo su vida profesional en La Oroya, y antes de Ministro fue miembro del Directorio de Activos Mineros SAC, por tanto conocedor total de los pro y los contra de dar la ampliación del PAMA, e inmejorable concejero del Presidente Ollanta Humala para este caso, quien debe de escuchar también a Pedro Pablo Kuczynsky, quien ha expresado claramente sus ideas al respecto.

    Exhortémoslo para que en las condiciones expresadas sea el aliado de La Oroya, de sus habitantes y de los trabajadores y sus familias, los que se han visto en la necesidad de generar el paro o huelga indefinida en esta fecha, para poder llamar la atencion de todos en general, las autoridades nacionales, regionales y locales, asi como las instituciones representativas como las Camaras de Comercio de Huancayo, Tarma, La Merced-Chanchamayo, Satipo, y la prensa nacional, que normalmente no hacen caso de la problematica de los trabajadores, la poblacion y la propia empresa, dandose efectivamente esa atencion hoy, han llegado de emergencia todos los canales de television, medios escritos y autoridades de la region, quienes reunidos en la Municipalidad Provincial de La Oroya-Yauli, con los representantes de los 3 sindicatos de trabajadores metalurgicos, empleados y de patio industrial, de la Iglesia Catolica con el Padre Jose Deardorff, y luego de tres horas y media de debates, han tomado la desicion de dar una tregua hasta el sabado 07.04.12, dia en que volveran a reunirse en La Oroya para concretar el real apoyo regional para resolver el problema sobre la posible liquidacion de la empresa y la extension del plazo por 30 meses, avalados por una opinion tecnica del Colegio de Ingenieros del Peru.

    Esta muestra de solidaridad y civismo de los trabajadores al suspender la huelga indefinida, para no crear la perdida economica que significaria para los comerciantes y empresarios de la sierra y selva central, ya sea micro, pequeños o medianos.

    Esperamos que la tensa calma se concrete el sabado en una real calma para La Oroya, la region y el pais.

    Dios nos y los bendiga.

    Miguel R. Huanay Bonilla
    ABOGADO