El nuevo libro llamado “Mujeres y conflictos ecoterritoriales: impactos, estrategias, resistencias” tiene como principal recomendación al Estado peruano la creación de un Sistema de Monitoreo y Prevención de ataques a defensoras del territorio y el ambiente. La solicitud explícita de una protección especial de género es debido a los impactos diferenciados contra la mujer en medio de un conflicto ecoterritorial.

Dicho tipo de conflicto se entiende como la vulneración del territorio y las relaciones sociales por la incursión de una industria extractiva, en especial, la minera. En ese escenario, las mujeres se ven afectadas porque son víctimas de violencias de género por parte de las fuerzas del orden como abusos sexuales, humillaciones, entre otras vejaciones.

Pero los maltratos contra la mujer no solo provienen por parte de las fuerzas policiales o de la seguridad privada de las compañías extractivas, sino también de dentro de las propias comunidades campesinas, según la investigación gestionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Entrepueblos y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericano (AIETI).

“Las mujeres defensoras también han sido discriminadas por sus propios compañeros que las incluyen como “frente” en las movilizaciones, pero las excluyen de los espacios de toma de decisiones, de las mesas de diálogo o de ser interlocutoras válidas durante las consultas previas”, se cita en la investigación.

«Existe una estigmatización de la mujer dentro y fuera de las comunidades donde viven. Fuera porque las fuerzas reprimen a las mujeres y existen casos en donde han abusado de ellas por ser mujeres. Pero también dentro, que es lo más preocupante, porque los propios comuneros las discriminan al no permitirles ejercer el liderazgo en la toma de decisiones comunales y sobre la tierra», declaró para Actualidad Ambiental la autora de la investigación, Rocío Silva Santisteban, quien también es abogada y defensora de los derechos humanos.

Foto: Jorge Chávez.

Silva Santisteban recuerda que ya desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se propuso al Estado peruano un sistema de monitoreo de ataques a defensores del territorio en general, pero hasta el momento no se ha realizado. Ahora, en vista de la afectación diferenciada a las mujeres, lo que se plantea es un sistema que haga seguimiento desde una perspectiva de género, explicó la autora.

Entre los casos más alarmantes de violencia de género está un conflicto en el que está vinculada la minera Majaz S.A. de la compañía Rio Blanco (hoy Monterrico Metals), que tenía como fin la explotación de cobre en la zona andina de la región de Piura. En agosto de 2005 los comuneros reunidos en el Frente de Defensa de la Frontera Norte del Perú fueron a la mina para exigir la presencia de autoridades. Al llegar la policía los enfrentaron de forma violenta y llevaron a 28 comuneros a las instalaciones del campamento minero. Dos mujeres del grupo de comuneros denuncian que fueron humilladas de manera sexual en la detención citada.

Otro caso que representa este tipo de violencia afirmó Silva Santisteban, es el de Máxima Chaupe, campesina de la región de Cajamarca ganadora del nobel ambiental, el premio Goldman en 2016, por su defensa del territorio frente a la minera Yanacocha. “Máxima es un caso especial porque ha sufrido agresiones físicas, insultos y maltratos a su familia por parte de personas que decían intervenir en su predio por una ‘defensa posesoria’ de la minera”, precisó.

Para poder enfrentar la problemática de género y territorio, manifestó Rocío Silva, se debe en primer lugar realizar una labor de monitoreo para registrar todos los casos de violencia contra la mujer en un conflicto ecoterritorial y luego hacerles un seguimiento. “En países como Colombia, Guatemala y México tiene ya este sistema. Perú lo necesita de manera urgente”, finalizó.

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