• “Acuerdo de Escazú se encuentra archivado y ahí debe estar”, declaró Miguel Rodríguez Mackay, ministro de Relaciones Exteriores, quien señala que el tratado ambiental atenta contra la soberanía del Perú.
• El pasado 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió por mayoría archivar nuevamente el Acuerdo de Escazú.

 

Durante una entrevista con RPP, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, expresó su rechazo al Acuerdo de Escazú y apoyó al Congreso que hace poco se opuso a la ratificación de este tratado internacional y lo archivó, tal como lo hizo en octubre de 2020.

Como se recuerda, antes de su designación como ministro, Rodríguez Mackay era reconocido opositor hacia este tratado internacional que buscar fortalecer los derechos de participación ciudadana, acceso a la información, justicia ambiental y protección de los defensores ambientales.

Pese a que el Gobierno había respaldado este tratado en anteriores ocasiones, el actual canciller dijo que “el Acuerdo de Escazú en estos momentos se encuentra archivado y allí debe estar porque no corresponde a los intereses del país”.

Asimismo, agregó que si el Ejecutivo apoyó este acuerdo en anteriores ocasiones fue por “desconocimiento, desinformación, seguramente de buena fe”.

“Yo siempre he creído que es importante, y esa es la cuota de mi llegada al Gobierno del Perú, para informar, aclarar y que se sepa bien del fondo, del sentido de lo que quería hacer el Acuerdo de Escazú”, dijo Rodríguez Mackay.

Cabe destacar que uno de los principales argumentos del ahora ministro es que el Acuerdo de Escazú iba a vulnerar la soberanía del país, pese a que esto fue desmentido en reiteradas ocasiones por diversos especialistas e incluso organismos internacionales.

¿El Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía nacional?

En un reciente artículo, Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, señaló que la supuesta pérdida de soberanía que ocasionaría la ratificación del Acuerdo de Escazú es un argumento “injustificado, frágil e inconsistente”.

“Los congresistas y sus asesores no han podido comprobar ni demostrar en las legislaturas anteriores ni ahora qué sección del acuerdo contraviene la soberanía nacional. De hecho, los alcances ni el propósito del tratado está referido a gestión de recursos naturales, a la disposición de los mismos o la gestión del territorio. El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que busca operativizar el ejercicio de derechos vinculados a la participación directa de la ciudadanía, además democratizar las decisiones del país y eso, probablemente, es lo que asusta demasiado al Estado de ayer y al de hoy”, explicó la especialista.

“El texto del acuerdo es sumamente cauto en respetar los mecanismos internos de resolución de conflictos, la legislación nacional y los estándares que cada país implementa ya que lo que promueve, en búsqueda de la progresión, es justamente el trabajo progresivo y la colaboración entre los Estados que tengan mejores estándares y mayor experiencia. El Congreso ha utilizado una estrategia muy baja para desviar el debate, convirtiendo una oportunidad en temor”, aclaró.

La urgencia de ratificar el Acuerdo de Escazú

Desde el inicio de la pandemia, 14 defensores ambientales fueron asesinados. Una de las principales causas fue la explotación forestal ilegal, pero también existen otras actividades que ponen en riesgo a estos peruanos y peruanas: el narcotráfico y la minería ilegal.

Frente a ello, diversos especialistas consideran que el Acuerdo de Escazú es una herramienta necesaria para promover y garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales a favor de las poblaciones indígenas. La ratificación de acuerdo obligaría al Estado a proteger a los defensores ambientales expuestos a la violencia de las actividades ilegales del país.

Dato:

• El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril del 2021. Hasta el momento ha sido suscrito por 24 países de la región, pero solo 13 lo han ratificado.