• El proyecto que deroga la Ordenanza 1852 da facilidades al sector privado en el caso de concesiones. Esto ha generado preocupación tanto de especialistas como de vecinos.

 

El pasado 5 de noviembre, el Concejo de la Municipalidad de Lima postergó el debate de un proyecto de ordenanza referido a la gestión de áreas verdes debido a que no se cumplió con la prepublicación del documento en El Peruano, requisito legal cuando se trata de asuntos ambientales y que permite, en un plazo de 15 días, aportes técnicos, objeciones u otros comentarios de la sociedad civil y organizaciones especialistas.

“Ordenanza para la gestión, manejo y conservación de áreas verdes y arbolado urbano en la provincia de lima” es el nombre de este proyecto que derogaría Ordenanza 1852, aprobada en diciembre de 2014 antes que Susana Villarán dejara el cargo de alcaldesa y que no fue reglamentada ni por los burgomaestres Luis Castañeda y, ahora, Jorge Muñoz.

Según la agenda de la Municipalidad de Lima, aún no se ha programado una fecha para debatir la ordenanza. El 13 de noviembre se trataron temas de desarrollo social, desarrollo urbano, transferencia financiera, convenios de cooperación institucional y otros temas. Para la próxima sesión ordinaria del concejo (27 de noviembre), los temas a debatir están relacionados a materia tributaria.

Cambios que preocupan 

Respecto a las diferencias que existen entre la ordenanza vigente y la que fuera aprobada por unanimidad por la “Comisión Metropolitana de Asuntos Legales” y la “Comisión Metropolitana de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social” de la actual gestión municipal, Convoca realizó un análisis y encontró varios puntos que ponen en alerta sobre una posible flexibilización en temas de concesión de áreas verdes.

El punto más resaltante se refiere al artículo 38 sobre la “’Promoción y participación de la Inversión Privada”, con el cual las empresas propondrían a las municipalidades distritales de la provincia de Lima poner en valor espacios habilitados para áreas verdes sea en modalidades de inversión privada o asociaciones público-privadas.

Hay que tener en cuenta que la vigente Ordenanza 1852 señala que las asociaciones público-privadas solo se podrán realizar en áreas encementadas o pavimentadas (cemento) y no en las que están habilitadas como áreas verdes.

Un segundo punto está relacionado a la construcción de infraestructura en el subsuelo de las áreas verdes (por ejemplo, estacionamiento). Con esta ordenanza, el municipio limeño ya no tendría que autorizar estos proyectos y solo se abocaría a emitir opiniones técnicas para parques del Cercado de Lima y parques metropolitanos. Es decir, la responsabilidad recaería en los distritos.

Un tercer punto es el retiro de la denominación «Área de Reserva Ambiental» (ARA) que indica el artículo sobre los tipos de áreas verdes de uso público y el descarte de otro artículo para fomentar la creación de este tipo de áreas en la capital. Un ejemplo de ARA es el parque Mariscal Castilla, en Lince, con una protección especial ante posibles modificaciones que incluyen tanto infraestructura de suelo como subsuelo.

Modificaciones en corto plazo

Convoca también tuvo acceso a unos documentos que muestras las modificaciones, hasta en dos ocasiones, del proyecto de Ordenanza de Áreas Verdes. El 23 de octubre de 2019, se indicaba que no se podrán concesionar áreas verdes de uso público en espacios denominados como Zona de Reserva Ambiental, Área de Conservación Ambiental y otras categorías. Sin embargo, esta prohibición fue retirada en el proyecto final.

Para Shirley Narcizo, delegada vecinal del parque Elías Aguirre de Lince, el alcalde Jorge Muñoz se “lava las manos” con este tipo de proyectos y que ponen en riesgo la situación de áreas como el parque en mención, cuando en la gestión del exalcalde Martín Príncipe se planeaba la construcción de un estacionamiento subterráneo.

«Los vecinos perdemos la posibilidad de acudir a las áreas especializadas de la Municipalidad de Lima para proteger las áreas verdes de la ciudad. ¿Para qué queremos un alcalde de Lima Metropolitana, si se va a dedicar a elaborar normas específicas de protección del área verde solo en el Cercado de Lima?», señala Narcizo.

José Luis Pacheco, regidor metropolitano, indicó que esta propuesta podría generar la entrega de áreas verdes para proyectos empresariales, como el proyecto de Consorcio Penta S.A.C. y la Promotora de Edificaciones Santa Bárbara S.A.C. en el Parque de la Paz, en Monterrico, y que fuera aprobado por la municipalidad de Surco.

Según Pacheco, un grupo de concejales están de oposición están a la espera de la prepublicación para presentar un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad de Lima trabaje el reglamento de la Ordenanza 1852.

Preparan documento técnico

En conversación con Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que esta norma “busca dejar desprotegido” el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable las áreas verdes de la ciudad, es decir, que no sean entregadas a empresas.

Con lo que señala el artículo 39 del proyecto de ordenanza, se desnaturaliza el marco legal de estas áreas y, más bien, se promueve acciones de inversión privada en estas. Por ello, Mora indicó que desde la SPDA se prepara un documento técnico referido a esta propuesta de la comuna limeña.

Mesas de trabajo

Al ser consultada por Convoca, Jessica Huamán, quien preside la Comisión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lima, manifestó que se realizarán mesas de trabajo para modificar esta propuesto debido a la preocupación que han mostrado varios regidores, vecinos y especialistas.

«Estamos esperando que se prepublique el proyecto de ordenanza para poder llamar a esta mesa de diálogo para escuchar a los vecinos organizados», manifestó la regidora, sobre todo, en el punto referido a infraestructura en subsuelos de áreas verdes.

Según Huamán, los regidores Andrea Cuba, de Perú Patria Segura, y Marco Álvarez, del Partido Popular Cristiano y exalcalde del distrito de San Borja (2011 y 2018) fueron los que elaboraron el proyecto.

La regidora Huamán también indicó que si se concluye que la nueva propuesta no es la más adecuada, se optaría por reglamentar la norma vigente desde 2014 y que la comisión de la que está a cargo decidió agregar la categoría de Área de Reserva Ambiental (ARA) al nuevo proyecto.