José Luis Capella / Director del Programa Forestal de la SPDA

@jlcapellav

 

 

Cuando pensábamos que el tema ambiental, y el de bosques en particular, había sido omitido por el Jefe de Estado en su discurso de 28 de Julio, el sábado 1 de agosto fue publicada en El Peruano la Resolución Suprema 193-2015-PCM que crea una Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para elaborar la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC).

La Comisión (presidida por Minam, con secretaría técnica en el Serfor del Minagri) tiene 90 días para presentar un documento (informe final) con la propuesta de ENBCC que debería entonces ser aprobada por el Estado peruano.

¿OTRA ESTRATEGIA? ¿OTRO PLAN MÁS?

La primera pregunta que surge es: ¿Necesitamos una decisión política firme del Estado peruano sobre qué buscamos (nuestra visión, objetivos e indicadores de logro) para la relación entre los bosques y el cambio climático? Consideremos además que existe una Estrategia Nacional de Cambio Climático del 2003 que se encuentra en proceso de actualización por años (Ver: http://www.cop20.pe/peru-en-la-cop-20/acciones-nacionales/encc/).

La respuesta a esta interrogante es definitivamente afirmativa. Basta con comprobar –como lo hizo Pablo Peña de la SPDA hace unas semanas– que el Gobierno, para cambiar una economía nacional basada en actividades emisoras de carbono, está priorizando evitar la deforestación, degradación y cambiar las prácticas de uso de las tierras forestales en el país como la varita mágica que reducirá nuestras emisiones. En efecto, casi el 70% de las emisiones de GEI que se proyectan evitar al 2030 estarían, según la propuesta del MINAM de INDC, ligadas a los bosques y el uso del suelo. Incluso esta cifra es superior a la que se proyecta. Sería la contribución del sector a las emisiones de GEI, que bordea el 50% de nuestras emisiones nacionales.

Contar con un proceso para llegar a una estrategia es positivo porque denota que el Estado está pensando en realidad en responder a la pregunta: ¿Cómo haremos para reducir la deforestación y degradación? El Estado plantea aprobar una hoja de ruta para implementar un decisión pública compleja que debería involucrar un consenso nacional que equilibre incentivos para mantener bosques en pie y acciones eficaces para detener prácticas ilegales. Extraña que no se encuentren en la comisión los gobiernos regionales y locales, principalmente los regionales dado que nueve[1] (9) de ellos (justamente aquellos en donde está la mayoría de los bosques) cuentan con las competencias en materia forestal de acuerdo con nuestro proceso de descentralización.

Esta comisión y la estrategia que se aprobará deberían darnos muchas más luces (y mejores) acerca de cómo se materializará lo que se propone en los INDC, sobre todo conociendo que se enfrenta un problema histórico que ha evolucionado en el tiempo y cuya complejidad hemos resaltado en muchas ocasiones y desde hace varios años. Es un reto de país colocar en esa estrategia objetivos realizables y una hoja de ruta para cumplirlos. Debemos buscar insertarnos a ese debate público sea porque se abra la posibilidad por parte de la comisión, potestad que le otorga el artículo 6º de la norma, o directamente en razón a las reglas generales de participación ciudadana.

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS

La comisión estará conformada, de acuerdo con el desordenado listado existente en el Artículo 4º de la RS, por: Minam (Viceministerio de RRNN, Dirección de Cambio Climático, Sernanp, Programa de Bosques), Minagri (Viceministerio de Políticas Agrarias, Serfor, Dirección General de Negocios Agrarios), Mincul, Osinfor, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas. Será importante que estos actores convoquen a los gremios, sociedad civil y actores más cercanos a los bosques (pueblos indígenas y usuarios del bosque) para que enriquezcan el debate y se adelanten consensos sobre un tema complejo como este.

Ya se mencionó líneas arriba la necesidad de articular esta estrategia específica con la que será la nueva Estrategia Nacional de Cambio Climático. Sin embargo, las entidades a cargo de esta tarea específica deberían tomar en cuenta otros procesos importantes que se encuentran vigentes como: el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a partir de la vigente Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley 29763, (ii) la reformulación del Plan Director de áreas naturales protegidas (recordando que muchas de las inversiones en materia de REDD+ más importantes conseguidas con ventas a futuro se han realizado en ANP), (iii) la posible implementación de un Plan de Acción REDD+ en el marco de los procesos comprometidos en el ámbito internacional, (iv) el Plan Nacional de Reforestación (que debería ser actualizado), (v) la Estrategia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal, que recientemente se informó sería actualizada también por el flamante Alto Comisionado a cargo, y un largo etcétera que incluye además una Estrategia Nacional Forestal aprobada hace muchos años, pero en cuyo período de “implementación” nos encontramos todavía, aunque ya casi nadie hable de ella.

Entre las decisiones de fondo que debería abordar una estrategia adelantamos lo siguiente:

• Ordenar aquello que ya existe y descartar aquello que quedó desfasado o fue superado por nuevas estrategias.
• Construir un verdadero punto de partida acerca de la relación que queremos con los bosques. A partir de información confiable debe procurarse algo así como un nuevo acuerdo social amplio sobre lo que queremos hacer como país.
• Aclarar el liderazgo de un sector en particular (por ejemplo Minam) acerca de la implementación y seguimiento de esta estrategia. Dotarlo de mecanismos de monitoreo y exigencia hacia otros sectores y gremios.
• Mecanismos periódicos para que se pueda dar seguimiento a las políticas públicas desde la sociedad civil. Por ejemplo, competencias para que anualmente se cuente con un dato confiable de deforestación y degradación, que incluya los principales impulsores de esta.
• Claridad sobre lo que buscan las estructuras de gobernanza y cómo facilitar la legalidad y formalidad.
• Proponer un conjunto de incentivos para la inversión pública y privada a favor de la conservación de los bosques y en contra de su deterioro.
• Mecanismos de exigencia de cumplimiento de la normativa hacia actores con competencias claves sobre los bosques, como los gobiernos regionales.

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[1] San Martín (RM 792-2009-AG), Loreto (RM 793-2009-AG), Ucayali (RM 019-2010-AG), Madre de Dios (RM 301-2010-AG), Amazonas (RM 696-2010-AG), La Libertad (RM 303-2011-AG), Tumbes (RM 269-2012-AG), Ayacucho (RM 291-2012-AG), y Huánuco (RM 292-2013-AG).