• Miguel Rodríguez Mackay aseguró que el tratado ambiental sobre derechos de participación, transparencia y protección de defensores ambientales atenta contra la soberanía del Perú.

 

Ayer, el presidente Pedro Castillo juramentó a seis ministros tras ratificar a Aníbal Torres como premier. Como se recuerda, el mandatario decidió no aceptar la renuncia de Torres, quien anunció su retiro el pasado miércoles 3 de agosto.

En esta nueva etapa del Gobierno, el presidente tomó juramento a Miguel Rodríguez (titular de Relaciones Exteriores), a Alejandro Salas (Trabajo y Promoción del Empleo), Geiner Alvarado, (Transportes y Comunicaciones), César Paniagua (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Kurt Burneo (Economía) y a Betssy Chávez (Cultura).

En el caso de Miguel Rodríguez Mackay, es reconocida su oposición hacia el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que fortalece los derechos de participación ciudadana, acceso a la información, justicia ambiental y protección de los defensores ambientales.

Como se recuerda, el mes pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió archivar nuevamente el documento que proponía el debate y posterior ratificación de este acuerdo en el Pleno del Congreso. En aquella ocasión, Rodríguez Mackay dijo que esta actitud de dicha comisión significaba “la sensatez del Parlamento para conservar impoluta la intangibilidad de la soberanía nacional”.

En una entrevista con TV Perú, aseguró que el Acuerdo de Escazú ponía en juego la soberanía nacional pero aclaró que no se perdería territorio. “Lo que se perdía era capacidad soberana sobre nuestra política ambiental como lo establecen los artículos del 66 al 69 de la Constitución”, añadió.

“No se pierde soberanía”

En un reciente artículo, Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, señaló que la supuesta pérdida de soberanía que ocasionaría la ratificación del Acuerdo de Escazú es un argumento “injustificado, frágil e inconsistente”.

“Los congresistas y sus asesores no han podido comprobar ni demostrar en las legislaturas anteriores ni ahora qué sección del acuerdo contraviene la soberanía nacional. De hecho, los alcances ni el propósito del tratado está referido a gestión de recursos naturales, a la disposición de los mismos o la gestión del territorio. El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que busca operativizar el ejercicio de derechos vinculados a la participación directa de la ciudadanía, además democratizar las decisiones del país y eso, probablemente, es lo que asusta demasiado al Estado de ayer y al de hoy”, explicó la especialista.

“El texto del acuerdo es sumamente cauto en respetar los mecanismos internos de resolución de conflictos, la legislación nacional y los estándares que cada país implementa ya que lo que promueve, en búsqueda de la progresión, es justamente el trabajo progresivo y la colaboración entre los Estados que tengan mejores estándares y mayor experiencia. El Congreso ha utilizado una estrategia muy baja para desviar el debate, convirtiendo una oportunidad en temor”, aclaró.

Un acuerdo clave

Una semana después del archivamiento del Acuerdo de Escazú en el Congreso, nuestro país recibió la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de evaluar los desafíos y oportunidades del país en materia de derechos humanos.

En conversación con la prensa, Bachelet aseguró que se había reunido con representantes del Congreso peruano y los legisladores le aseguraron que revisarán nuevamente el Acuerdo de Escazú y evaluarán la posibilidad de ratificarlo.

“Creo que es clave que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú. Lo he conversado tanto con las autoridades gubernamentales como con el Congreso, y se me ha señalado que lo van a revisar. El Gobierno está, yo entiendo, a favor del acuerdo y el Congreso es el que tiene que ratificarlo. Me aseguraron que lo revisarían para ver la posibilidad de ratificarlo. Esperamos que eso sea efectivo”, afirmó Bachelet.