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Escribe Samín Vargas / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

Desde hace varios años, el mecanismo Obras por Impuestos (OXI) opera con éxito en el país y ha logrado financiar proyectos por un monto cercano a los mil millones de soles, acortando el tiempo y facilitando la movilización de recursos para la prestación de servicios públicos.

Las iniciativas de obras por impuestos se instrumentalizan a través de proyectos de inversión pública. Es decir, se requiere de expedientes técnicos de obra para poner en marcha el mecanismo. De acuerdo con la normativa vigente, las inversiones verdes pueden proponerse por diferentes entidades públicas (gobiernos nacional, regional o local, y universidades) o iniciativas privadas por empresas.

No obstante, en la práctica, las oportunidades de materializar inversiones verdes están limitadas por los alcances propios de la normativa que circunscribe su aplicación solo para intervenciones como proyectos de inversión (PIP), no admite inversiones que no son proyectos (IOARR). Además, no permite la inclusión de proyectos de diferente naturaleza; otra limitante, es que los recursos invertidos se descuentan del presupuesto público de las entidades, no se cuentan con fuentes alternativas para el descuento.

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En primer lugar, se podría ampliar su alcance, permitiendo la inclusión no solo de un proyecto o paquetes de proyectos sino de programas de inversión y/o portafolio de proyectos, de esta manera se aprovecharía las sinergias en la ejecución de diversos proyectos de diferente naturaleza (ambiente y agricultura-conservación + aprovechamiento), teniendo un mayor impacto económico, ambiental y social a nivel nacional, incluyendo intervenciones simultáneas en diferentes ámbitos geográficos.

De esta manera, podría efectivizarse un portafolio de proyectos para la protección de cabeceras de cuenca (que abarcan diferentes regiones), conservación de recursos de biodiversidad, protección de corredores biológicos, restauración de laderas, entre otros.

En segundo lugar, la normativa del sistema de inversiones vigente, permite efectuar inversiones que no constituyen proyectos de inversión, a partir de las cuales intervenciones orientadas a la ampliación marginal, rehabilitación, reposición, optimización podrían incorporarse también en los alcances de la normativa, permitiendo a las empresas financiar estas intervenciones circunscritas al sector ambiente.

En tercer lugar, los gobiernos regionales, locales y universidades públicas tienen topes máximos de capacidad anual para ser utilizado por OXI. En el caso de las regiones de la selva, excepto Ucayali, se tiene muy baja capacidad anual para proyectos (estos topes se usan para todo tipo de proyectos pertenecientes a diferentes sectores), con lo cual el margen para utilizar recursos para inversiones verdes se reduce considerablemente.

Una alternativa para superar este problema, es que la normativa permita que se pudieran utilizar otro tipo de recursos para incrementar los topes, como por ejemplo las exoneraciones tributarias que gozan las regiones de la selva, de tal manera, que se permita utilizar estos nuevos recursos para financiar el descuento de las obras públicas y con ello aumentar las opciones de ejecutar inversiones verdes.

Finalmente, es importante señalar que el planteamiento de estos nuevos alcances para tener un OXI más potente no solo beneficiarán al sector ambiente, sino también a empresas comprometidas con la conservación y biodiversidad.