Imagen referencial. Foto: Inforegión.

• Estos nuevos crímenes se dan solo dos días después del asesinato de Juan Fernández, defensor ambiental de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios.  

Tres líderes indígenas asháninka y yanesha de la comunidad Santa Teresa fueron asesinados este martes 22 de marzo a las 10 p. m. en el distrito y provincia Puerto Inca, región Huánuco, informó la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas – Selva Central (ARPI-SC). Mediante el comunicado atribuyen estas muertes a las presiones territoriales que ejercen las mafias dedicadas a las actividades ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. 

Las víctimas identificadas fueron Jesús Berti Antaihua Quispe (43), su esposa Nusat Parisada Benavides de la Cruz (40), de la comunidad Cleyton; y Gemerson Pizango Narvaes (46), miembro de la comunidad nativa Santa Teresa, ubicada en la parte norte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

#HastaCuando
Las ORAU y ARPI-SC se Pronuncian, ante nuevos Asesinatos de los Pueblos Asheninca y Yanesha, en el Departamento de Huánuco.@aidesep_org @MinjusDH_Peru @MininterPeru @Defensoria_Peru @CIDH @Poder_Judicial_ @Ojo_Publico @MongabayLatam @amazonwatch @ONGDAR @Ideele pic.twitter.com/No1gVaZNNf

— ORAU Oficial (@orau_oficial) March 24, 2022

“Los mecanismos intersectoriales, las medidas dispuestas por el Estado, demuestran no solo ser insuficientes sino inoportunas. No llegan a las comunidades, solo promueven la identificación de las amenazas, cuestiones que nosotros conocemos bien y que vivimos en alerta permanente día a día. El valor de la vida humana y, peor aún, de la vida de un indígena se ha perdido completamente y parece que más para las autoridades que no implementan sistemas de protección efectivos. Ya llevamos 14 líderes indígenas asesinados solo entre Ucayali y Huánuco, territorios donde trabaja ORAU”, indica el comunicado.

La defensa por su territorio

La zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, que reúne a una extensa población asháninka y shipibo-konibo, es el epicentro de conflictos por la defensa del territorio frente al avance de actividades ilegales, que con los años han cobrado la vida de varios líderes indígenas. 

El anterior caso registrado ocurrió el 28 de junio de 2021 contra el líder asháninka Mario Marcos López Huanca (34), secretario de EcoSira (encargada de coadministrar la Reserva Comunal El Sira junto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado) quien recibió un disparo de perdigón en la cabeza mientras caminaba por la cabecera del río Anacayali, en el distrito de Puerto Bermúdez (Pasco).

Este suceso no es aislado, la Reserva Comunal El Sira sufrió por años el impacto de la minería ilegal y la expansión de la agricultura y ganadería descontrolada. Del 2013 al 2016 fueron deforestadas 1600 hectáreas de bosques, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Otra de las amenazas es la tala ilegal; por ejemplo, solo en mayo del 2021 el personal guardaparque del Sernanp identificó este tipo de actividades al interior de la reserva.

Debido al continuo avance del narcotráfico en la zona, el Gobierno decidió prorrogar el pasado 17 de marzo el estado de emergencia por sesenta días calendario en once distritos en la regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali, entre ellos el distrito de Puerto Inca. 

Katherine Sánchez Lozano, del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), precisó en su momento que esta problemática que viven muchos pueblos indígenas guarda una clara relación con los problemas de titulación y zonificación en territorio nacional.

“Al continuar este problema, vamos a ver a comunidades que se organicen entre ellas para tratar de evitar que les quiten territorio. Esto se ve mucho en Ucayali, en Huánuco, en Junín. Es la misma dinámica donde los pueblos indígenas no cuentan con títulos y hay mucha gente alrededor aprovechándose. Muchos gobiernos regionales tienen, incluso, pendiente de zonificación […] Hay comunidades que no tienen ni lo más básico para tener un título de propiedad. Eso hace que en algunos casos genera mayor facilidad el tráfico de tierras”, explicó Sánchez Lozano. 

🚨Reafirman que Juan Fernández, asesinado el domingo pasado, sí era un defensor ambiental. https://t.co/i41FmXYvak pic.twitter.com/RLQRKX2qzd

— Actualidad Ambiental (@actualidadspda) March 23, 2022