• La iniciativa del Parlamento no solo fomentará la deforestación en la Amazonía, sino también beneficiará a empresas y actores involucrados en actividades ilegales como el tráfico de tierras 

El Congreso de la República busca modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) a través de diversas propuestas legislativas. El Proyecto de Ley 0649-2021 se encuentra en agenda del Pleno desde 2022, pese a la observación del Poder Ejecutivo y la recomendación de la Comisión de Pueblos de su archivamiento. 

La última propuesta que debilita la LFFS responde al Proyecto de Ley 3912-2022, presentado por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), el cual propone que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre ecosistemas forestales.

Instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se han pronunciado en contra de estas iniciativas por poner en peligro la existencia de los bosques en la Amazonía, atentar contra la biodiversidad y poner en peligro a las comunidades indígenas.

En entrevista para Mongabay Latam, Lucia Pautrat, directora de la organización ambientalista Kené, mencionó que con la aprobación de la norma se busca que «los bosques que han sido deforestados de manera ilegal, pasen a un régimen agrario para que puedan ser tituladas. De esta forma se convalida  un delito”. 

Además, añadió que la norma «beneficiará a todas aquellas empresas que han deforestado ilegalmente y que se encuentran actualmente bajo investigación fiscal por diversos presuntos delitos ambientales”.

Julio Guzmán, Procurador Especializado en Materia Ambiental, aclara que la aprobación de esta norma impactará en los procesos que aún están abiertos por delitos contra los bosques como son los casos en los que se ha producido deforestación sin contar con autorización de cambio de uso de suelo. 

“El impacto real será la aceptación del Estado de que las actividades ilícitas que se produjeron en otro momento, por voluntad de esta norma se constituyen como no ilícitas y eso tiene un impacto en los procesos”, dice Guzmán. Por tanto —continúa— vamos a tener una cantidad de procesos que, probablemente, se archiven”. 

Asimismo, señala que de aprobarse esta norma, el cambio de uso de suelo que no cuenta con autorización, que hasta ahora constituye un delito, se convertiría en una práctica legal. 

“Considerando solo los casos grandes como de las colonias menonitas, Palmas del Shanusi, Ocho Sur y otros, son, por lo menos unos 150 casos”, agrega Guzmán.

Lee el informe completo de Mongabay Latam en este enlace.