Luego de hacerse público el caso de una fundidora que contamina con plomo y otros metales a cientos de pobladores del distrito de San Antonio (provincia de Huarochirí), las autoridades de la zona señalaron a un medio local que no pueden hacer mucho para resolver este problema, sin embargo se comprobó que dicha comuna otorgó los permisos correspondientes para que esta empresa funcione de manera impune.

Actualidad Ambiental accedió a la licencia de funcionamiento (ver documento) que la Municipalidad de San Antonio otorgó a la empresa Wiesse Industrias y Comercio SRL para realizar actividades de fundición y maestranza, el año pasado.

Según César Ipenza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), para que una empresa de dichas características funcione no basta con la obtención de dicho documento, sino que además debería contar con un Instrumento de Gestión Ambiental.

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La fundidora, ubicada en la Av. Túpac Amaru MZ CS Lote 3 Sector El Valle anexo 22, pertenece a Raúl Povis, quien aseguró a Hilebrandt en sus Trece que su empresa no contamina porque no utiliza combustible, salvo el carbón de piedra.

Para Povis Calquisto los reclamos son solo quejas banales, pese a que los vecinos han dejado en claro que lo hacen porque presentan problemas de salud: dolores de cabeza, mareos, sangrado en la nariz, ardor en los ojos, picazón en la piel, dolores de estómago, entre otros malestares. Los más afectados son los niños y personas de la tercera edad.

Los vecinos han interpuesto una demanda penal contra Povis Calquisto ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima y están a la espera de las investigaciones.

“Los vecinos afectados por la fundición vienen reclamando desde hace más de 3 años, sin embargo la municipalidad distrital de San Antonio, a pesar de los reclamos y cuestionamientos, le ha dado la licencia de funcionamiento el 2 de octubre del 2012”, señaló Ipenza.

Cabe destacar que la zona afectada por la fundidora posee problemas limítrofes. Las municipalidades provinciales de Huarochirí y Lima se disputan dicho territorio. Sin embargo, la Municipalidad de San Antonio -que no atiende los reclamos de los vecinos afectados con la excusa del litigio-, otorga licencias de funcionamiento y, a la vez, cobra arbitrios a los pobladores.

“Pese a los discursos de litigio por los límites de la zona, es esta misma comuna la que viene cobrando arbitrios e impuestos municipales a los vecinos de las zona que cuestionan la permanencia de la fundición que estaría generando problemas en la salud de los pobladores. Es una lástima que las autoridades no garanticen la salud de los ciudadanos”, sostuvo el especialista de la SPDA.

“Autoridades como la Fiscalía de la Nación, o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), deben supervisar a empresas como esta para velar por el cumplimiento de las obligaciones municipales del distrito de San Antonio con el fin de evitar situaciones de afectación y así garantizar el derecho a la vida que tienen estas personas”, concluyó.